A todos nos ha asombrado la gran cantidad de reformas que previo el trabajo del Legislativo federal ha promulgado el presidente Enrique Peña Nieto. Ahí están: la de telecomunicaciones, la de educación, la política, la hacendaria, la financiera y la energética. Significa entonces que se avecinan cambios importantes que impactarán en la vida y en la convivencia social. En tanto las reformas se definan, han recibido apoyos de distintos sectores, pero también rechazos, principalmente de las esferas de oposición.
Si bien se trata de cambios sustanciales promovidos desde el campo político, no se debe perder de vista que toda reforma debe estar acompañada de otros condicionantes que le den legitimidad. Así por ejemplo, la creación de las primeras cárceles en Grecia y Roma durante el siglo 5 de nuestra era carecían de cierta legitimidad a partir de la justicia, pero fue hasta después de la Revolución Francesa cuando se reconocieron los derechos humanos y se crearon organismos para su protección.
Las recientes reformas requieren también un marco de legitimidad, y éste puede ser construido a partir de la transparencia y rendición de cuentas, tema que por cierto fue modificado a nivel constitucional por el Ejecutivo federal, aprobado por unanimidad y con el consenso de todos los partidos políticos. Por lo tanto, las reformas requieren de la transparencia tanto en su construcción como en su posterior aplicación para alcanzar el apoyo de la sociedad.
Ha sido comprobado que la transparencia y la rendición de cuentas son armas efectivas para abatir la corrupción, se trata de instrumentos que tiene a la mano la ciudadanía para verificar, contar y fiscalizar el quehacer del gobierno y de todos aquellos entes que reciben recursos púbicos. La transparencia no sólo se refiere al uso de Ley de Acceso a la Información para conocer en qué gastan los recursos públicos los gobiernos, es también una necesidad para hacer más claras las leyes, las reglas, las normas o las reformas que se aprueban en el Poder Legislativo.
El derecho a saber, no se trata de una moda o de un adorno retórico, la transparencia y la rendición de cuentas tiene sólidas bases filosóficas, Emanuel Kant, uno de los padres de la filosofía moderna, afirmó que “son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados”. En ese tenor, la publicidad contribuye a que los asuntos del interés, o dentro del Estado sean cada vez más justos. La justicia en este punto representará entonces que lo público sea del conocimiento de terceros, y será una injusticia que aquello que es público permanezca en la oscuridad de las cavernas.
Hoy en día los ciudadanos tienen derecho a pronunciarse sobre los asuntos públicos, pero se dificulta disfrutar de la libertad de expresión y pensamiento si no se está debidamente informado. Afortunadamente, en nuestro país, todos estos derechos los consagra el artículo sexto de nuestra Carta Magna, y la información por mandato legal, ha transitado de ser un bien privado a convertirse en un bien público, la información pública no es un bien de la exclusiva propiedad del gobernante. En las democracias avanzadas el dueño del dinero es el dueño de la información y los ciudadanos son los dueños de los recursos públicos.
Además de monitorear las acciones de gobierno, los ciudadanos pueden fiscalizarlas y opinar para poder abrir un diálogo crítico donde imperen buenas razones y argumentos, de tal manera que hasta podrán eliminarse, reencausarse o proponerse acciones gubernamentales. Aparentemente la transparencia acota el poder del Estado, pero el efecto es contrario, ya que el gobierno transparente tiene más legitimidad a los ojos de los gobernados.
En México, sobran razones para que persista la desconfianza ciudadana y la poca credibilidad en las instituciones y en la política, como ha ocurrido con una parte de la población sobre las reformas recientemente aprobadas. Para generar confianza institucional, es necesario que las autoridades clarifiquen sus acciones: la transparencia y la rendición de cuentas, no son sólo temas que adornen los discursos políticos, deben ser una realidad, ser eficaces y estar presentes en todas las reformas implementadas, porque el progreso de los pueblos no se hace sólo por decreto, pero sí debe existir un marco jurídico adecuado donde tenga presencia transversal la transparencia y la rendición de cuentas para fomentar el empoderamiento del ciudadano y hacer crecer a México. ■
Comisionada Presidenta de la CEAIP.
