Cuando las autoridades de la UAZ declaran que existe un adeudo considerable con el ISSSTE, que compromete casi 100 por ciento de su presupuesto ordinario y solicitan el apoyo de los sindicatos universitarios –Spauaz y Stuaz-. Las dirigencias de los mismos responden con el aval incondicional a la propuesta de la Rectoría de una reingeniería que, en principio, implicaría despidos al margen de lo contratado. Resulta comprensible, aunque injustificable, la firma de ese aval por parte de los dirigentes del Spauaz, que cargan con un pesado, insoluble y heredado problema de incapacidad de movilización de la base de agremiados, por lo que ante necesidades urgentes no pueden convocar expeditamente. Sin duda ese aval no es la única medida que pudo o debió tomar el Spauaz para afrontar lo que la Rectoría le planteaba como un problema de incapacidad de pagos no ya de las prestaciones, sino del mismo salario. En primer lugar debió de informar a los agremiados sobre la gravedad del problema y la manera en la que la Rectoría pretendía resolverlo dentro de los límites de lo contratado. Sirviendo esa acción para calibrar la fortaleza del gremio. No se hizo así, y conforme avanzó el tiempo, de julio para acá, la situación se volvió más confusa y más decisiones unilaterales fueron tomadas, como el emplazamiento a huelga por causa de violaciones e incumplimientos al contrato. Tal emplazamiento, como se sabe, motivó paros, pero no se llegó a la huelga, y posteriormente al desistimiento la Rectoría incumplió con el Spauaz el acuerdo sobre la entrega de cargas de trabajo para el 23 de septiembre, lo que instigó otro paro, pero nada más. La confusión respecto a la reingeniería prosigue, pero ante la indiferencia de la Rectoría se decidió, y esta vez sí de manera colectiva, la denuncia penal contra el presente Rector, el previo, el secretario administrativo, y los coordinadores de personal actual y anterior.
Me gustaría insistir en que la decisión de la denuncia penal fue colectiva, con ningún miembro de la Coordinadora de Delegados o del Comité Ejecutivo en contra, por lo que es una acción inédita, ya que en tiempos recientes las decisiones sobre la vida de los sindicalizados han sido cupulares. Y esa decisión fue razonada y no daña la autonomía de la UAZ, al contrario, la fortalece porque de prosperar los sucesivos rectores ya no tendrían el aliciente de la impunidad para disponer arbitrariamente del salario de los docentes. Se ha dicho que el problema de fondo de la UAZ es el subsidio insuficiente, sin embargo es prudente disentir de tal explicación porque es incompleta, no falsa. Es incompleta porque la situación presente de endeudamiento de la UAZ se originó en la decisión que tomó un rector en particular de crecer con cargo a 8 por ciento que del salario de los docentes se paga al ISSSTE para que éste ofrezca créditos, servicio médico, pensiones y otras prestaciones. No pagar esa cuota impacta en la calidad de vida de los docentes y deteriora las condiciones del trabajo académico. La denuncia penal es la acción correlativa a la conclusión tomada colectivamente de que en ese uso de 8 por ciento se configuró un delito que queda a las autoridades competentes determinar, porque es a todas luces injusto que personas a las que se les descuenta terminen en cartera vencida, con los intereses moratorios correspondientes, porque alguien tomó la decisión de no pagar para hacer cualquier otra cosa.
No hay violación de la autonomía (como falazmente cree Benjamín Romo en su artículo publicado en La Jornada 2013/10/16) por la denuncia que el Spauaz hará debido a que el 8 por ciento no es dinero de la UAZ, sino de los docentes, y es, además, un acto de justicia en medio de un ambiente de depravación en el que los docentes, en medio de los constantes abusos de las autoridades, dejan de distinguir lo bueno de lo malo, el delito de lo que no lo es. Ojalá la denuncia prospere, no porque resuelva el adeudo, sino porque el autentico problema de fondo radica en la impunidad de ciertos individuos que abusan de su posición de autoridad, llegando a creer que su voluntad y supuestos buenos deseos están por encima de las vidas ajenas a las que sin chistar mandan al desahucio y el desamparo. ■
