La historiadora Patricia Galeana denunció hace poco que en estos momentos en que la clase política vive un proceso de degradación, la jerarquía católica ha emprendido una fuerte ofensiva contra el Estado laico mexicano; señaló que muestra de lo anterior es la criminalización –en 18 estados– de los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo; por su parte, Bernardo Barranco, vicepresidente del Centro de Estudios de las Religiones de México, dijo que actualmente el Estado laico no sólo está amenazado por los sectores teocráticos de las iglesias, sino también por la clase política y su visión cortoplacista y electoral, “están tan debilitados sus vínculos con la sociedad que deben hacer alianzas con las iglesias, principalmente con la católica, para buscar la legitimidad perdida”.
En los meses anteriores hemos atestiguado diversas manifestaciones de actores políticos que violentan y ponen en peligro al principio de la laicidad que, por mandato constitucional, caracteriza a la República Mexicana. En concreto, los gobernadores de Chihuahua, César Duarte; de Veracruz, Javier Duarte, y del Estado de México, Eruviel Ávila, todos del Partido Revolucionario Institucional, han realizado pronunciamientos o participado en actividades de indiscutible índole religiosa. En los tres casos, al realizar esas acciones, actuaron en su carácter de gobernadores constitucionales de sus respectivos estados. Por su parte, el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional celebraron una alianza electoral en Durango para la que pidieron -y obtuvieron- la bendición de un arzobispo. En Zacatecas, el gobierno recibió al nuevo obispo con pendones que ostentaban la frase “Bendito el que viene en nombre del señor” y hemos visto a titulares del Poder Ejecutivo estatal encabezando peregrinaciones y asistiendo a eventos religiosos. Diversos miembros de la clase política hacen pronunciamientos mezclando referencias religiosas, sin el menor respeto por sus investiduras.
Se trata de actos inadmisibles que representan un retroceso histórico, violentan a la Constitución, vulneran la laicidad estatal y, en esa medida, amenazan a la democracia. La laicidad, al garantizar la separación y recíproca autonomía entre la esfera religiosa y la esfera política y al someter a las iglesias a las leyes del Estado, constituye una condición necesaria para que la pluralidad y la diversidad puedan expresarse y recrearse libremente. Sólo en un Estado laico se garantizan la igualdad en derechos -sin importar las creencias o convicciones de las personas- y las libertades de conciencia y de religión. Nuestra Constitución es clara al respecto: prohíbe las discriminaciones por razones religiosas (Art. 1) y recoge, entre otras, esas libertades (Art. 24). Los actores políticos y en particular quienes ejercen cargos de gobiernos están obligados a promover, proteger, respetar y garantizar esos derechos fundamentales.
