El 14 de febrero pasado mostrábamos la preocupación del actuar de la presente Legislatura en el caso del nombramiento de los consejeros electorales del IEEZ: la aberración de que los partidos políticos asaltaran e invadieran a un órgano que por definición debe ser ciudadanizado; y en lugar de ello, reiteraran su pretensión de controlar directamente al Instituto Electoral y convertirlo en mesa de concertación política de los partidos. Pero como por órdenes del Tribunal Electoral tuvieron que reponer el procedimiento, lo que hicieron fue simularlo: convocaron a los ciudadanos a conformar el Consejo, los entrevistaron y les pidieron documentación, incluso por boca del presidente de la Comisión Electoral de la Legislatura, anunciaron que el criterio central sería el perfil de los aspirantes; pero a sabiendas de que dicho proceso era un simulacro, porque ya habían acordado las élites políticas repetir la nefanda propuesta. Entonces, en ese proceso no sólo hubo una falta abierta contra la democracia, sino un deliberado engaño a la ciudadanía y una infame humillación a los participantes, mostrando, además, la ausencia total de autonomía de la propia Legislatura.
Al igual que la conducta respecto a las candidaturas independientes en la Legislatura anterior, la presente ha mostrado que el problema de la falta de autonomía no fue un asunto coyuntural, sino que se trata de un problema estructural; dándole razones a quienes impulsaron la supresión del IFE y su conversión en INE, en el sentido de que los Institutos Estatales Electorales rendían vasallaje a los respectivos gobiernos estatales; pues bien, ese argumento se puede ahora trasladar a las propias Legislaturas locales. Sin embargo, aunque en el caso del IFE se decidió la centralización nacional para contrarrestar los efectos de la ausencia de autonomía, dicha medida es imposible en el caso de las Legislaturas locales; entonces, ¿qué hacer? ¿cómo lograr la auténtica ciudadanización de estos órganos y la autonomía de la Legislatura? Hasta ahora, sin duda, la posibilidad de recurrir al tribunal electoral federal ha sido un mecanismo que sí ha dado resultados, justamente porque Los equilibrios institucionales no funcionan. Lo importante es pensar en mecanismos para que la normalidad democrática sea efectiva. Requerimos una profunda reforma política que apunte a trascender la hegemonía de las élites partidarias y a superar el sometimiento del Poder Legislativo ante el Ejecutivo; y con ello se desarrolle la democracia participativa en nuestro país.
Recordemos que el déficit democrático propicia políticas públicas de mala calidad, con lo cual se hace imposible romper los círculos viciosos de pobreza y desigualdad. En suma, sin democracia no hay desarrollo, y la partidocracia es un cancerígeno de la democracia y el desarrollo. La posibilidad de que el pueblo de México ascienda a mejores niveles de vida, estará vedado mientras no se atienda esta enfermedad del sistema político mexicano.
