Hay un hecho incontrovertible: los órganos para fiscalizar y, en su caso, juzgar los actos de corrupción no han servido para nada. Todos los casos de corrupción que hemos tenido son escándalos que tienen su origen en filtraciones a la prensa a partir de conflictos al interior de los grupos donde se llevaron a cabo dichos actos de corrupción. No ha habido casos significativos donde los órganos fiscalizadores institucionales hayan descubierto y llevado a juicio exitoso algún caso importante. Los que hemos vivido en Zacatecas son intentos con mucho ruido y ninguna nuez: el caso de las demandas contra funcionarios de la anterior administración es un ejemplo de-nada-pasa. Sin embargo, recordamos el intento de innovación que se hizo en +2010 de establecer un Tribunal de Cuentas en Zacatecas, que pretendía sustituir a la Auditoría Superior del Estado.
Un Tribunal de Cuentas es una entidad fiscalizadora superior, estructurada como un órgano colegiado (la ASE tiene titularidad individual), responsable de fiscalizar y juzgar la regularidad de las cuentas y gestión financiera públicas. Sin embargo, durante más de un año la Legislatura que recién terminó, se enfrascó en un debate sobre la constitucionalidad o no de dicha iniciativa, con el resultado final de que-nada-pasó. Muchos intereses del sexenio anterior se mezclaron, y el empuje inicial y el interés no fueron suficientes.
México tiene un lugar lamentable en corrupción: en la medición de 185 países, estamos en el lugar 75. Y una de las causas de este fatídico lugar es que no se cuenta con órganos de fiscalización efectivos que controlen el uso de los recursos y acoten el abuso del poder; con el agravante de un altísimo nivel de impunidad (el-país-del-no-pasa-nada). Por eso es muy importante reconocer que las actuales auditorías y contralorías con dirección unipersonal no han funcionado y la necesidad de innovar en arquitectura institucional. Por eso, era plausible explorar la propuesta del Tribunal (colegiado), a partir de los buenos resultados que ha dado en muchos otros países.
Un Tribunal con personal que no deba el puesto al titular del Poder Ejecutivo con plena autonomía no sólo técnica, sino de gestión, funcional y presupuestaria; que fiscalice y castigue los abusos. Si lográramos que un órgano así diera resultados, se vería reflejado inmediatamente en el aumento sensible de las capacidades estatales para realizar sus objetivos en las diferentes áreas de la política económica, social y de seguridad.
Es decir, al hacer funcionar un órgano efectivo contra la corrupción, el efecto sobre las metas del desarrollo sería inmediato. Pero no ocurrió. Ese órgano legislativo que impidió el paso al Tribunal de Cuentas es el mismo que ahora está metido en un enorme escándalo de corrupción. El círculo vicioso de la corrupción: con corrupción se impide el combate a la misma. Esperemos a ver qué ocurre en la Legislatura que ahora inicia: ¿la misma historia?
