En un abrir y cerrar de ojos la Legislatura del Estado aprobó un paquete de cuentas públicas de diversos ayuntamientos y del gobierno del estado correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012. El acto legislativo se realizó a toda prisa y sin transparencia alguna; lo más llamativo es que solo dos legisladores emitieron su voto en contra de los dictámenes aprobatorios presentados por las comisiones responsables de examinar los documentos presentados por la Auditoría Superior del Estado. Ello significa que prácticamente todos los grupos parlamentarios expresaron su voto aprobatorio al paquete de cuentas públicas presentado, que incluía las correspondientes a municipios que fueron gobernados por presidentes municipales que hoy se desempeñan como legisladores. Ello significa que algunos de ellos actuaron como juez y como parte. Por otra parte, si recordamos que quien se desempeña como titular de la Auditoría Superior fue parte del equipo de campaña en el 2012 de Partido Revolucionario Instirucional, y asumimos que por ese hecho su autonomía está en entredicho desde su designación por la anterior Legislatura, entenderemos que por ello existe un razonable margen para sospechar que sus dictámenes expresan su relación de sometimiento político ante la autoridad que debe, en teoría, fiscalizar.
Por lo anterior, todo indica que la votación que comentamos obedeció a una negociación simple pero tremendamente dañina para la institucionalidad republicana: “yo te apruebo tus cuentas y tu apruebas las mías, y todos contentos.”
La aprobación casi unánime de las cuentas públicas ocurrió apenas unas horas después de que los dirigentes de los partidos PRD, PT y MC, dictaran conjuntamente una rueda de prensa para asegurar que actuarían unidos contra las políticas del partido en el poder. La votación que comentamos es una prueba más de que a la hora de abordar los temas fundamentales de la agenda política local no existe equilibrio de poderes ni rendición de cuentas real, ni la oposición juega su papel crítico, lo que significa que en nuestra entidad el poder no controla al poder porque la élite política no cuenta ya con elementos sanos que impongan la vigencia del Estado de Derecho. Estamos ante un hecho que prueba la vigencia plena de la Ley de Michels de las oligarquías partidistas, que sostiene que todo proceso político electoral desemboca en la separación de las cúpulas partidistas de los intereses de la población, y en la preponderancia solamente de sus propios intereses entrelazados.
Lo que acaba de ocurrir en la Legislatura, es un episodio más del proceso de descomposición evidenciado por la impunidad y la corrupción galopantes, que no tendrá fin mientras la sociedad no ponga término, con su participación directa, a la crisis de representación del sistema político mexicano. Lamentablemente, la necesaria limpieza del sistema no provendrá del sistema actual de partidos.
