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miércoles, 24 abril, 2024
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Reformas y contrarreformas

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Por: ALBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ • ROLANDO ALVARADO •

Durante el proceso de discusión, en el Congreso de la Unión, del paquete de reformas sobre el sector energético presentadas por el Presidente de la República, surgió la propuesta de que el Estado Mexicano asuma una parte de los pasivos laborales de Pemex, derivados del contrato colectivo que sostiene con el STPRM. Lo interesante de esta propuesta es que añade un elemento sobre el que debemos fijar nuestra atención: para que una parte de los pasivos laborales se vuelvan deuda pública Pemex debe negociar con el STPRM las futuras condiciones en torno a las jubilaciones y pensiones; en particular, la propuesta concreta del Estado es que las jubilaciones y pensiones se regulen de acuerdo a la ley del ISSSTE, lo que supone un considerable ahorro para la empresa. En otras palabras, la negociación parte de proponer suprimir lo que desde la perspectiva patronal son “privilegios”, pero que desde la perspectiva sindical son “conquistas”. Este escenario de negociación entre el Estado mexicano y el STPRM, a través de sus testaferros en Pemex, nos da una idea, y en ello radica su importancia, del escenario de negociación que suele plantear el Estado: desde la atalaya de su poder político impone sus propuestas como irrevocables: o se toman o se dejan. Los universitarios zacatecanos, inmersos como lo están, lo sepan o no, les guste o no, con el Estado nacional en un proceso de negociación de una deuda generada desde la irresponsabilidad y la frivolidad, deben estar atentos a lo que ocurre en los escenarios nacionales, porque considerar a la UAZ y su situación en aislamiento ofrece una visión miope de la circunstancia en la que se desenvuelven. En el mejor de los casos, contemplar únicamente el entorno local lleva a la confusión.

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No es entonces infundado sostener que la negociación de la UAZ con el Estado mexicano implique una propuesta análoga a la ofrecida a Pemex: que la Rectoría de la UAZ acepte cambios en la Ley Orgánica y que conduzca una negociación con el Spauaz que lleve a cambios sustanciales en el contrato colectivo de trabajo UAZ-Spauaz.

Debemos distinguir estos dos niveles en el análisis, aunque para muchos grupos político-académicos de la UAZ sean lo mismo porque para ellos existe únicamente la proyección de su ideología sobre la realidad. En el caso de la negociación de la Rectoría con Gobierno Federal la participación de los universitarios está mediada por el Consejo Universitario, que es el órgano que, al menos desde lo que establece la Ley Orgánica de la UAZ, debe cargar con la responsabilidad de modificar la organización universitaria. Y si mencionamos al Consejo Universitario debemos hacernos a la idea que la responsabilidad, en rigor, recae sobre los directores y el Rector, porque son la prominente mayoría en medio de la apatía general de los representantes estudiantiles. Por lo tanto, considerando la situación de insolvencia financiera de la UAZ, es muy probable que los directores y el rector cedan sin mucha resistencia ante las propuestas del gobierno. O, en el más común de los casos, que simulen hacer una propuesta cuando hayan consultado qué es lo que quiere Gobierno Federal –e.g. integrar a la Unidad Preparatoria al Sistema Nacional de Bachillerato, que las evaluaciones de ingreso las realice el INEE etc.-.

El punto interesante, porque es el único en el que puede aparecer una cierta resistencia, es el de la negociación del Spauaz con la Rectoría; porque queremos suponer que el Spauaz respeta sus estatutos y es independiente de la patronal. En el muy probable caso que los representantes de la UAZ acepten los requerimientos de Gobierno Federal para resolver el problema de la deuda, deberán todavía negociar con el Spauaz las modificaciones al contrato colectivo, ya que no pueden materializarse sin la expresa voluntad del sindicato. El Spauaz no se organiza igual que la UAZ. En la UAZ las decisiones las toman representantes, en el Spauaz se hacen plebiscitos para tomar las decisiones que afectan a todos los agremiados, porque modificar el contrato colectivo no es atribución del secretario general sino de la Asamblea General, en la que se decide por mayoría de votos. Sin embargo existe un obstáculo para la manifestación libre de las ideas de los sindicalizados. La constante manipulación del Spauaz por grupos políticos endebles ante el poder estatal los ha alienado de sus legítimas expectativas de mejores condiciones laborales, llevándolos a aceptar condiciones menores a las contratadas para, supuestamente, “apoyar a la UAZ”. No faltará el líder y el grupo que apele, de nuevo, ante los agremiados  para que “pongan de su bolsa” en el “rescate” de la UAZ a cambio de “mantener la fuente de empleo”. Con un poco más cinismo estas frases son la velada amenaza de un cacique intolerante. Por eso los sindicalizados debemos decir “NO” a las amenazas y “NO” a las reformas que minen aún más nuestra depauperada condición. ■

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