¿No es clara la diferencia entre grupos de reivindicación de demandas sociales de grupos de “asociación delictuosa”? Cuando el Estado mezcla y confunde ambas es para reprimir los movimientos de protesta. La típica historia repetida en las siete décadas de Estado autoritario; que ahora, parece, regresa al poder. Convertir la protesta en asociación delictuosa es una práctica que termina generando efectos contraproducentes: genera más protesta, descontento y rencor social.
Es vital −para conservar la salud en la relación sociedad-Estado− mantener estrictamente separados el delito de la crítica social. Los jóvenes de las normales rurales recurren a ciertas prácticas como tomar camiones de línea para transportarse a sus reuniones nacionales; y marchan y bloquean caminos cuando no son escuchados. En el caso actual los jóvenes protestaban porque no se les habían cumplido compromisos elementales para estudiar; y se les violó el derecho al libre tránsito varias veces, en que fueron detenidos por la Policía Federal impidiéndoles la circulación a la capital zacatecana.
¿Qué pasa con un Estado que provoca la protesta al incumplir los compromisos más elementales en la dotación de condiciones educativas, y después reprime a los alumnos defraudados? Es muy claro en este caso cómo el Estado es causante de la inconformidad y después somete por vía de la fuerza aquello que causó. Doble falta. Y no sólo con los normalistas, sino con todo el sistema educativo: el actual presupuesto dejó inalterada la inversión en educación, sigue gastando por alumno una tercera parte de lo recomendado por la OCDE, y 97 por ciento de su gasto se destina a gasto corriente, con lo cual no queda nada para inversión en infraestructura y condiciones materiales de estudio.
Esto es, el Estado genera las condiciones para la inconformidad de docentes y estudiantes, y ahora criminaliza dicho descontento. Es además una ironía que siendo México un país donde la procuración de justicia es una calamidad, y la impunidad de los grupos del verdadero crimen es escandalosa, se pongan estrictos con un grupo de jóvenes estudiantes que lo único que hacen es exigir su derecho social a la educación. Es previsible saber lo que va a ocurrir: las normales rurales iniciarán “una jornada de lucha” para liberar a sus compañeros y el Estado querrá con eso, tomar el camino de la represión: ¿acaso es una estrategia para cerrar más normales rurales?
Los signos que confluyen en la escena no son buenos: imposición de reformas, oídos sordos a los actores sociales e inconformidad creciente. Es decir, un grupo élite de la clase política tomando las decisiones y reprimiendo la inconformidad de los excluidos, en un contexto de empobrecimiento creciente. Es la combinación explosiva por excelencia. ¿Qué se requiere para que el Estado y su clase política entren en razón?
