La corrupción provocada por los partidos en las elecciones deteriora el voto auténtico, fundamento de las instituciones republicanas. La compra o coacción del voto debilita la legitimidad de las autoridades y disminuye el respeto de la sociedad a las instituciones y el apego a la propia democracia; cada vez son más los mexicanos que preferirían un régimen autoritario si este garantiza seguridad y empleo, lo que también es provocado por la falta de credibilidad de partidos y representantes populares.
El derroche de dinero en las elecciones propicia que quienes así ganan elecciones, entreguen porciones de la administración a sus padrinos,con lo que se presenta el fenómeno de captura del Estado por diversos poderes fácticos; las más cotizadas son Obras Públicas, Desarrollo social, Finanzas y Seguridad Pública, que manejan las porciones presupuestales mayores en beneficio de intereses particulares.
Las instituciones debilitadas y desprestigiadas, señaladamente el Poder Legislativo, dejan de servir a los ciudadanos y propician la desconfianza en la democracia, la que conduce a que la gente se resista a pagar impuestos y al debilitamiento de las instituciones garantes de los derechos de todos. La baja proporción de denuncias que presentan las víctimas de los delitos ante las instancias de procuración de justicia, es un indicador de la gravedad del fenómeno de desapego de los ciudadanos de las instituciones republicanas.
En México no reciben castigo los políticos corruptos, ni banqueros y empresarios lavadores de dinero, ni jueces y ministerios públicos coludidos. Es una élite del poder corrupta, que ya contaminó a las corporaciones policiacas y militares, así como a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, lo que constituye el reino de la impunidad para todos los delincuentes. Lamentablemente, para simular el funcionamiento de las instituciones, las cárceles están llenas de delincuentes menores y primerizos, la mayoría jóvenes, que ahí entran en contacto con las redes criminales más peligrosas. La corrupción en el mundo de la justicia castiga a muchos inocentes y complica la salida del pantano en que nos encontramos.
El dinero ilegal circula casi libremente; existen muchas lagunas legales que impiden castigar la circulación de grandes cantidades de dinero ilegal. Muchas cosas se compran con dinero en efectivo cuyo origen muy probablemente es criminal. Grandes territorios del país basan su desarrollo en el lavado de grandes cantidades de dinero.
La corrupción castiga a los empresarios honestos, innovadores y audaces, y premia el tráfico de influencias. En un sistema corrupto sólo avanzan los favoritos, y los mejores ciudadanos prefieren buscar su futuro en otras tierras. La corrupción impide el acceso de los mejores a los empleos públicos; las nuevas y mejores plazas de trabajo se asignan por amiguismo y nepotismo.
La corrupción encarece las obras públicas y propicia la mala calidad; lo mismo ocurre con los bienes y servicios que el gobierno adquiere de proveedores corruptos. La corrupción desalienta a los buenos servidores públicos y los presiona hasta convertirlos en cómplices. La corrupción disminuye la efectividad de los programas sociales y de apoyo a la producción; los recursos se quedan en las manos de los malos servidores públicos. Las decisiones gubernamentales se toman en función de las “mochadas” esperadas y no en función del beneficio social.
Los funcionarios corruptos ocupan sus capacidades intelectuales en fraguar y operar el tráfico de influencias, y en cuidar que no los descubran; dejan de servir a los ciudadanos. El desempleo y la informalidad, provocadas por las políticas gubernamentales, coloca a millones de mexicanos en la mira de grupos criminales que les ofrecen el ingreso que requieren a cambio de su involucramiento en actividades anti sociales.
Todo lo anterior muestra que la corrupción es la madre de todos los vicios públicos en México y que el cambio que en verdad requerimos es el combate a fondo de ese cáncer, lo que sólo ocurrirá cuando las personas que ocupan las posiciones de mando de las instituciones del Estado reconozcan esa prioridad y asuman que ello se debe hacer de arriba hacia abajo. Ello sólo será posible si la sociedad reconoce la gravedad del problema y se decide a presionar a sus autoridades, y a combatir todas las expresiones de tolerancia social respecto a ese cáncer extendido en todo el cuerpo social. ■
