Si una sociedad permite que la corrupción en todas las actividades de la vida sea reconocida y aceptada como un mal necesario, “está condenada a la pobreza y al atraso”, dijo Villy Sovndal, ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, considerado el país menos corrupto en el mundo. Advirtió que la corrupción es un veneno para la democracia, además de que profundiza la brecha entre quienes tienen más y quienes carecen de todo. Destacó que los países con mayor nivel de rendición de cuentas son simultáneamente los más democráticos.
“Ningún país quiere ser reconocido como una nación corrupta; siempre tratan de ocultarlo, porque saben que lo que están haciendo no está bien, por eso la transparencia debe ser un concepto que debe llegar a toda la sociedad, para que exija que sus gobernantes se conduzcan de forma adecuada y entiendan que la corrupción mina todos los aspectos de la vida de un país.”
El ministro danés convino en que México enfrenta una dificultad particular, debido a la violencia que genera el crimen organizado, por lo que deben darse pasos firmes para fortalecer los mecanismos que obliguen a los funcionarios y a toda la sociedad a impedir y castigar la corrupción.
La corrupción perjudica a los pueblos pobres en forma desproporcionada. Afecta su vida cotidiana de muchas maneras diferentes y tiende a empobrecerlos aún más, al negarles su participación legítima en los recursos económicos o en la ayuda que salva vidas.La corrupción pone los servicios públicos básicos fuera del alcance de los que no pueden darse el lujo de pagar sobornos. Al desviar los escasos recursos destinados al desarrollo, la corrupción también hace más difícil satisfacer necesidades fundamentales, como las de alimentación, salud y educación. Crea discriminación entre los diferentes grupos de la sociedad, trae desigualdad e injusticia, desalienta la inversión y la ayuda extranjera y obstaculiza el crecimiento. Es, por consiguiente, un obstáculo importante a la estabilidad política y al éxito del desarrollo social y económico.
La corrupción impacta de forma diferente a los hombres y a las mujeres y en muchos casos refuerza y perpetúa las desigualdades de género existentes. La falta de acceso de las mujeres a la justicia las puede exponer a una serie de actos de corrupción. El tráfico y la trata, por ejemplo, a menudo incluyen la corrupción de funcionarios de fronteras, policías y miembros del poder judicial. Como inmigrantes ilegales, con frecuencia sin documentos de identidad y sujetas a violencia (sexual), es evidente que a las mujeres que son víctimas del tráfico se les dificulte buscar protección ante los tribunales; la corrupción que desvía los recursos públicos de los servicios públicos esenciales o de los programas contra la pobreza, perjudica muy especialmente el bienestar de las mujeres y de las personas que ellas cuidan, puesto que las mujeres dependen en alta medida de esos servicios. De la misma forma, el soborno que se añade a los costos de los servicios públicos también afectará desproporcionadamente a las mujeres, puesto que afectará una proporción mayor de sus ingresos, porque dependen más de los servicios públicos y, porque a veces, (por ejemplo, durante el embarazo) necesitan de servicios que los hombres no requieren.
La corrupción puede tener también un impacto desproporcionado en los niños. Aunque los niños poseen, en general, los mismos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que los adultos, también tienen ciertos derechos específicos.
La corrupción puede violar muchos de los derechos que los niños comparten con los adultos. Además, puede vulnerar algunos derechos especialmente importantes para ellos, como el derecho a la educación; la corrupción en el sector educativo viola, con mucha frecuencia, los derechos de los niños. Las prácticas de corrupción dañan también con frecuencia otros tres derechos particularmente relevantes para los niños tales como: el derecho del niño a ser protegido durante los procesos de adopción, el derecho a la protección contra el tráfico o la explotación sexual y el derecho a ser protegido del trabajo infantil.
Se ha comprobado que la corrupción tiene un impacto gravemente perjudicial sobre las personas que viven en la pobreza, cuando se comparan con los grupos de personas que disfrutan de un ingreso mayor. La corrupción no sólo afecta al desarrollo económico y desalienta la inversión extranjera en un país, afectando de manera indirecta a los más pobres, sino que además la corrupción reduce el ingreso neto de aquéllos que viven en la pobreza, distorsiona las políticas, programas y estrategias dirigidas trazados para satisfacer sus necesidades básicas y desvía los recursos públicos para inversiones en infraestructura, que son elementos de importancia crucial para lograr reducir la pobreza en un país. Por ejemplo, cuando la corrupción es generalizada, los pobres están expuestos, como el resto de las demás personas, al cohecho en pequeña escala de los funcionarios públicos (especialmente en los servicios de salud, en la aplicación de la ley y en los sectores judiciales), sin embargo el efecto proporcional en sus ingresos es más gravoso. La corrupción en gran escala, por su parte, daña la calidad de los servicios públicos de los que dependen, en grado mayor, para cubrir sus necesidades básicas. De nuevo, son los más pobres quienes se afectan en forma desmesurada. ■
