Resulta lamentable para todos los habitantes del país, los reprobables actos vandálicos en que incurren los maestros que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en protesta contra la creación de las leyes reglamentarias, que requiere la reciente reforma de los artículos 3 y 73 constitucionales para su aplicación y, en cuyo decreto publicado el 26 de febrero pasado, se fijó como fecha para dicha creación ciento ochenta días. Es decir, para el 26 de este mes, o sea el lunes de la semana entrante.
Es difícil entender el comportamiento de los profesores. No contemplan en su actuación muchos aspectos que, en lugar de enaltecerlos los denigra. Ellos tienen en sus manos la formación, después de la familia, de los futuros hombres y mujeres de bien, útiles a la sociedad. En otros tiempos existían tres personajes que eran el prototipo a seguir para las personas: el profesor, el médico y el sacerdote. La sociedad confiaba en ellos porque los consideraba, en muchos casos, hombres sabios, que tenían amplios conocimientos y su conducta era valiosa y digna de admiración. Con el tiempo, se ha ido perdiendo mucho de esas características, hasta encontrarnos en una situación como la actual.
Son varios aspectos que no toman en cuenta los maestros inconformes y por eso, ejercen actos vandálicos. Algunos aspectos que descuidan son:
1.- Las leyes jurídicas son objetivas. Son abstractas. Es decir, son creadas para todos y su vez, todos quedan sujetos a ellas. No existen leyes subjetivas o concretas. Lo que es lo mismo, creadas sólo para determinado grupo social y sólo este, queda sujeto a ellas.
2.- Tampoco las leyes jurídicas vigentes son negociables. Si en cambio, son coercibles, se imponen aun en contra del sujeto obligado que debe cumplirlas. No se anda preguntando si son o no apetecibles para quien debe cumplirles. Incluso, para lograr su cumplimiento puede solicitarse el auxilio de la fuerza pública.
3.- Así, todas las normas que se elevan a rango constitucional, tienen tales características, y son por consecuencia normas vigentes.
4.- Fue lo que sucedió con la reforma educativa; no tiene retroceso. La acordaron los representantes populares y las legislaturas locales la aprobaron. Ellos, indiscutiblemente, en el Congreso, son los que tienen la oportunidad de llevar a cabo el debate, sobre las iniciativas o proyectos sometidos a su consideración. Tal proceso ocurrió durante el mes de diciembre de 2012. El voto de las dos terceras partes de los individuos presentes del Congreso de la Unión la acordó.
5.- Justo era en aquellos meses: diciembre de 2012; enero 2013 y la primera quincena de febrero de 2013, cuando los profesores debieron haber emprendido protestas civilizadas o convocar a consultas para hacerse escuchar y exponer sus planteamientos, con el objeto de que los legisladores los hubiesen tomado en cuenta al momento de la fase de discusión, que durante el proceso legislativo les corresponde realizar.
6.- Independientemente de si hubo o no hubo fraude electoral, los legisladores son representantes. Los diputados representan a la Nación, mientras que los senadores representan a los 31 estados.
7.- ¿Qué pasa ahora con los maestros, cuándo no se manifestaron oportunamente con la misma agresión y actos vandálicos?
Los artículos constitucionales, requieren de su respectiva ley reglamentaria con el objeto de que, en ella se concreticen todos y cada uno de los lineamientos requeridos, para proceder entonces a su aplicación. Pero, de ninguna manera es posible ni lo será, dejar sin efecto, una norma constitucional a base de la comisión de actos vandálicos o ejercer todo tipo de violencia, como ya se indica. Unicamente falta su reglamentación.
Después de estas aclaraciones, regresemos al cuestionamiento inicial hacia los docentes.
Las instituciones públicas independientemente de la que se trate, merecen el respeto civil de los ciudadanos. Entiendo que para esto, deben conocer la materia de historia y civismo. El Congreso de la Unión es el órgano en el que se deposita el poder legislativo federal. Su estructura y funcionamiento, así como los que corresponden a los otros dos poderes que son el Ejecutivo y el Judicial, tienen funciones específicas en el Estado mexicano. No pueden ninguno de ellos, quedar al sometimiento de particulares o grupos sociales o políticos, como ocurrió con los maestros contra el Congreso, al grado de impedirle no solamente el ejercicio de sus funciones, si no el ingreso al recinto legislativo, quebrantando con ello el mandato constitucional que señala el artículo 68 de la ley suprema.
El conocimiento y dominio de la historia de México por parte de los maestros, con sus actos también queda en entredicho. Desprecian, que cuando nuestro país nació al mundo como nación independiente, tuvo, la gran oportunidad histórica de crear, en la primera Constitución Federal de 1824, a sus propias autoridades y las invistió de poder con la facultad de gobernar.
Golpear personas; insultar; obstruir acceso al Palacio Legislativo obligando a los legisladores a sesionar en cafés y otros lugares, y las personas resguardándose de las agresiones en el lobby de algunos hoteles. ¿Puede llamarse a eso civilidad? Claro que no. Son actos de vandalismo. Ojalá lo rectifiquen
