■ Se busca que el tema no se preste a un manipuleo político: Francisco Escobedo Villegas
■ Compañía, dispuesta a revisión del costo real de los bienes distintos a la tierra, explica
Tras la reunión mantenida la semana pasada entre ejidatarios de la comunidad de San Tiburcio, en Mazapil, los directivos de la unidad minera Camino Rojo de la empresa Goldcorp y autoridades estatales, se acordó que los pobladores celebrarán una asamblea ejidal en estos días para fijar las peticiones finales que le harán a la compañía canadiense, con la finalidad de destrabar el problema suscitado hace ya más de un mes en torno a la explotación.
El secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, aseguró que entre los ejidatarios “hay diferentes planteamientos”, por lo que se llegó al compromiso de llevar a cabo este encuentro entre ellos, ya que la asamblea es la máxima autoridad, a fin de definir su postura.
“El acuerdo fue que se haría una asamblea de ejidatarios para replantear, para revisar y para acordar en asamblea en qué términos estaría siendo, (…) para que pudiera tener el sustento de la asamblea y hacer un planteamiento único, y tratar de evitar que un grupo de ejidatarios tenga una visión y lo plantee de una manera y otros de otra manera y que también este tema no se preste a un manipuleo político o a un manoseo de otro tipo de intereses”, agregó el funcionario.
Los ejidatarios comenzaron sus protestas en el mes de enero de este 2014 con la intención de renegociar el contrato que firmaron con la empresa, a fin de obtener un pago mayor por la explotación que la empresa minera realizará en sus tierras.
En este sentido, cabe recordar que el punto central del conflicto está en los denominados “bienes distintos a la tierra”, en los que se incluyen varios cercos y una presa. Por estos, acordaron con la compañía canadiense un valor de 3 millones de pesos; sin embargo, reconsideraron la oferta por lo que están exigiendo 15 millones por tener estos espacios dentro de la explotación.
En una conferencia de prensa que ofrecieron los pobladores de la comunidad de San Tiburcio a finales de enero, en la que informaron de la intervención que se registró por parte de elementos de la Policía Estatal para desalojarlos de la entrada de la unidad minera “con lujo de violencia”, también denunciaron el incumplimiento de los empresarios a otra parte del contrato.
En este caso, agregaron los inconformes, se estableció que por la explotación de las 2 mil 497 hectáreas se pagarían 64 millones de pesos y como fecha límite para abonar esta cantidad de dinero se fijó el 26 de febrero de 2013, en una sola emisión. No obstante, en aquel momento todavía se les debía a los ejidatarios 24 millones.
El secretario general de Gobierno comentó que existe voluntad de los particulares canadienses que operarán la explotación, ante la posibilidad de renegociar los pagos acordados en un primer momento.
Añadió que “el ofrecimiento de la empresa es precisamente eso, que se haga la revisión del costo del pago de los bienes distintos a la tierra y si hubiera que hacer alguna reconsideración hay voluntad para hacerlo, que sea dentro de la realidad, de los costos reales de esos bienes distintos a la tierra. Es una presa y algunas otras cosas que en opinión general de la gente se cotizaron muy bajo. Entonces, es lo que se va a revisar”, concluyó.
