No tardará en presentarse la iniciativa para la “Ley para la Atención Integral y Apoyo a las Víctimas del Delito en el Estado de Zacatecas”, con retraso, vencida la fecha impuesta por la misma Ley General de Víctimas a todas las entidades federativas, 2 de mayo 2014. Gastadas las artes de birlibirloque con que se pretendió encubrir esta obligación, ya criticadas con certera precisión, por la Comisión Ejecutiva Nacional (efectivamente ciudadanizada), a través de Jaime Rochín del Rincón, en una conferencia, el 30 de abril pasado, después de anunciar que aceptada la renuncia de la maestra María Olga Noriega Sáenz como Comisionada Presidenta de este organismo (en la trigésima sesión ordinaria, el día anterior), él fue nombrado por mayoría como nuevo comisionado presidente. Si forzamos un poco la situación… ¿se puede uno imaginar, una “renuncia” similar, y la designación por mayoría (colegiada) de un nuevo presidente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos?…verdad que no. Pues bien, eso se debe a que -de jure y de facto- la Comisión Ejecutiva Nacional (del Sistema Nacional de Atención a Víctimas), se constituyó con un margen de autonomía real , la designación por mayoría, es un “indicador” -justamente- de esa autonomía (o, ciudadanización efectiva), que reivindicamos enfáticamente para Zacatecas. Si quedan todavía dudas, repasemos dos elementos más, que fueron centrales en aquella rueda de prensa, dedicada al “Diagnóstico sobre el cumplimiento de los estados para la armonización de sus legislaciones locales con la Ley General de Víctimas”.
Primero, recordemos el mensaje vertido por Jaime Rochín:
“Por ello, es que juntos, con el respaldo ético, ciudadano y social, desde este espacio Hacemos un respetuoso pero enérgico llamado a todos los gobiernos y los congresos estatales, para que cumplan con lo dispuesto en la ley general de víctimas y, sin mayor rezago ni omisión, realicen las adecuaciones a sus normas locales en favor de las víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos.
No es un tema de complacencias ni de buenas voluntades, son disposiciones legales que todos estamos obligados a acatar.
Es tiempo que los gobiernos estatales y los congresos den una respuesta pública, comprometida y transparente en favor de las víctimas.”
La ciudadanización efectiva, y la autonomía real de la Comisión (a nivel estatal) podrían servir –aunque nada nos lo garantice de una vez y para siempre-, como un modo de respetar el clamor – surgido desde abajo- contra una acumulación insoportable de crímenes y violaciones a los derechos humanos, y la sucesión de injusticias cometidas contra las familias-víctimas, que a nivel nacional, terminó expresándose con ese “grito” (la Ley general de Víctimas)… Giro histórico, del sistema de administración de justicia, hacia el derecho victimológico.
Otro elemento, que prueba la importancia de esa ciudadanización efectiva, son las palabras del comisionado, Julio Hernández Barrios, cuando señaló críticamente lo siguiente:
… “Para muchos estados es más sano borrar a las víctimas (…) borrarlas pretendiendo que no existen, diciendo que no hay víctimas y las pocas que hay que están ligadas a la delincuencia, es decir, criminalizándolas (…) hay gran indiferencia, indolencia y eso se llama complicidad”.
He mencionado -en artículos previos- que la mayoría de las víctimas en Zacatecas, viven en una especie de “limbo”, justamente porque padecen –también- ese tipo de mal-trato, mencionado arriba, por parte de diversos funcionarios públicos. Recientemente, en un municipio de la entidad, contactamos a más de veinte familias-víctimas, de más de 60, todas –salvo una que sobrevive muy precariamente- se negaron a recibir “apoyos”, o a participar exigiendo sus derechos, y expresaron tener miedo, razón por la cual, no denuncian, ni exigen, verdad, justicia, reparación del daño, garantías de no repetición, etc., es decir, hacer efectivos el catálogo de derechos de las víctimas contemplados en la Ley General.
Ante el proceso legislativo en curso, a nivel estatal, nos parece fundamental, romper el círculo de hierro de la designación “controlada” de los integrantes de la Comisión, ya sea desde el poder ejecutivo, o bien, vía el Congreso Estatal, es decir, se trata de evitar que se termine produciendo una “ciudadanización simulada”. En este sentido es importante retomar de nuevo, lo que ya ha sido expresado en el debate, una y otra vez, por parte de la sociedad civil organizada, y especialmente por las organizaciones de defensores de derechos humanos comprometidas con el apoyo a las víctimas de la violencia. Garantizando (en el diseño de la Ley estatal de víctimas), en primer lugar, la autonomía de la Comisión, mediante su efectiva ciudadanización, en segundo lugar, una integración plural de la misma, en tercero normar en los reglamentos respectivos la integración de comisiones que garanticen la operatividad del sistema estatal de atención a víctimas.
Lograrlo es una tarea de la sociedad civil organizada. ■
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