Tal vez para el momento en que usted lea esta nota, el presidente Obama ya habrá hecho lo necesario para que los niños de Honduras, Guatemala y El Salvador puedan ser deportados a sus lugares de origen, lo que tendrá consecuencias inmediatas para las autoridades mexicanas, tanto de inmigración como de asistencia y desarrollo social. Tal vez Estados Unidos “resuelva” de golpe su problema trasladando la crisis humanitaria en su territorio, al sur del Suchiate. Pero esa solución ajena sólo predice nuestra propia crisis aquí.
Dice Jorge Durand, con tino, que la crisis humanitaria actual en Estados Unidos responde a la ilusión de un posible “proceso de regularización o un trato especial” (que alentó la TVPRA), pero también “a una situación desesperada de miles de familias divididas por el fenómeno migratorio, familias destrozadas y violentadas por el fenómeno de la violencia, el narcotráfico y el pandillerismo y la ausencia de un sistema de seguridad social y familiar que atienda a miles de huérfanos, niños abandonados o dejados en custodia a sus familiares, madres solteras o abandonadas.”
Durand habla de los niños centroamericanos, pero aquí “no cantamos mal las rancheras”. Esa problemática no es ajena a nosotros, en particular la falta de un “sistema de seguridad social y familiar”. Por eso nosotros decimos que para México se requiere un Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se encargue de articular la política pública de infancia, que tendría que ser referente de la política de protección del gobierno de México para garantizar los derechos de los niños de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Si queremos a los niños en la escuela, como propone Durand, cobra importancia considerar que la garantía de derecho a la educación requiere de la garantía de otros derechos. En México, como ya hemos repetido en otros espacios, sólo 16% de los niños, niñas y adolescentes ejercen todos sus derechos, como señala Isabel Crowley representante de Unicef en México. La exclusión del otro 84% de los niños obliga a pensar que estamos frente una realimentación amplia de factores de riesgo, relacionados con la desigualdad de trato y la inequidad económica, que rebasa el ámbito educativo y exige la operación urgente de ese Sistema que seguimos sin tener a casi 25 años de que la CDN se abrió a la firma de todos los Estados. Véase, por favor, el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia http://odisea.org.mx/
Además el INEE señala que muchos de los problemas que causan la inequidad en educación, “no son educativos ni dependen de las políticas del sector” por lo que el combate a la inequidad educativa “requiere de políticas intersectoriales capaces de atender al menos aquellas consecuencias de la pobreza (…) que afectan de manera directa la escolaridad de la población”. (INEE, 2014) El señor Vernor Muñoz, relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación, ha señalado que el problema de la exclusión educativa en México no es sólo económico, sino también de diseño de política y de coordinación institucional. En su opinión, no se puede pretender que los programas de compensación y los subsidios “resuelvan un problema estructural, que tiene que ver con la falta de una política pública articulada, sistémica (…) que atienda los problemas de discriminación y exclusión social de las poblaciones indígenas, los pobladores de zonas rurales, las familias de jornaleros y las personas con discapacidad”.
El problema es que los sistemas educativos, por sí solos, no pueden garantizar el derecho a la educación de todos los niños. Lo mismo pasa en Centroamérica, donde sólo 27% de los adolescentes de Guatemala, 40% de los de Honduras y 41% de los de El Salvador terminan la escuela secundaria (BID).
Si el gobierno de Estados Unidos no quiere la crisis que tiene actualmente en su territorio, debe invertir en las condiciones necesarias para que los niños mexicanos y centroamericanos no tengan que huir del abandono y la violencia y/o no tengan que huir de sus países, lo que pasa por políticas públicas e instituciones sólidas tanto en México, como en Honduras, El Salvador y Guatemala. Ojalá Obama, si va a cambiar la TVPRA (que el gobierno de EU ya inclumple con los niños mexicanos) y va a hacer la barbaridad de deportarlos a todos, también proponga otra fórmula legal que mantenga el espíritu de esa ley de protección, tanto para niños migrantes no acompañados mexicanos como extranjeros, e invierta en los sistemas de garantía de derechos de todos esos países para que todos los niños accedan y permanezca en la escuela ahí donde viven.
Confío en que el presidente Obama no sea simplemente salvaje y saque lo mejor de sí mismo. Partamos de esta cuestión: ¿Cómo te sentirías tú si te hicieran eso? Dice Barak Obama, en La audacia de la esperanza, que no es frecuente que nos hagamos esta pregunta. Como país, decía Obama del propio EU, “pareciera que sufrimos de un déficit de empatía. No toleraríamos escuelas que no enseñan, que sufren una falta crónica de fondos, de personal y de motivación, si pensáramos que los niños que van a ellas son como nuestros hijos”. (2006) Ojalá estas palabras suyas resuenen en su mente cuando piense en la solución de esta crisis y diga “¿cómo te sentirías tú si te hicieran eso?”
Estamos en una situación que exige una solución regional, que obliga a implantar una política de infancia que trascienda los países. México tiene una responsabilidad con los niños mexicanos y también con los niños, niñas y adolescentes que pasan por nuestro territorio, más en los próximos días que aumenten las deportaciones norteamericanas y aumente la presión en la frontera sur de nuestro país.
Mira la “tercera y última parte”. ■
