Mercaderes de la justicia

Mercaderes de la justicia

Por estos días  se ha dado a conocer a la opinión pública, tropelías y atracos cometidos por algunos integrantes del poder judicial tanto federal como local. Merecen comentarlos ya que ponen en tela de duda la delicada y transparenta función que por mandato constitucional deben ejercer.

 

Son los siguientes:

1.- La fuerte cantidad que como pensión vitalicia, pretendieron llevarse los magistrados del TEPJF.

2.- También, la nada despreciable cantidad que como pensiones, reciben 13 ex magistrados  del TSJEZ.

3.- Los abusos de poder cometidos en perjuicio de la abogada Gabriela Guadalupe Carlos Infante, por parte de dos jueces de primera instancia del ramo familiar del distrito judicial de la capital del estado de Zacateca:

Licenciada Belem Maria Guerrero Alamillo,  titular del Juzgado Segundo.

Licenciada Verónica Mayorga García, titular del Juzgado Tercero.

(El Sol de Zacatecas. Viernes 23 de mayo de 2014. P. 6 A. Y misma fuente, domingo 25 de mayo de 2014. P. 4A).

Todos son mercaderes de la justicia, porque axiológicamente ésta, es uno de los valores que pretende lograr el derecho, además de la paz pública y el bien común. Pero la justicia se logra mediante la aplicación de normas. Los juzgadores tienen esta facultad, pero la de crearlas, asiste al legislador. Como un valor, la justicia no debe ser objeto de compra-venta que se ofrece al mejor postor. Si lo fuere, tendría un precio comercial y estaría sujeta a regateo por parte del comprador.

La mercancía que se comercializa es el resultado de arduo trabajo de los obreros en la industria o en la maquila. Su precio en el mercado es mayor que el de su producción. Con sus ventas, se generan activos que permiten cubrir sueldos de obreros y una que otra prestación; en ciertas fuentes de empleo el reparto anual de utilidades.

Por lo anterior, es conveniente analizar cada uno de los tres casos:

1.- Las pensiones vitalicias que pretendían adquirir los magistrados del TEPJF.

Si bien es cierto que en Congreso de la Unión se legisló para crear las leyes secundarias de la reforma político-electoral, también lo es, que gracias al cabildeo que llevó a cabo el propio jefe del Ejecutivo Federal a través de Humberto Castillejos, consejero jurídico de la presidencia de la República, se logró modificar la adición XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, facultando discrecionalmente al Comité de Administración del TEPJF, para decidir sobre los retiros de los magistrados.

Más que pago, Peña Nieto los trató de premiar por haberle permitido comprar la silla presidencial. Mire usted: los magistrados electorales, son indirectamente dependientes del Ejecutivo, porque su nombramiento obedece a la propuesta que, ante el Senado hace la SCJN; y, a los ministros de este órgano, también los nombra el Senado mediante terna propuesta por el mismo Ejecutivo.

2.- Zacatecas también se duele de las cantidades millonarias que se otorgan por pensiones a 13 ex magistrados del TSJEZ (La Jornada Zacatecas. (Lunes 26 de mayo de 2014. Pp. 1, 3, 4 y 5). Mi opinión es que todo ese dispendio tiene que ser regulado. En nuestro Estado existen muchos problemas, por eso respeto, pero no comparto la justificación que manifiesta el magistrado presidente licenciado Juan Antonio Castañeda Ruiz  (misma fuente P. 5).

Afirma que las pensiones son muy justas porque estos trabajadores del Tribunal deben dedicarse por completo a su vida laboral, abandonando las actividades personales y en familia durante los 14 años en los que se les designa actualmente para ocupar el cargo de magistrados.

En estos dos casos, tanto los magistrados electorales como los magistrados del TSJEZ, durante el tiempo de su desempeño, vendieron las resoluciones en las cuales, al dirimirse una controversia, se aplicaron leyes que derivaron en la impartición de justicia. Con la  pretensión del cobro de las pensiones vitalicias, encontramos que, quienes vendieron de esta manera la justicia, exigen ahora el precio del servicio.

3.- En el caso de las jueces denunciadas públicamente, es importante que no sea la Sala Civil correspondiente del TSJEZ la que analice el problema, sino que el H. Pleno de ese órgano judicial, tome medidas urgentes y necesarias, con objeto de evitar los atropellos y violación a los derechos humanos como señala la ofendida.

Es de llamar la atención que no se trata de un caso aislado. De las dos autoridades, existen quejas por su comportamiento; ignoran, que todo poder público, incluyendo al que ellas pertenecen, se encuentra acotado, es limitado y por tanto limitable, frente a un amplio margen de libertades y derechos que asisten al gobernado.

Si al poder judicial en verdad interesa la transparencia en el ejercicio de sus funciones, y recobrar la confianza entre la población, las autoridades denunciadas, no ameritan remoción sino destitución, pues no será justo que exista todo tipo de apoyos por parte de los superiores para permitirles el manejo a su capricho, de los juzgados a su cargo.

¡Ah! por último, habrá que mirar hacia el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, no vaya a suceder que también esperen su millonaria pensión vitalicia.  ■

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