Palma de Mallorca. “No lo sé”, “no me consta”, “no lo recuerdo” o “eso fue así porque confiaba en marido”, fueron las respuestas más socorridas de la infanta Cristina durante la primera parte del interrogatorio como imputada por parte del juez instructor de Palma de Mallorca, José Castro.
Durante cinco horas respondió a las numerosas cuestiones sin aclarar sobre su presunta responsabilidad en la trama delictiva que se sospecha perpetró diversos delitos como evasión fiscal, falsedad documental, desvío de dinero público y blanqueo de capitales.
La hija menor de los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, llegó al tribunal de Palma de Mallorca alrededor de las 10 de la mañana. Tal y como estaba prevista, un vehículo la dejó en la puerta trasera del inmueble sin que tuviera que hacer el paseíllo de 200 metros que el resto de los ciudadanos sí tienen que hacer para entrar al juzgado. El despliegue policial fue amplio, con más de 300 policías dispuestos para su protección, tanto por aire, mar y tierra. A diferencia del resto de ciudadanos, la infanta Cristina no tuvo que pasar por el detector de metales para entrar al tribunal ni le fue reclamada su identificación oficial.
A pesar de la expectación que ha generado en la opinión pública, en las inmediaciones del juzgado únicamente había una concentración de unas 300 personas que reclamaban la III República y gritaron consignas contra la monarquía. Y el resto de lo que rodeó a la comparecencia transcurrió con normalidad, sin incidentes, gracias en parte al cordón de seguridad que estableció la policía, de más 200 metros, lo que no impidió que la infanta Cristina escuchara las consignas en su contra al interior de la sala.
Una vez en el tribunal, el juez Castro inició el interrogatorio, que se prolongó durante cinco horas en las que el magistrado prefirió utilizar el término de “señora” que el de “alteza”, tal y como establece el protocolo monárquico. Un gesto que estuvo acompañado de un interrogatorio respetuoso pero muy incisivo, en el que incluso le preguntó sobre las facturas que ella misma entregó a nombre de las empresas fantasmas creadas por su marido, Iñaki Urdangarín, para desviar dinero público. Y le recordó que hasta llegó a presentar un justificante de un estacionamiento por un euro, que después era abonado con dinero público.
El abogado Manuel Delgado, que representa al Frente Cívico, que a su vez funge de acusación particular, relató a los medios de comunicación que la comparecencia de la infanta ha sido más o menos lo previsto: “el 95 por ciento de sus respuestas han sido no lo sé, no me acuerdo, no me consta o simplemente que confiaba en su marido”. Entre las cuestiones que respondió la infanta aseguró que ella no participó en la gestión de Aizoon, la empresa de la que era propietaria a 50 por ciento y que compartía con Urdangarín, ni de las contrataciones de personal doméstico que hizo esta sociedad.
Otra abogada, Virginia Negrete, del sindicato ultraderechista Manos Limpias, criticó la postura de la Agencia Tributaria durante el proceso, que “validó facturas falsas para así poder justificar su desgravación en la investigación pericial practicada a Aizoon S.L”.
La primera parte del interrogatorio se prolongó durante cinco horas, después el juez ordenó un receso de dos horas para descansar y comer, y se reanudará por la tarde la sesión con las preguntas del fiscal y de los abogados de las acusaciones particulares.
