Federar significa juntar o hacer alianza. Es decir, ciertas entidades distintas y autónomas deciden aliarse y constituir una unidad (hacer un pacto) para ventajas mutuas. En el caso del sistema de gobierno de Estados Unidos, este proceso fue natural, porque primero hubo colonias (13) que se gobernaban de manera autónoma y eran entre sí muy diversas, y con el proceso de independencia decidieron juntarse en un sistema de Gobierno federal.
En el caso de México, el antecedente histórico es inverso, se tenía una sola colonia muy centralizada, de tal manera que el proyecto de hacer de México una república federal, significaba no juntar, sino separar. En el proyecto liberal original se produjo únicamente simulación: una era la letra de la Constitución y otra la realidad. El gobierno del Porfirio Díaz fue centralista, y los gobiernos postrevolucionarios aún más.
Una manera de medir el centralismo de un país, es revisar su sistema hacendario. En México la captación de impuestos está a cargo de Gobierno federal (96 por ciento), y luego a través de dos mecanismos se reparten a los niveles estatal y municipal de gobierno participaciones y aportaciones (ramo 28 y 33 del presupuesto). Pero el que paga manda: Gobierno federal con el ingreso en sus manos, también tiene el diseño de políticas.
Todos los programas relevantes son de origen federal. Así las cosas, diversos actores sociales criticaron durante mucho tiempo la centralización del poder en México, la llamada “presidencia imperial”, y plantearon el objetivo de des-centralizar ese poder (distribuirlo), lo cual es sinónimo de hacer realidad un verdadero sistema federalista; incluso no sólo en el pacto entre estados, sino incluyendo de manera importante a los municipios. Así llegaron dos reformas constitucionales al artículo 115, para darle papel al municipio como verdadero nivel de gobierno y dotarlo de más competencias. Y como muestra de avance fue que justo en los municipios ocurrió la alternancia.
Sin embargo, parece que la descentralización fue convirtiéndose en fracasos sucesivos: los municipios con sus nuevas competencias ahora están en bancarrota, los recursos asignados a los estados han parado en las bolsas de la corrupción y su utilización facciosa han convertido a los gobernadores en ‘virreyes’. Y en las instituciones políticas las críticas son en el mismo tenor. En suma, en estos últimos años, la clase política ha dado marcha atrás al proyecto federalista: eliminó el ramo 33 (que regresa al control central), se propone eliminar los órganos estatales electorales y se ratifica una estructura hacendaria hiper-centralista.
Con esta tendencia tenemos ahora no una presidencia imperial, sino un acuerdo entre tres virreyes de la clase política, que no toman parecer ni a sus militantes. Es decir, la centralización del poder se resuelve en un acuerdo entre líderes de la clase política nacional, que no fundan su poder en una estructura de representación, sino en el manejo de una nata de cortesanos que operan la aplicación de sus acuerdos en los estados. Ahora tenemos a un sistema político paradójico: el pacto imperial.
