Solalinde y Joaquin Coldwell en Zacatecas: entre los intereses y los derechos

Solalinde y Joaquin Coldwell en Zacatecas: entre los intereses y los derechos

Las últimas reformas constitucionales llamadas ‘estructurales’ son, en su integridad, deficitarias en la materia de derechos humanos; ya no sólo se trata de los viejos derechos individuales proteccionistas, sino de derechos sociales como la educación y a la seguridad social; de derechos políticos como la participación en las decisiones que le dan rumbo al país; y culturales, como el derecho a vivir de acuerdo a diferentes identidades étnicas, de género y generación. Observamos pues que en el mundo ha crecido la cobertura conceptual de los derechos humanos, mientras en México se ha degradado el cumplimiento efectivo de los mismos.

La pasada reforma laboral provocará que miles de trabajadores mexicanos queden en la indefensión por la flexibilidad sin seguridad social; en el caso de la reciente reforma educativa, se hace un caso de excepción a los maestros y se les aplica una serie de reglas laborales al margen del artículo 127 constitucional, con lo cual, su derecho al empleo queda bastante debilitado; y con el planteamiento de la reforma energética estamos en serias dudas: es posible que el modelo de contratos de utilidad, sea la hebra de todo un proceso de apropiación del recurso estratégico más importante del país, con el cual se financia gran parte del costo de los derechos en México; y si se aplicara el modelo de la autonomía de Pemex, también hay dudas, porque significa que Pemex dejaría de aportar la cantidad que actualmente contribuye al erario público para poder invertir en sus procesos de mejora.

¿Habrá una reforma fiscal progresiva para cubrir esa ausencia, y tener recursos para pagar los derechos sociales en México? Porque ahora mismo tenemos un esquema hacendario abiertamente regresivo que provoca el incumplimiento de los derechos sociales.

Pero aparte de constatar que todas las reformas emprendidas van en detrimento del cumplimiento de derechos humanos de segunda y tercera generación; también es muy importante confirmar que no hay una reforma que pretenda cubrir o proteger expresamente los derechos humanos. Por ejemplo, en las iniciativas del ejecutivo no está la reforma a la política migratoria que se hace en el país, y donde los perjudicados (centroamericanos) constituyen la catástrofe humanitaria más grande de las últimas décadas. No hay una reforma para que los centroamericanos (que una vez fueron mexicanos) puedan circular sin riesgo a su seguridad y a su vida. Los dramas humanitarios son inconcebibles: violaciones, secuestros, desaparecidos, esclavitud y trata de personas, y un negro etcétera.

¿Y que la migración no es un problema estructural? ¿Los grupos de empresarios reunidos alrededor de Mexicanos Primero, no creen que la reforma migratoria en México sea una prioridad? ¿El capital mexicano y extranjero que están detrás de las cuatro principales reformas estructurales no sacan ganancia con la protección de los derechos humanos, y por ello, no se impulsan? Los partidos participantes en el Pacto por México, ¿no sienten la urgencia de resolver este gravísimo problema social? ¿Cuál es el criterio para elegir la agenda legislativa: los derechos o los intereses?

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