En los próximos días están por concretarse cambios previstos en la estructura administrativa electoral del Estado de Zacatecas. Tanto en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, como en el Instituto Electoral, se cumplen plazos para la renovación parcial de las áreas de toma de decisiones. Sin embargo, el contexto apunta más allá de cambios, ratificaciones y/o rotaciones de perfiles en los órganos deliberativos de ambas autoridades.
Durante las semanas anteriores, en este espacio se ha hecho un seguimiento puntual de la correlación de fuerzas en torno a la reforma político electoral, propuesta por el Consejo Rector del Pacto por México, misma que alcanza a trastocar, horizontal y verticalmente, la organización político-administrativa de la tarea electoral a nivel nacional.
Es imperante tener en cuenta que dicha reforma nutre su pertinencia durante las pasadas elecciones locales en 14 estados de la República, donde se vivieron acontecimientos políticos que definieron, al día de hoy, el impulso de la propuesta que se debate en el Congreso de la Unión.
Para refrescar un poco la memoria, recordemos que fue Veracruz el estado de mayor efervescencia, y donde se localizaron los primeros síntomas de fortalecimiento de los partidos de oposición (PAN y PRD) dentro del mismo Pacto por México.
El discurso de la injerencia de los gobernadores en las elecciones locales, toma fuerza cuando el Instituto, y posteriormente el Tribunal Electoral de aquella entidad niegan el registro de la coalición PAN-PRD para participar en el anterior proceso electoral. Días después, la Sala Regional Xalapa y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación harían lo mismo al anular la unión de esos partidos en Veracruz, junto con sus correspondientes recursos de reconsideración.
El proceso político en Veracruz, que culminaría con una alianza de facto entre PAN y PRD, se vio plagado de irregularidades que en su momento fueron mediatizadas, hasta alcanzar la preeminencia de mover la agenda pública en los meses de abril y mayo pasados.
Los videos donde se acusa a delegados y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social federal, de realizar proselitismo político en la entidad costera, propinaron el primer gran golpe en la imagen (cuidadosamente tratada hasta entonces) del gobierno de Peña Nieto. Horas después, el espaldarazo del presidente a la ocupante de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, fue argumento suficiente para que Gustavo Madero y Jesús Zambrano obligaran al Consejo Rector del Pacto por México a imponer un adenda para “blindar” las elecciones en puerta.
A partir de ese momento, los partidos de oposición dentro del Pacto tomaron las riendas de la agenda de reformas que había propuesto Gobierno federal. La discusión acerca de quién era el promotor original de la idea, fue una nimiedad al lado del poder político que habían acumulado en ese momento los líderes opositores, frente a la evidencia de que los consensos en el Consejo Rector no se encontraban del todo salvaguardados, debido a que el bloque de gobernadores jugaban de manera indirecta en la balanza de las grandes reformas.
Al compás del conflicto en Veracruz, el estado de Baja California viviría, igualmente, el vertiginoso movimiento de las relaciones de poder locales y nacionales, culminando con un proceso electoral ambiguo, caro y altamente cuestionable. Unos meses atrás el proceso culminaría no sólo en los tribunales, sino en el nombramiento del no favorecido ex candidato priísta, Fernando Castro Trenti, como embajador de México en Argentina.
En Zacatecas el escenario no fue del todo distinto. El Instituto y Tribunal Electoral locales, se enfrentaron a la Sala Regional Monterrey, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; disputa que culminaría con el aval de los magistrados federales para proceder a favor de la Coalición de PAN y PRD en el estado, y el activismo de Jesús Zambrano para vigilar de cerca el desarrollo del proceso electoral.
Es gracias a la lectura del desarrollo político de las elecciones locales (apenas en este 2013), entendemos que, independientemente de que se critique al Pacto por México por no estar dentro de los estándares “legales” del sistema político mexicano, el poder de facto que representa actualmente ha llevado a una nueva etapa a la organización de los procesos electorales. Tiempo de cambios, probablemente radicales, que en su momento fueron abonados por las no mínimas irregularidades vividas en las instituciones electorales estatales.
Por último, la propuesta de federalizar la nómina de los funcionarios electorales, del ex consejero José Woldenberg, para limitar la influencia de los gobernadores, es tan inocua como el supuesto de que un organismo nacional es la solución del verdadero problema. Asume, ingenuamente, que el dinero de la nómina (partida presupuestal etiquetada) se utiliza para la compra de voluntades.
Para entendedores: el objetivo es la ambiciosa desarticulación de red de poder estatal. ■
*Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública (UNAM)
