México, DF. Abogados constitucionalistas y expertos en régimen contractual no descartaron la posibilidad de que en la reforma energética que apruebe el Congreso de la Unión se puedan sumar distintos tipos de contratos, incluso algunas concesiones petroleras “disfrazadas de contratos”, aunque éstas no se consideren en la iniciativa de reforma constitucional que envió el Ejecutivo.
“Muchos actores políticos nos han dicho que quedaron establecidos suficientes candados en la propuesta de reforma al 27 constitucional pero poco se ha dicho de la modificación al 28 (de la Carta Magna), ahí realmente queda abierta una rendija para que en una reforma secundaria se permita a la iniciativa privada despacharse con la cuchara grande en el tema del petróleo y de la energía eléctrica”, expuso José Humbertus Pérez Espinoza, especialista en técnica legislativa.
El también presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna AC (FMDVD) añadió que cualquier ley secundaria que reglamente las modificaciones a los artículos 27 y 28 de la constitución será inconstitucional si permiten concesiones o contratos que permitan “contratos semiprivatizadores” del petróleo y la energía eléctrica.
“Va a suceder algo similar a lo que paso con los famosos Pidiregas (Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto), los cuales aunque son inconstitucionales y su aplicación provocó un crecimiento explosivo de la deuda pública interna, terminaron aceptándose por el Congreso”, añadió Pérez Espinosa.
Salvador Ortega Tejado, experto en derecho contractual, quien ha participado en la elaboración de varios contratos de compañías petroleras privadas de España y Estados Unidos, dijo que le parece poco creíble que únicamente se vayan a permitir contratos de utilidad compartida, como lo han pregonado en los medios de comunicación los miembros del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto.
«¿En verdad será cierto?. Lo veo difícil (que sólo se vayan a permitir contratos de utilidad compartida). Yo creo que en la reforma secundaria que está pendiente se van descarar, van a permitir la aplicación de un régimen que pueda tener dos o tres modelos contractuales: pueden ser concesiones simuladas, contratos de renta o de producción compartida), de utilidad compartida y los de servicios que ya existen”, añadió.
Ortega y Pérez Espinoza previeron la posibilidad de que si el Congreso de la Unión aprueba leyes reglamentarias que permitan las concesiones en materia energética, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrá enmendar la plana y decretar la inconstitucionalidad de esas leyes secundarias.
El constitucionalista Humberto Hernández Haddad consideró que los detalles de la reforma energética peñista está en la leyes secundarias.
El ex cónsul de México en Estados Unidos precisó que “la clave para el éxito de este nuevo marco constitucional para el petróleo y la electricidad dependerá en gran medida de dos factores: uno, el régimen fiscal que fije las cargas tributarias que deberán cumplir los participantes en ambas industrias.
“Dos, la legislación secundaria que complemente y fortalezca la rectoría del Estado en materia de energía, y eso debe incluir los reglamentos y lineamientos que con letra pequeña decidirán grandes negocios de alcance internacional”.
Manuel Fuentes Muñiz opinó que la iniciativa de Peña Nieto utiliza en su justificación 18 veces el nombre de Lázaro Cárdenas, “y lo hace, no nos hagamos tontos, para abrir a empresas privadas la utilidad económica de los recursos petroleros, cuando fue el presidente Cárdenas quién recuperó para la Nación recursos estratégicos.
“La iniciativa de Peña Nieto eleva a rango constitucional la posibilidad de que empresas privadas nacionales y extranjeras puedan -vía contratos de explotación- recibir dividendos, como socios, en las áreas que participen. La Nación pone los recursos energéticos y las empresas privadas los equipos para su explotación para compartir dividendos, como si fuera un botín”, puntualizó Fuentes, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
Los abogados consultados indicaron que a nivel mundial las empresas petroleras se especializan cada vez más en la extracción de crudo y gas natural.
Pérez Espinoza indicó que nueve países utilizan los modelos de utilidades compartidas, como los sugeridos por el gobierno peñista, mientras que existen a nivel mundial al menos tres tipos de contratos: concesiones, de riesgo y servicios.
