Mínimo 16 estados de la República tendrán la última palabra para aprobar o no la iniciativa de reforma energética presentada por Enrique Peña Nieto el lunes 12 del mes actual ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; fue turnada a la Cámara de Senadores para su debida discusión, a partir del primero de septiembre próximo, durante el primer periodo de sesiones de ese cuerpo colegiado.
No importa, en este caso, con que el Presidente de la República esté de acuerdo o no con las modificaciones que pueda hacer el Congreso a su iniciativa, pues él solamente la presentó; tampoco interesa que el Poder Legislativo pueda decir que la reforma está bien y la acepte en los términos propuestos por el jefe del Ejecutivo federal. Pero lo que sí tiene un valor de peso será la votación de las 31 legislaturas de los estados, pues se trata de modificar mediante la reforma, los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su valor de peso radica, en que son ellas las que deberán aprobarla. No obstante que el Ejecutivo como bien se ha dicho, haya presentado la iniciativa y que el Congreso de la Unión en su caso, la vaya a acordar, se requiere la aprobación de la mayoría de las Legislaturas de los estados.
Tal afirmación deriva de La CPEUM, que en su artículo 35 indica (yo recalqué los verbos acuerden y aprobadas):
“La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”.
Basta recordar las dificultades que enfrentó Lázaro Cárdenas para expropiar la industria petrolera a las compañías extranjeras. Pero no sólo él como jefe del Ejecutivo de la Unión, también el pueblo mexicano resintió sufrimientos y con valentía enfrentó los retos para reivindicar un derecho que únicamente corresponde a la Nación y al pueblo mexicano sobre sus recursos naturales
La iniciativa de reforma hasta ahora, tal como se presentó, sí implica un gran retroceso histórico de gran impacto para todo el país, como también para algunos países solidarios con México.
Durante el sexenio de Cárdenas, la gran problemática obrero-patronal de la industria petrolera conforme transcurría el tiempo se agudizó aún más con la creación del sindicato petrolero debido a que siendo presidente Plutarco Elías Calles concesiones petroleras y reconocía a perpetuidad las que ya existían.
Ante los conflictos laborales, el 18 de marzo de 1938 Cárdenas declaró la expropiación por causa de utilidad pública y a favor de la nación: la maquinaria, instalaciones, oleoductos, edificios, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Compañía Mexicana del Petróleo El Aguila, S.A. Compañía Naviera de San Cristóbal S.A. Compañía Naviera San Ricardo S.A. Huasteca Petroleum Company. Sinclair Pierce Oil Company. Mexican Sinclair Petroleum Corporation. Stanford y Compañía. Pen Mex Fuel Company. Richmond Petroleum Company de México. Compañía Mexicana de Vapores San Antonio S.A. California Standard Oil Company Of México. Compañía Petrolera elel Agwi S.A. Compañía de Gas y Combustible Imperio. Consolidated Oil Company of México. Sabalo Transportation. Clarita S.A. y Cacalilao S. A.
Al día siguiente se creó el Consejo de Administración del Petróleo Nacional Mexicano, encargado de exportar el hidrocarburo y así obtener fondos para indemnizar a las empresas expropiadas que fueron las afectadas 17 compañías. La medida produjo una airada reacción en los círculos gobernantes y empresariales de Estados Unidos y de los países europeos, los que aplicaron a México un boicot que incluía la negativa a comprarle hidrocarburos. El retiro de personal especializado y de equipos que se pudieron llevar; el bloqueo económico, la suspensión de adquisiciones de plata mexicana. La exigencia de que los gobiernos estadounidense e inglés, demandaran la devolución de lo expropiado, el debate parlamentario sobre la conveniencia de invadir México, el financiamiento y la asesoría para el frustrado cuartelazo de Saturnino Cedillo, y, tras de toda esa actividad, una intensa campaña contra México y el presidente Cárdenas en la prensa internacional.
El pueblo mexicano dio su apoyo irrestricto a la medida, pues salió a las calles a manifestar su compromiso con la nacionalización, acudió a los puntos señalados por el gobierno para hacer donativos, destinados a pagar lo expropiado y respaldó sin reserva a los trabajadores petroleros, que pese a las limitaciones del momento, hicieron trabajar la industria.
Al mismo tiempo, en decenas de países, las calles eran escenario de grandes manifestaciones de solidaridad con los mexicanos y de admiración por su Presidente.
Ahora, los gobernantes ya olvidaron esa historia, o seguramente, ha quedado en evidencia que la desconocen. ■
