La corrupción es un fenómeno muy complejo, que tiene componentes culturales y estructural-institucionales. Abarca las prácticas de estricta responsabilidad individual de algunos funcionarios públicos o hasta encargados de ventanilla, y procesos muy grandes que llegan a distorsionar la economía o a colapsar el propio sistema político. La corrupción es el abuso de poder público en beneficio propio, lo que indica que quién comete un acto corrupto ocupa una posición de poder y recibe algún tipo de beneficio (ya sea monetario o no) que no sea procedente, o que simplemente es ilegal o ilegítimo (por vía de falta de validación moral o consenso político). Los rasgos que definen a la corrupción los encontramos en las estructuras gubernamentales, el sector privado, y hasta en la sociedad civil; en todos los ámbitos encontramos la práctica del soborno, nepotismo, extorsión, malversación de fondos, fraude, etcétera; sin embargo, como en esta enfermedad social la nota central es el acto de poder que detona el acto corrupto, es que nos centramos corrupción política.
En el marco de la corrupción política, la raíz de la corrupción está en la fuente misma de todos los males: la arbitrariedad en el ejercicio del poder, o la ausencia de acotaciones claras y públicas a quienes lo ejercen. Y “quien ejerce el poder” no se refiere únicamente a sujetos individuales, sino sobre todo a sujetos colectivos (desde facciones, partidos o grupos no-formales), que al carecer de límites en la persecución de sus fines, obtienen fácilmente beneficios propios, que no consiguen solamente llenar sus bolsillos, sino reproducir su propio poder. Es decir, un fruto de la corrupción no es sólo el dinero, sino también el poder. Así que todas las prácticas ilegales o ilegítimas que los grupos políticos realizan para tener más poder, es sin duda una práctica de corrupción. Por ejemplo, una mayoría legislativa que omite los procedimientos y reglas para la confección de leyes, y aprueba cambios en éstas que resultan ser abiertamente ventajosas para ellos mismos, está incurriendo en corrupción. Y la condena moral que la opinión pública ejerce sobre toda la estructura política enferma, trae como consecuencia un problema de otro orden, pero de alta significación para la estabilidad de la nación y el estado: la ilegitimidad.
En todo acto de corrupción existe alguien perjudicado: siempre termina habiendo una víctima. Por tanto, una estructura política ilegitima por causa de la corrupción, es un sistema productor de víctimas. Y el exceso de víctimas de la corrupción junto a sus altos costos de interés público, creará un entorno de inestabilidad que debe tener un límite. La pregunta es, ¿qué niveles de inestabilidad por estas causas puede soportar la actual estructura política; y a partir de qué momento se rebasan estos límites? Parece evidente que al quedar rebasados esos límites la estabilidad se perderá y será más complicado realizar los cambios institucionales necesarios. Los estudios de la percepción social publicados recientemente indican con claridad que estamos muy cerca de los límites que aquí mencionamos, por lo que urgen medidas efectivas para limpiar y dignificar la actividad política.
