Madrid. El gobierno español, del conservador Mariano Rajoy, aprobó este viernes el anteproyecto de la nueva ley de “seguridad ciudadana”, con la que se pretende reprimir y sancionar con multas de hasta 600 mil euros (11 millones de pesos) a ciudadanos que protesten contra los recortes, que luchen contra los desahucios de gente desamparada por el Estado y contra los activistas que realicen actos como escalar edificios, al estilo de Greenpeace, entre otros.
La normativa que se aplicará a partir del verano de 2014, generó el rechazo de los movimientos sociales y de los partidos de oposición, que la bautizaron como la “ley mordaza”, la “ley anti15M” o la “ley de la caza de brujas”.
Durante los dos primeros años del gobierno de Rajoy se han aprobado numerosas reformas que han supuesto importantes recortes en los servicios públicos como la Educación y la Sanidad, al tiempo que han proliferado algunos de los casos más graves de corrupción político-empresarial en la historia reciente y en la que están involucrados algunos de los principales dirigentes del Partido Popular (PP) de las últimas dos décadas, incluido el actual mandatario Rajoy.
Con este panorama y con la crisis como telón de fondo, en todo el país se intensificaron las protestas sociales, las plataformas de resistencia social y los actos de rebelión a la autoridad. Surgieron movimientos como el de los “indignados”, o la plataforma de Afectados por la Hipoteca o las llamadas “mareas” ciudadanas que defienden la sanidad, la educación, el sector de la minería o la protección de las mujeres maltratadas.
El anteproyecto de ley que aprobó el ejecutivo español pretende precisamente acallar estas voces con un nuevo código de “seguridad ciudadana” en el que se prevén multas económicas elevadas a pesar de que algunas de ellas se redujeron notablemente del primer borrador presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien en un primer momento quería multar con hasta 600 mil euros a los ciudadanos que convocaran manifestaciones frente al Parlamento o que grabaran y difundieran a policías reprimiendo a manifestantes.
El anteproyecto aprobado prevé 25 infracciones graves, que se castigarán con multas de 30 mil euros, en las que se incluyen las “ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas o a las entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas”.
Durante una conferencia de prensa en la que el ministro Fernández Díaz, un político ultraconservador ligado a grupos ultracatólicos como el Opus Dei, lo explicó así: “Ofensa es lo que es ofensivo”. Y no precisó que se considerará exactamente “ofensivo”.
El funcionario evadió las preguntas y contestó con generalidades a los planteamientos concretos de la prensa, que sí logró que desde el Ministerio del Interior se especificara que se castigará con multa acciones como silbar en un desfile de las fuerzas armadas o interrumpir un “acto solemne en el congreso de los diputados”, como han hecho
recientemente algunos activistas ligados a movimientos pro derechos humanos o feministas.
Una de las cuestiones que más indignó a la ciudadanía de esta ley es que a partir de su aprobación se considerará falta “grave” con una multa de 30 mil euros a los ciudadanos que participen en un acto en el que se intente impedir un desahucio o lanzamiento, como ya es habitual desde el inicio de la crisis económica, que ya dejó a por lo menos 400 mil familias sin hogar por no pagar algún crédito hipotecario o rentas.
La nueva ley también pretende acabar con las protestas al estilo de los activistas de Greenpeace, al considerar una infracción grave, escalar un edificio de un organismo o institución pública sin permiso. El anteproyecto también contempla crear un “Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana”, que será una especie de
“lista negra” en la que se incluirán a todos los ciudadanos con antecedentes penales.
Uno de los principales cambios entre el anteproyecto original y el que se aprobó es el que se refiere a la convocatoria a una protesta ante el Parlamento vía las redes sociales. El ministro español pasó de considerarla falta “muy grave” con multas de hasta 600 mil euros a ser una “falta leve” con multas de hasta mil euros. Pero se incluye que si durante esa protesta se producen alteraciones graves de la seguridad ciudadana, sus autores pueden ser responsables de una infracción grave.
La aprobación del anteproyecto provocó una manifestación espontánea de unas 500 personas que se expresaron frente a la sede central del PP en Madrid y después fueron a los juzgados de Plaza Castilla para exigir la liberación de 17 jóvenes antifascistas detenidos en pasado miércoles por un supuesto ataque a un grupo de estudiantes de la Universidad Complutense.
En otro asunto, el gobierno de Rajoy, autorizó la extradición a Argentina de dos represores de la dictadura franquista, los policías Jesús Muñecas y Juan Antonio González Pacheco, conocidos por los métodos severos y violentos que aplicaron a los opositores políticos.
