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Definitivamente al gobernador Alonso Reyes la fortuna (misma que Maquiavelo auguraba necesaria para todo político) no le sonríe un poco. Todavía no terminaba de asentarse el mensaje de derrota a la violencia, de trabajo “arduo” para la pacificación del estado, y de confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad; del cual alardeó frente al mismo secretario de Defensa Nancional, Salvador Cienfuegos, cuando las imágenes de cadáveres embolsados y decapitados vuelven a ser la centralidad de la opinión pública local.
Los servicios de inteligencia y seguridad norteamericanos, con quienes habían tenido un encuentro de declaraciones el secretario general de Gobierno meses atrás, cual vaticinadores del fenómeno, volvieron a alertar a la población estadunidense de abstenerse viajar a Zacatecas, específicamente en algunos municipios, donde se manifestaba un aumento imprevisto de tensiones resultantes del enfrentamiento de grupos del crimen organizado.
Como secuela, el fiscal estatal Arturo Nahle, aparece en la primera plana de El Sol de Zacatecas el domingo pasado con motivo de su reunión con el cónsul general de los Estados Unidos en Monterrey, Joseph M. Pomper, con un encabezado de nota que poco parece ayudar a contener los índices negativos de percepción: “Alerta migratoria de EU es muy light, reconoce cónsul”.
Más desafortunado aún fue que el reconocimiento de organizaciones civiles y Gobierno Federal, por la estrategia de contención de los secuestros, a mediados del mes de agosto, con la participación de la representante ciudadana más importante del fenómeno, Isabel Miranda de Wallace, haya pasado desapercibido y sin mayor contraste que una nota de redacción, como miles más, pasan a los periódicos para su publicación diaria.
No sólo afecta que la información fuera eclipsada entre el tumulto de notas de Comunicación Social de Gobierno, sino que el mismo día, el fiscal estatal daría a conocer que los cadáveres desmembrados que aparecieron en la periferia de la capital estatal pertenecieron a un par de narcomenudistas. Las investigaciones, entonces, serían gestionadas como resultado del trabajo de los occisos con células de distribución de estupefacientes del crimen organizado.
Sin embargo, el modus operandi del delito no es novedoso y apunta a un solo lugar: la dureza con que las bandas del crimen organizado pelean por el monopolio de “plazas”, donde desarrollan el conjunto de actividades ilícitas de donde obtienen los recursos para su manutención. Si bien el fiscal ha presumido que en 2014 el nivel de secuestros es menor, a comparación de 2013, con las nuevas condiciones de recrudecimiento de la violencia, es previsible un repunte de la privación de la libertad como una de las actividades sustanciosas de los criminales.
Para el secretario de Seguridad Pública Estatal, el panorama no pinta distinto. El relevo directivo al interior del penal de Cieneguillas días después de la muerte de un reo, como él mismo lo daría a conocer, tenía como objetivo imponer un perfil de mayor rigurosidad con el cual se pudieran contener el “trasiego de droga, compra de influencias, pleitos internos muy fuertes incluso entre carteles, entonces no es fácil manejar un centro penitenciario de 850 gentes”. Recordemos que los Centros de Rehabilitación Social son una caja de resonancia de las actividades que ilícitas que se desarrollan en una región o estado en específico.
Tenemos entonces: 5 muertos (Zacatecas, Jeréz y Teúl de González Ortega), un cambio en la dirección del penal de Cieneguillas, y una nueva alerta del gobierno de Estados Unidos por el clima de inseguridad en Zacatecas. Todo esto en menos de una veintena de días.
En este contexto –bastante negativo, y evolucionado en apenas cuestión de semanas- el gobernador no ha tratado de mitigar los datos evidentes que lanzan los medios de comunicación. Por el contrario, en el transcurso de los mismos días en que la violencia ha vuelto a repuntar, el discurso de Alonso Reyes no va en consonancia con el entorno, seguramente por temor a mostrar debilidad, cuando nos acercamos a pasos agigantados a su informe gubernamental.
Lo que pasa por alto es que, como él lo vivió desde la acera de enfrente en 2009 y 2010, a su antecesora la opinión pública se la comió viva por la falta de explicación de los brotes de violencia que aparecían con más regularidad en los municipios del estado. Aquello de los “hechos aislados” fue uno de sus lastres y escalones que la empujaron a la derrota electoral, antes, incluso, de haber empezado la renovación del gobierno en las urnas.
Hoy Miguel tiene la oportunidad de fortalecer la institucionalidad -fuente de su poder político- al reconocer el reciente deterioro de la seguridad local, declarar acciones específicas de reforzamiento de la vigilancia, así como la cooperación con cuerpos policiacos y agencias de inteligencia. Pero por la tendencia marcada en años anteriores, el silencio será abundante. ¿Y el proceso electoral? ■
