De 2010 a 2013 se han iniciado 600 procedimientos administrativos en contra de servidores públicos

De 2010 a 2013 se han iniciado 600 procedimientos  administrativos en contra de servidores públicos

■ 270 están concluidos; la SCJN declaró inconstitucional ley que se utilizó para sancionarlos

■ En 105 casos ya están notificados los funcionarios, hasta con sanciones económicas: Huizar

De 2010 a 2013 la entonces Contraloría de Gobierno del Estado y la ahora Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciaron 600 procedimientos administrativos en contra de servidores públicos; 168 a ex funcionarios de la administración anterior, encabezada por Amalia García y 400 de la presente de Miguel Alonso Reyes, informó el secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza.

En entrevista detalló que de los 600 procedimientos, 270 están concluidos, pero esos tienen que ver con una resolución negativa a los intereses del Estado, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la ley que se utilizó para sancionarlos.

Sin embargo, los procedimientos que ya se iniciaron con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos en vigor, van muy sólidos, dijo que de esos 105 se han resuelto, incluso ya están notificados los funcionarios hasta con sanciones económicas ya recuperadas en el caso donde se hayan fincado.

“Lo que significa que no hay punto de referencia con ninguna otra administración en el número de procedimientos y sanciones impuestas”, afirmó.

Respecto de los casos que no se pudieron resolver por la inconstitucionalidad de la pasada Ley de Responsabilidades, el funcionario señaló que tan sólo de seis resoluciones se fincaron sanciones con más de 40 millones de pesos, la mayor parte provenía de las sanciones impuestas motivadas por la construcción de la Plaza Bicentenario.

Es decir, eran sanciones económicas a los responsables, pero “lamentablemente” no pudieron concretarse por una circunstancia de forma, no de fondo, lo que dejó claro es que la irregularidad se cometió y está documentada, pero no se pudo aplicar porque la ley anterior fue decretada inconstitucional.

Huizar dijo que una vez emitidas las sanciones administrativas, ya no tuvieron otra opción para recuperar los 40 millones y aunque estaba abierta la opción de la denuncia penal, se decidió “no denunciar por denunciar, porque no es el estilo del gobernador”.

Respecto de los ex funcionarios a quienes se les inició una denuncia penal, como el caso de Eduardo Ruiz Fierro, quien no tiene una sentencia absolutoria, sino que pese a no estar recluido, aún está sujeto a proceso, pues el ex oficial mayor del gobierno de Amalia García no ha probado ser inocente de las acusaciones de desvíos de recursos que le hicieron en su contra.

“El licenciado sólo ha ganado amparos para otros efectos, pero ninguna autoridad federal se ha pronunciado por su inocencia o culpabilidad”, finalizó.

Por otra parte, Guillermo Huizar aseguró que se ha empezado a localizar un cambio de actitud en los funcionarios de la administración de Miguel Alonso, muestra de ello es que en el operativo Centinela que se realizó, se ubicaron 420 funcionarios circulando el fin de semana con un vehículo oficial, mientras que en el último del pasado periodo vacaciones fueron 20, “eso significa que las sanciones y las instrucciones del gobernador se han cumplido y, por ende, hay una realidad diferente”.

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