El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cumple dos décadas de haberse firmado y durante todo ese tiempo no ha existido una verdadera relación de igualdad entre las naciones firmantes: México, Estados Unidos y Canadá.
Más bien, lo que hemos vivido es un sometimiento de México hacia sus iguales, principalmente Estados Unidos, porque a 20 años de su entrada en vigor aún existen asuntos fundamentales que no se han podido resolver y que mantienen a nuestro país en desventaja, como lo es el tema migratorio y el agropecuario.
Ahora, con la reciente Reforma Energética la relación trinacional toma relevante importancia, porque se vislumbra la posibilidad de que inversionistas de esos países quieran apoderarse de nuestros recursos naturales, bajo el argumento de las modificaciones constitucionales permiten la participación de la iniciativa privada en su explotación.
Me refiero a este tema en particular, porque precisamente hoy, en la ciudad de Toluca, comienza la Cumbre de Líderes de América del Norte, a la que asisten los presidentes de Estados Unidos y México, Barack Obama y Enrique Peña Nieto; así como el primer ministro canadiense, Stephen Harper.
En el encuentro nuestra nación no sólo debe pedir una relación de pleno respeto, sino exigir a la Unión Americana un acuerdo de reforma migratoria y a Canadá que revise y revierta la solicitud de visas a la ciudadanía mexicana que hace unos pocos años estableció.
Pero sobre todo me quiero referir a la Reforma Migratoria, porque en el marco de este encuentro el PRD ha emitido una contundente y clara declaración para los tres gobernantes, precisamente en este encuentro trilateral.
La primera aclaración que les hacemos los perredistas es que la Reforma Energética es un proceso inacabado, porque estamos exigiendo, con el respaldo de casi 2 millones de firmas, una consulta popular a la ciudadanía, a fin de que su opinión sea tomada en cuenta para revertir las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Mexicana para quitar al Estado la propiedad absoluta sobre la totalidad de nuestros recursos energéticos.
Reproduzco íntegro el párrafo que señala que “Ustedes, señores mandatarios de EEUU y Canadá, deben tener claro que este tema no está resuelto, que es un capítulo abierto y que el pueblo de México tendrá la última palabra en las elecciones federales de 2015”.
La declaración del PRD subraya en el punto tres que “El tema de estas reformas adquiere hoy especial relevancia ya que todo lo que tiene que ver con la materia energética quedaría sujeto a ser negociado como parte de las cláusulas del TLCAN. Sin embargo, el proceso legislativo en nuestro país no ha concluido, porque además de la referida consulta popular aún están pendientes las leyes secundarias que reglamentarían las mencionadas modificaciones constitucionales. Por lo mismo, todas las inversiones privadas que pudieran realizarse antes de las elecciones de 2015 no tendrían ninguna seguridad jurídica, estarían en riesgo. Y es nuestro elemental deber y responsabilidad advertirlo”.
Quienes integramos el Sol Azteca estamos convencido de que urge una reforma energética profunda en nuestro país y propusimos los ejes fundamentales sobre los cuales deberían darse la modernización de Pemex y de la CFE, pero también hemos decidido participar en la discusión de las referidas leyes secundarias.
Los preceptos que consideramos deben ser tomados en cuenta y que les hacemos saber a los mandatarios visitantes, son:
El petróleo y los demás hidrocarburos son y deberán seguir siendo propiedad de la nación.
La producción de petróleo y gas debe realizarse de manera sustentable y garantizar la seguridad energética de México y de las futuras generaciones.
El Estado debe garantizar el abasto de los combustibles que requiere la economía nacional.
Pemex debe ser el principal productor de petróleo y CFE de energía en el país y ambas deben convertirse en verdaderas empresas productivas, dotadas de plena autonomía presupuestal y de gestión.
Las actividades petroleras y de energía eléctrica deben realizarse en paz y con respeto a la propiedad de la tierra de las comunidades y de los campesinos, los derechos laborales y al medio ambiente.
El Congreso de la Unión debe aprobar y supervisar los contratos que el Gobierno realice con las empresas petroleras. Todas las inversiones deberán asegurar un importante contenido de componentes nacionales.
Se deben incorporar mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y de combate frontal a la corrupción en todos los procesos.
Estaremos atentos al desarrollo del encuentro trilateral y esperamos que los temas trascendentales para México, y no sólo para EU y Canadá, sean tratados de forma puntual y seria. ■
*Representante del PRD ante el IFE
