Rosa linchada, Rosa impune

Rosa linchada, Rosa impune

“Impresionante” es el calificativo generalizado para describir el operativo con el que se  cateó el albergue La Gran Familia que desde hace más de 60 años diría Rosa Verduzco, conocida como Mamá Rosa. Tan espectacular fue la movilización policiaca en la que participaron integrantes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y militares, que se especula que el operativo tenía como objetivo algún narcotraficante presuntamente refugiado ahí, y que, al no encontrarlo luego de tanta faramalla, no hubo más remedio que enfilar los cañones contra la anciana fundadora del albergue para niños.

Según las autoridades, en la Casa de Mamá Rosa las 600 personas ahí albergadas padecían hacinamiento, sólo tenían dos cambios de ropa cada uno, trabajaban, comían alimentos en estado de descomposición, vivían entre ratas, cucarachas y piojos, se les castigaba encerrándolos en un cuarto de tres metros cuadrados y algunos de ellos sufrieron abusos sexuales por parte de los trabajadores del lugar.

Por otro lado, se sabe también por la pluma de Lydia Cacho y la voz de Jean Meyer, que en el albergue se podían cursar la primaria, secundaria y preparatoria con aval de la Secretaría de Educación Pública, también una licenciatura en música avalada por la Universidad de León. Meyer dice que los alimentos podridos que encontraron en el lugar probablemente fueran para los gallos,  gallinas, puercos y vacas que tenían para el sostenimiento del albergue, que él supone que podrían ocurrir abusos sexuales a espaldas de Rosa Verdusco, y que no estaban obligados a pedir limosna como actividad cotidiana, sino a participar en una colecta anual.

En defensa de Mamá Rosa además de estos dos personajes (Cacho por cierto se retractó), aparecieron comunicados públicos firmados por Roger Bartra, Miguel Carbonell, Lázaro Cárdenas, Enrique Krauze, Jean Meyer, Cristina Pacheco, Elena Poniatowska, Alberto Ruy Sánchez, Guillermo Sheridan, Javier Sicilia, José Woldenberg, Gabriel Zaid, Juan Villoro, Hugo Hiriart y el Premio Nobel de Literatura 2008, Jean Marie Le Clezio quien hace tiempo donó los derechos de uno de sus libros a perpetuidad a la Gran Familia.

Los abusos y descuidos de los que hoy se acusa a Mamá Rosa fueron ignorados durante años por las propias autoridades que enviaban niños a su custodia constantemente. También entregaban recursos económicos de cerca de 200 mil pesos anuales, poco, si con ello se planea alimentar 600 bocas por todo un año.

Sin conocer el lugar y exclusivamente con la información que proporcionan los medios de comunicación, podríamos concluir que el gobierno acusa a Rosa Verdusco de hacer mal, lo que ellos no hacían, de atender con negligencia a quienes ellos no atendían, de cuidar mal, a quienes ellos (y la sociedad en general) descuidaban.

Pero si el Estado es criminal cuando peca de omisión es peor cuando lo hace de acción. A unos kilómetros de ahí, en Puebla, otro niño fue víctima de una situación mucho más dramática que sin embargo no llamó la atención al mismo nivel que los de Zamora; José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de trece años regresaba de la escuela con su madre cuando una bala de goma disparada por la policía poblana se incrustó en su cabeza dejándolo, con el paso de los días, sin vida.

La bala de goma que mató a José Luis no fue resultado de una imprudencia policiaca ni del exabrupto de algún uniformado al calor de un enfrentamiento, se trató de un proyectil disparado con autorización y aval de la ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, llamada también ley bala, con la que se permitía el actuar violento de la policía y que permitía abusos policiales como lo denunciaban desde hace meses organizaciones no gubernamentales.

Ayer martes 22 de julio José Luis Alberto fue enterrado, y también esta ley que tuvo que encontrar en él a su más trágica víctima para su derogación.

Heridos y con secuela de por vida a causa de esta ley y su aplicación en Chalchihuapan, Puebla, quedaron Hugo Jiménez quien perdió un ojo, Filemón Precio, herido en el abdomen, Martín Xalhua, herido en una mejilla, quien quedó con los dientes fracturados y la lengua y la mandíbula desechas.

Los pobladores del pueblo de San Bernardino, Chalchihuapan, contra los que se llevó a cabo la movilización policiaca protestaban por el retiro del registro civil de su pueblo, orillándolos a trasladarse, con los gastos que eso significa, cada vez que requirieran un trámite.

La polémica del caso y su avanzada edad libraron a Rosa Verdusco de la cárcel a la que hubiera llegado por el estado de su albergue. A Moreno Valle, gobernador de Puebla, y a Facundo Rosas, director de seguridad pública de aquella entidad, les bastó el poder y la complicidad para librarse de las rejas que merecerían por el asesinato que cometieron. ■

 

@luciamedinas

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