En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Amnistía Internacional acusó que en México continúan ausentes medidas efectivas de combate a ese flagelo.
Lamentó que pese a los más de 53 millones de personas en situación de pobreza –más de 20 millones de ese total en pobreza alimentaria, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social- “y de los reiterados compromisos de la administración del presidente Enrique Peña Nieto”, el problema “pareciera estar relegado a un segundo plano en la políticas públicas”.
El organismo llamó a las autoridades mexicanas “a cumplir con su obligación de garantizar el acceso a los derechos que permitan a las personas escapar” de esa condición, ante esas “escandalosas cifras”, lo cual incluye firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a lo cual se han negado.
Dicho protocolo abre una vía para que las personas en esa situación “puedan reclamar sus derechos”. Es decir, posibilitaría a quienes sufren violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales acceder a un mecanismo de investigación de carácter confidencial, a través de un Comité de las Naciones Unidas.
AI, sin embargo, se dijo sorprendida porque el gobierno se niega a firmar y ratificar ese esquema, lo cual “pone en duda la seriedad el compromiso de esta administración en el combate a la pobreza”.
Convocó al Estado a definir estrategias efectivas para terminar con «esta tragedia», mismas que “deberán contar con objetivos claros y medibles, que integren una prospectiva de derechos humanos y consideren la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil para su planeación e implementación”.
