Existe una reacción institucional tendiente a neutralizar los efectos de las leyes sobre transparencia desarrollando una serie de mecanismos para dejar sin efectos prácticos la revisión y mirada ciudadana del gasto de los recursos públicos y, con ello, paralizar los mecanismos ideados para evitar la corrupción. No ha faltado estudio de los mencionados mecanismos neutralizadores, y de hecho en el argot de los estudiosos del tema ya tiene un nombre: Transparencia Opaca. Por ejemplo, cuando se aprueba la entrega de documentos de la comisión del Fobaproa, a partir de esa apertura se decide dejar de elaborar las actas de las reuniones y se redactan únicamente minutas generales de acuerdos.
O el caso de poner información pública sobre la etiqueta de personas físicas, y así, cuando se solicita la información sobre distribución de recursos, se obstaculiza ésta, con el argumento de protección de datos personales; como es el caso de los recursos de los proyectos aprobados en Sagarpa. Así como estos dos casos, se pueden citar decenas de argucias con las cuales las instituciones se brincan la obligación de transparentar la información en forma significativa, es justo lo que se llama Transparencia Opaca: la manera de matar la letra de la ley.
Sin embargo, lo importante es caer en la cuenta de que la finalidad no es la propia transparencia (que por sí es insuficiente), sino que ésta permita acceder a las recámaras de las decisiones para evitar la corrupción. Es decir, la transparencia es un medio para el verdadero objetivo, que es contener las prácticas de corrupción. Y ese cruzar por la transparencia para llegar al control social de los recursos, es justamente la participación ciudadana. Y es cuando surgen los mecanismos de la llamada rendición de cuentas societal: presupuestos participativos, reformas de procedimientos administrativos, auditorias sociales y evaluaciones ciudadanas.
Por ejemplo, una propuesta que vale la pena mencionar es la boleta de calificación ciudadana, que en la India, donde inicia, tiene impactos importantes ya medidos en la reestructuración de los servicios públicos. Amén de las experiencias muy conocidas del presupuesto participativo de Porto Alegre (Brasil), que deja una fértil enseñanza: se debe participar desde dentro del aparato gubernamental, una participación endo-interventiva es la mejor manera de contener los desvíos de recursos a fines privados.
Pero para que esto sea posible se presenta una paradoja, dada la circunstancia de la débil insurgencia civil en la exigencia de abrir al Estado: deben ser leyes aprobadas ‘desde arriba’ para concretar esfuerzos innovadores para estimular la participación ciudadana en la utilización de la transparencia. En este tipo de esfuerzos es clave la participación de las organizaciones civiles más ilustradas, con capacidad de traslucir el significado de los datos aportados al resto de la sociedad, para que esta última valore la actuación del Estado y actúe en consecuencia. El formato actual para esto último son los llamados Observatorios. En Zacatecas nos urge y apremia el tener uno efectivo.
