Educación gratuita, derecho humano y constitucional que se ha violentado

Educación gratuita, derecho humano y constitucional que se ha violentado

■ El escarnio público y las amenazas, consecuencias de no pagar las cuotas “voluntarias”

■ El cobro, acto de “un grupo de personas que se amafian para perjudicar a alguien”: Martell

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, implicó entre otras modificaciones conceptuales para el Estado mexicano, no el “otorgamiento” sino su reconocimiento como inherentes a la persona por sus cualidades de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El país se incorporó en este tema a la vanguardia jurídica internacional con la modificación al artículo primero de la Constitución. Sin embargo, el acceso al derecho humano a la educación en México se encuentra lejos de garantizarse, luego de que otro concepto ha ido modificándose hasta hacerse inoperante: su gratuidad.

Esto obedece a la implementación en el país, desde los años 80, de una política global que reorientó las funciones administrativas, económicas, políticas y sociales del Estado, quien ahora se manifiesta como garante de la apertura legal para la inversión privada en todos los sectores asumiendo un carácter cada vez protagónico, un rol técnico y menos social, define así al Estado neoliberal, Marcelo Hernández Santos.

Para el sostenimiento actual de las escuelas públicas, además de los recursos procedentes de los impuestos, se exigen a los padres de familia todo tipo de pagos y donaciones con trabajo y en especie.

La característica es la discrecionalidad que deriva de la presunta inexistencia del fenómeno, pues el artículo tercero de la Constitución en su fracción cuarta señala: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”.

Hernández Santos, historiador egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas y estudioso de las políticas y reformas educativas durante el siglo 20, apunta que el Estado mexicano neoliberal ha encontrado como herramienta para avanzar en el proceso privatizador medidas “supraconstitucionales”, paradójicamente concretadas a través de legislaciones secundarias.

De esta manera, para el caso de la educación se han “legalizado” figuras como los Consejos de Participación Social, en los años 90, y la denominada Autonomía de gestión, en la reciente Reforma Educativa, que señala, son medios para introducir el cofinanciamiento en este ámbito.

Ejemplo emblemático de estas políticas es el programa Escuelas de calidad, “donde el Estado se comprometía a dar cierta cantidad de dinero y el padre de familia y otros actores, quien quisiera, daba el otro porcentaje”.

El argumento es que “la educación es un bien público y por tanto estamos obligados a coadyuvar y participar en ella”.

Esto implica una doble carga fiscal “y es la zanahoria del burro”, agrega por su parte Juan Martell Muñoz, también docente e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en este caso en su Unidad Académica de Psicología.

El mensaje aparejado a este discurso es: “vas a recibir educación de calidad siempre y cuando la pagues (…) entonces vamos siguiendo la zanahoria que evidentemente nunca la vamos a alcanzar y eso es una buena estrategia para seguir con estos modelos educativos o políticas educativas”, dice.

“La privatización de la educación” añade otra vez Marcelo Hernández Santos, en un planteamiento burdo implicaría el binomio compra-venta.

Juan Martell Muñoz, posgraduado en Población y Desarrollo y Políticas Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León

En este sentido el secretario de Educación, Emilio Chauyffet Chemor, ha negado existan “medidas privatizadoras en sus políticas”, pues ha señalado, no se han vendido las escuelas ni los activos.

Pero si por privatización se entiende la disminución de la responsabilidad del Estado que la hace cada vez más inaccesible, habrá que exponer el impulso a la apertura a la iniciativa privada que realiza para hacer de la educación un negocio, agrega.

El ejemplo es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), “una institución privada” que actúa de manera monopólica en la evaluación de los aspirantes a ingresar a bachillerato y universidad.

“El Ceneval tiene una función fundamental, si no lo pasas entonces no puedes estudiar. Tenemos los datos ahora de los que fueron rechazados que es una cantidad enorme de jóvenes”.

La selección no la realiza ya el Estado, precisa, al igual que el diseño de las evaluaciones que ahora se implementan para el ingreso o permanencia de los docentes en educación básica o media superior, misma por las que se paga “mucho dinero”.

 

Pagar “voluntariamente a fuerzas” la educación gratuita

De “la broma” de las cuotas de inscripción pagadas “voluntariamente a fuerzas” se ha transitado a verdaderos ambientes de acoso escolar de carácter psicológico, y francos desacatos a la ley que afectan a alumnos y sus familias y quedan en la impunidad.

Incluyen el escarnio público, las amenazas, señalamientos de “irresponsabilidad” en la educación de los hijos y represalias, entre otras, la retención de documentos o la suspensión del derecho humano a la educación de los menores.

Brenda Esmeralda Romero Ramírez tiene dos niñas matriculadas en escuelas públicas del municipio Guadalupe.

La mayor entró este ciclo escolar a primaria en un plantel de la comunidad Martínez Domínguez, fue inscrita allí porque sólo piden un paquete de hojas de máquina, la cuota de 300 pesos “no es obligatoria”, no solicitan dinero para bailables y hay cierta flexibilidad para la compra del uniforme, le dijeron a la madre de familia.

El gasto mayor lo erogará la familia en la educación de la hija menor, quien cursa la educación preescolar en el único plantel para ello en la colonia Villas de Guadalupe.

En el “kínder”, dice la madre, tuvo que comprometerse a pagar 350 pesos de inscripción “y todo lo que nos pidan”: libros, uniformes y materiales para tareas que a veces exceden dice, los 100 pesos por ocasión.

También los 700 pesos que cuestan los uniformes deportivo y civil, que sólo se consiguen en la escuela porque la tela no la venden en ningún otro lado, precisa.

Asumirá conjuntamente con los demás padres de familia asimismo, el pago semanal del salario del velador del plantel. Y participará con trabajo en la cocina escolar o pagará otra cuota en su defecto.

El último mes del ciclo escolar pasado “nos estuvieron diciendo que el lonche no era obligatorio” pero para recaudar fondos para el fin de cursos tuvo que comprar el desayuno en la cocina escolar.

Tras no pagar los boletos que le fueron entregados para su venta también con este propósito, le fueron suspendidas sus dos hijas, quienes todavía coincidían en la misma escuela, “porque no habíamos dado el dinero”.

El recuerdo de la conclusión de los estudios preescolares de su hija mayor, remitirá también a la retención de documentos a que se condicionó el pago de adeudos. Otro acto de cierre escolar, fue realizar el aseo de la escuela o pagar en caso de evadir el llamado, 50 pesos más.

En este inicio de clases el dinero no le ajusta para comprar el uniforme, “y nos empiezan a decir que somos unos irresponsables (…) que no ponemos atención a los niños. Pero es que a veces ellos no entienden que no hay de dónde”.

Su esposo es taxista y de su trabajo “a veces sale y a veces no sale” lo suficiente para el sostenimiento de sus necesidades, expone.

Otra madre de familia, quien omitió  decir su nombre por temor a represalias, dice que enfrentar los gastos en las escuelas es difícil “por la crisis”. Tiene dos hijas, respectivamente en primero de primaria y cursando preescolar.

La colegiatura “realmente no te la exigen pero tienes que pagarla para que te las acepten de una u otra manera”, dice.

En la escuela Valentín Gómez Farías del centro de la capital del estado cobraron por este concepto 250 pesos y en el kínder Margarita Maza de Juárez, en misma localidad, la cuota fue de 450 pesos.

El tema del gasto de los uniformes vuelve a aparecer, pues el gobierno del estado entrega uno estandarizado que no permite la identificación de los niños por escuela, lo que es percibido como un peligro para la seguridad de los menores.

Las compras de material escolar no paran todo el año, dice, “porque existe mucho robo entre compañeros”.

“Yo sí me molesto porque se supone que para eso les están pagando a las intendentes”, agrega en comentario de las convocatorias que se le hacen a realizar el aseo escolar, actividad que también puede recaer en los niños.

El año anterior, refiere, sólo trabajó “para el puro kínder”, a fin de pagar gastos de celebraciones como el 10 de mayo, El Día del Maestro, intercambios de regalos, kermeses y disfraces de festivales que  implican gastos de entre 100 a 300 pesos. También aportó rollos de papel, garrafones de agua y jabón para manos, entre otras cosas.

Para empezar señala, sin pagar la cuota de inscripción, los niños “simplemente no entran” y cualquier otra omisión implica se les excluya.

“Sí se han visto casos. Para evitar eso pues paga uno aunque te quedes a media semana comiendo sopa y frijoles”.  Ella ha enfrentado los gastos que implica la educación pública, endeudándose en su trabajo: “tienes que pedir para salir la semana, la quincena”.

 

Para lo que no existe no hay reglas.

La administración de los recursos en las escuelas además es deficiente: “el problema es que a veces las maestras no apuntan que uno les da el dinero”, refiere nuevamente Brenda.

Su esposo pagó, así comenta, tres veces lo del velador y dos veces un libro “porque las maestras no ponen atención y no apuntan. Entonces pues a ellas nadie les gana: usted no me lo dio, no me lo dio, aunque haya sido así”.

Las sociedades de padres de familia coadyuvan en la cobranza “y tienen una manera bien fea de cobrarte: de que me va a pagar o suspendo a la niña, o aquí dice que no me pagó, o así…”.

La madre anónima expone por su parte que se pide material todo el año, mismo que no se utiliza en su totalidad.

 

Darío Dante Delgado, padre de familia

Pagar o pagar, según posibilidades.

Luego de cubrir el costo de inscripción y comprometerse al pago mensual de la colegiatura y dos cuotas de mantenimiento el inicio y fin de año, durante todo el ciclo escolar Darío Dante Delgado o su esposa, no son convocados a hacer aseo de salón o trabajar en la cocina, no se les piden dinero para los festejos onomásticos o kermeses pero sí cooperan vendiendo boletos para una rifa mediante la que se recaudan fondos.

En el plantel donde estudia uno de sus hijos el nivel preescolar, -el otro aún no tiene edad para ello-, imparten computación, inglés, “valores” y de manera optativa actividades artísticas y deportivas. Tiene además un horario extendido de las 8 horas a las 14:30 horas.

El pago de la escuela privada implica entre 30 y 40 por ciento del salario del jefe de este hogar, al que ingresan dos sueldos profesionales, el suyo y el de su cónyuge, ambos docentes en el Colegio de Bachilleres de Zacatecas.

Darío afirma no haber optado por una institución privada por su mejor calidad sino por la cercanía a su hogar y el horario que maneja.

En la conversación sin embargo, cuando comenta el esfuerzo que para la familia implica su costo, expresa que vale la pena y “hay que tratar de darles lo mejor a los niños, que tengan con qué defenderse más adelante”.

Es conveniente también por “la realidad laboral, lo platico con mi esposa y ya los dos tienen que trabajar y a la mejor se les complica quien vaya a dejar al niño, quien lo pueda recoger”.

En las escuelas públicas, dice, “en teoría” manejan la gratuidad, pero refiere los diferentes pagos que se exigen, “cuando considero yo que ese recurso lo debe de poner el gobierno municipal, estatal, federal para que conlleve eso de la gratuidad de la escuela”.

No obstante añade, “yo sí considero que quien tenga la posibilidad, sí le recomiendo optar por la escuela privada por los extras que se les da a los niños”.

Brenda Esmeralda Romero Ramírez ■ fotos: miguel ángel núñez

Acoso económico: Impotentes y confrontados, obedientes de lo ilegal

Posgraduado en Población y Desarrollo y Políticas Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Juan Martell Muñoz, agrega que las cuotas exigidas por diversos conceptos en las escuelas, son anticonstitucionales e implican un acoso económico y psicológico dirigido al alumno y su entorno familiar.

Entre las formas de ejercerlo, cita la exhibición de listas donde aparecen los nombres de los alumnos deudores “con el afán del desprestigio”, cosa que cataloga como otra variante de acoso escolar.

En términos de su expresión como un acto organizado que involucra “a un grupo de personas que se amafian para perjudicar a alguien”, en este caso las sociedades de padres de familia, los directores y a veces también los maestros, dice, puede definírsele como mobbing, fenómeno que toma su nombre de un vocablo inglés que significa asediar o acosar grupalmente.

Desde el otro lado, dice el psicólogo social, existe una especie de abnegación o aceptación ciega de estos hechos por ignorancia, pero también  hay “grupos sociales más informados y que de todas maneras lo aceptamos”.

“Se nos ‘dora la píldora’ ahora sí moralmente (con argumentos como): es que no te preocupas por la educación de los hijos, es que tienes que gastar, no puedes estar esperando a que el gobierno te dé todo”.

Al sentimiento de culpa generado procede el chantaje: “me estás diciendo que no me preocupo por la educación de mis hijos cuando en realidad sí me preocupo”.

Entonces la gente “hace un hoyo para tapar otro económicamente hablando, pero de todos modos caemos en esta abnegación y esta aceptación ciega de algo que evidentemente es ilegal”.

Denomina a esta conducta “indefensión aprendida” y cita en sustento el experimento realizado por el psicólogo conductista Martin Seligman.

El científico encerró a un grupo de perros en un lugar con piso electrificado y sin salidas.  Al darse cuenta los animales que no tenían control sobre la situación se echaron y soportaron las descargas.

A un segundo grupo se le expuso al mismo estímulo pero en esta ocasión había forma de salir y escapar de esta agresión. Los perros luego de ser electrificados escaparon.

Seligman reunió luego a los dos grupos anteriores. Aunque había forma de salir, los perros del primer grupo habían aprendido a soportar las descargas eléctricas y ni siquiera intentaron escapar, mientras que los del siguiente grupo salieron inmediatamente.

A la no reacción de los primeros animales al estímulo aversivo, los psicólogos políticos le llaman powerlessness, impotencia.

Explicado por Martell Muñoz, no participamos en la vida política, en este caso en la exigencia de los derechos, porque no sentimos que tengamos el poder de cambiar las cosas y nos retraemos.

Aquí entra otro fenómeno también estudiado por la psicología política, el meaninglessness, es decir, el sinsentido de participar, de actuar.

“¿Qué sentido tiene votar?, ¿qué sentido tiene protestar? No vamos a hacer nada, entonces también por eso nuestra participación política se ve retraída”, dice.

La confrontación que se da entre ciudadanos los que pagan y los que no, mientras el Estado evade cada vez más su responsabilidad constitucional, tiene otra lectura, dice Martell Muñoz.

En Antropología de lo barrial, de Ariel Gravano, cita, se expone una estrategia implementada por la policía de Los Ángeles, California en los EU para confrontar pandillas.

“Quien victimizó a tu amigo de tu barrio fue uno vestido de amarillo”, de esta manera algunos eligieron los colores de los Lakers de Los Ángeles, el equipo de basquetbol para atacar “a los de amarillo”, cita como ejemplo.

Eso permitió que la policía no se confrontara directamente con las dos pandillas sino lo hicieran ellas entre sí. “Incluso sobrevolaban la ciudad e identificaban directamente qué pandillas se estaban peleando y a río revuelto…ganancia de unos pocos”.

El fenómeno involucra la moralidad de una sociedad, dice: “tú eres el malo, yo soy el bueno o viceversa” y permite que de esa confrontación se obtenga una ganancia económica, moral, ética espiritual y organizacional, “porque los padres de familia van a estar confrontados entre ellos, mientras, habrá una obediencia ciega a lo que decíamos hace rato: leyes injustas”.

Artemio Ultreras Cabral, subsecretario de Planeación y Apoyos a la Educación de la Seduzac, señaló que muchas instituciones particulares están por debajo de la media nacional ■ foto: miguel ángel núñez

La calidad en las instituciones de educación privada, tema pendiente de atender: Ultreras

Aunque la educación privada en Zacatecas atiende más de 24 mil alumnos en el nivel básico y medio superior, los estándares de calidad en la gran mayoría de esos planteles es un tema pendiente por atender, afirmó Artemio Ultreras Cabral, subsecretario de Planeación y Apoyos a la Educación de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac).

Recordó que fue durante el gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari cuando se reformó el Artículo Tercero Constitucional y mediante ella se permitió que los particulares entraran al servicio educativo, y a partir de ese momento los planteles privados se expandieron a nivel nacional y en Zacatecas.

Respecto a la educación privada, en este momento hay en el estado 40 escuelas de nivel inicial, 70 de preescolar, 78 de primaria, 51 de secundaria y 41 de educación media superior. Es decir, hay un total de 280 planteles privados sin contabilizar la educación superior (equivalente a 4.89 por ciento del total de escuelas), las cuales fueron acreedoras del Reconocimiento de Validez Oficial a partir de cumplir con la infraestructura física adecuada, un perfil docente adecuado y planes de estudio sujetos a los programas que establece la Secretaría de Educación Pública.

Según informó el funcionario, en todos esos planteles se atiende un total de 3 mil 309 alumnos de educación inicial, 3 mil 11 de preescolar, 10 mil 509 de primaria, 4 mil 158 de secundaria y 3 mil 511 de media superior, es decir, un total de 24 mil 498 alumnos, los cuales son atendidos por mil 56 personas, ya sean directivos, docentes y personal de apoyo.

Admitió que la apertura de escuelas privadas ha crecido sustancialmente en Zacatecas y en la actualidad la Seduzac recibe decenas de solicitudes para abrir nuevas escuelas. Sin embargo, “tienen qué revisarse porque nuestra obligación es que estas escuelas se ajusten a la ley”.

De no existir la oferta de la educación privada, Ultreras Cabral señaló que habría más problemas financieros, de maneras que esas escuelas fungen como un paliativo, aunque ello requiere que haya el cuidado para que cumplan con las normas, procedimientos y reglamentos. Es decir, “han sido de mucho beneficio porque nos ha permitido atender más población, sin necesidad de derogar recursos por el mismo gobierno del estado”.

Aunque dijo desconocer el dato preciso, informó que la Seduzac otorga aproximadamente 2 RVOE por mes en los diversos niveles educativos, con lo cual hay la posibilidad de atender una mayor cobertura.

Sin embargo, indicó también que suelen rechazarse solicitudes de escuelas debido a que no cumplen con los requisitos mencionados, en especial la infraestructura, donde sólo se exige un edificio funcional, y que el perfil de sus docentes se apegue a las necesidades actuales.

Respecto a la calidad educativa que ofrece la educación privada, “observo que muchas están por debajo de la media nacional y estoy por presentar un programa de acción para realizar supervisiones académicas más periódicas”.

El problema reside, desde su punto de vista, en que ha crecido la cantidad de escuelas privadas, pero no se ha aumentado el personal dedicado a vigilar que esos planteles se desenvuelvan en un ambiente de calidad educativa.

La intención es “que las escuelas particulares vayan a a par de las escuelas públicas, porque la percepción que existe es que la educación privada es mejor que la pública por sus procedimientos, normas y disciplina, pero en realidad ellas se quedaron por debajo en lo referente a estándares de calidad”, expresó Ultreras Cabral.

En ese sentido, precisó que la Seduzac no pretende retirar o suspender el RVOE a las escuelas privadas que obtengan los resultados más desfavorables, sino de apoyarlos e incluso capacitarlos para que mejoren sus indicadores de calidad, al igual como se realiza en la educación pública.

Añadió que la secretaría tiene la facultad para intervenir en esas instituciones a fin de lograr su progreso a través de un programa permanente de mejoramiento académico, a fin que sus profesores tengan un mejor desempeño.

Una buena opción, aunque no se incluye en la Ley General de Educación, dijo, es implementar evaluaciones docentes en las escuelas privadas a fin de seleccionar docentes competentes, al igual que se realiza en toda empresa.

“Esa es una excelente idea que pudiéramos incorporar a efecto que quienes ejerzan la cátedra desde la escuela privada, garanticen que tienen los conocimientos, destrezas y habilidades pedagógicas para impartir clase”.

Por último, Ultreras Cabral puntualizó que la cantidad de planteles privados sigue siendo mínimo en comparación con el total de escuelas públicas, ya que los planteles de sostenimiento privado equivalen a 4.89 por ciento de los 5 mil 720 centros educativos que hay en la entidad.

De los 494 mil 876 alumnos que se atendieron el ciclo escolar pasado, recordó que son 24 mil 498 los que son atendidos en escuelas privadas, aunque “no por ello tenemos que descuidar la educación de sostenimiento privado, porque sí me preocupa que mucgas de estas escuelas, incluso de renombre, están por debajo de la media nacional en la prueba Enlace”.

Asimismo, manifestó que las condiciones sociales y económicas que hay en el estado no permitiría que hubiese una mayor apertura de escuelas privadas y por lo tanto no sería posible que esta absorba a la pública.

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