Inexplicablemente cuando Enrique Peña Nieto se encaramó en la silla presidencial y nombró como secretario de educación a uno de sus correligionarios del Grupo Atlacomulco, ambos desconocían cuantas escuelas había en el país y cuantos maestros y empleados trabajaban en ellas. No podía entenderse que quien asigna las plazas, autoriza el presupuesto y paga a sus trabajadores no supiera cuantos están adscritos en el nivel básico del sistema educativo mexicano. La intermediación de los gobiernos de los estados que desde 1992 con la desconcentración y el fallido federalismo educativo han utilizado el gasto educativo como cajas chicas, aunque no tan pequeñas, la omnipresencia que mostraba el SNTE y la amplia y compleja red de complicidades, el tráfico de influencias y corrupción en general; prácticas pro ahijadas por la cultura priísta, explicaban como es que existían escuelas fantasmas, maestros que cobraban sin trabajar comisionados sin comisión, incluidos aviadores) y el pago a profesores ya jubilados, o lo que es el colmo ya muertos, a nombre de quien se seguían emitiendo cheques como si estuvieran activos en el servicio. Por eso es que ni tardos ni perezosos ordenaron auxiliándose del Inegi levantar el primer censo educativo en muchos años y buscar poner la cas en orden. La medida también formó parte de la Reforma Educativa en marcha. De esa manera entre septiembre y noviembre encuestadores del Inegi visitarían las escuelas in situ registrarían las estadísticas sobre la cantidad de Jardines de Niños, escuelas primarias y secundarias, además de las instituciones de educación inicial y de educación especial escolares y el personal adscrito a los mismos y dar cuenta de ellos.
Como el resto de las reformas que se han hecho con prisas y al revés, pues primero se modifica artículos de la Constitución y después se hacen las leyes secundarias y hasta el último se consulta a los interesados y afectados, el censo educativo cuyos resultados se están divulgando esta semana, debió ser sino la primera, una de las primeras acciones con las que debió de iniciar la reforma educativa, que aunque votada y aprobada sigue sin tener el consenso y aceptación de amplios sectores del magisterio y se espera oposición y resistencia.
Los resultados del censo confirman certezas sobre aspectos que ya se conocían y dudas sobre si en el mediano plazo se podrán superar las debilidades de las que adolece el elefante reumático llamado SEP y el sistema educativo en su conjunto.
En números gruesos, existen en México 207 mil 682 planteles de educación básica y especial, a los que asisten 25 millones de alumnos y en donde laboran más de dos millones de trabajadores (véase La Jornada, primero de abril de 2014). La cifra sobre el universo total de escuelas y trabajadores no es la real. Es la que a Eduardo Sojo, titular del Inegi consta, pues 9.2 por ciento global que corresponde a los planteles de Oaxaca, Michoacán y Chiapas donde se ubica el núcleo duro de la CNTE, no se aplicó el censo.
Relativo al personal, se encontró que hay 39 mil 222 trabajadores que cobran pero que nadie conoce (los clásicos y ortodoxos aviadores), 30 mil 695 están comisionados o con licencia, 114, 998 ya se jubilaron, se retiraron o fallecieron; pero siguen cobrando. Los que laboran en las escuelas son 978, 188 (Reforma, 2 de abril de 2014).
El ramo de la educación es mayoritariamente femenino. El 68 por ciento de los trabajadores son mujeres. Dato que confirma la feminización del gremio, tendencia que desde hace varías décadas ha estado presente en el mundo y también en México.
Otra certeza que confirma el censo es la pirámide que conforma la población escolar y que se traduce en el abandono y rezago educativo. Los 25 millones de alumnos son una cantidad significativa que nos habla en prospectiva de la oportunidad que representa para el país, el que sigamos gozando de un bono demográfico, que se debería aprovechar con políticas públicas acertadas que apunten al crecimiento con equidad. Más de la mitad acude a primaria, la cuarta parte a secundaria y menos de un quinto a preescolar. Esta pirámide, como sabemos se va reduciendo conforme llega a la cúspide, pues es un porcentaje mínimo que no rebasa el 10 por ciento los que concluyen la universidad con respecto los que iniciaron la primaria. Los filtros crudos y drásticos se van reduciendo conforme se avanza a los niveles superiores.
Entre las grandes dudas que persisten, están el saber si la inequidad educativa en términos de asistencia y apoyo a las escuelas rurales y de los sectores depauperados urbanos será superada. Si podrán revertirse las carencias de infraestructura de escuelas que carecen de los servicios básicos para una educación que dignifique a los sujetos. En Zacatecas, escuelas de municipios alejados de la capital, según cifras que reporta el NTR (2 de abril de 2014), 20 % no tiene agua potable y 42 por ciento carece de drenaje y no son pocas las que no cuentan ni quiera con pizarrones desnutridos para enseñar las primeras letras; ni escritorio, ni silla para el maestros y tampoco bancas para los alumnos. Al carecer 20% aproximado de Internet y cerca de la mitad de computadoras, el estado esta lejos de acceder a la globalización y modernidad educativas. ¿Cómo se va a superar este desafió, recurriendo a la buena voluntad y caridad de los padres que carecen para lo más indispensable?
Están pendientes de confirmar las cifras que arroja el censo y proceder a la reestructuración administrativa. Censar a escuelas y maestros obedece a criterios de racionalización y eficiencia en el gasto educativo. En este sentido, a partir del próximo año comenzará a operar la centralización de la nómica, quitándole esta atribución a los estados, que por lo que se ve hicieron un mal uso de los dineros públicos. Lograr una educación de calidad, que proporcione los conocimientos mínimos deseados, es un enorme reto. El presupuesto educativo es el mayor de todas las dependencias del gobierno. Se debe incrementar y vigilar su correcto uso. ■
