Ayer por la mañana arrancó la etapa definitiva de una confrontación política e ideológica que se desarrollará principalmente en tres pistas: la parlamentaria, la del movimiento social en las calles, y la de las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales. Los actores principales serán, por un lado el gobierno de la República y sus aliados en favor de la aprobación de la iniciativa presentada este lunes por Enrique Peña Nieto, y por otro el movimiento que Morena logre construir en defensa de los actuales textos constitucionales. Está por verse si una posición intermedia, como la que vagamente ha anunciado el PRD, logra algún posicionamiento significativo.
En nuestra entidad, igual que en todo el país, se manifestarán las expresiones locales de los actores nacionales. Ayer por la mañana se informó del surgimiento de un frente conformado por varios partidos y organizaciones sociales que al parecer coinciden con el posicionamiento nacional de Morena, y, aparte el PRD anunció que actuará por su lado con un plan de acción propio aprobado por su dirigencia nacional. Por su parte, la dirigencia local del PRI inició la defensa de la iniciativa presidencial. También se produjo el primer pronunciamiento desde la academia.
La iniciativa presentada define claramente la materia del debate: la participación de empresas privadas en el sector energético nacional, tanto en la industria petrolera como en la eléctrica. Se debatirá sobre sus repercusiones en la seguridad energética nacional y de América del Norte, en las finanzas públicas, en el empleo, en el precio al consumidor de los energéticos, y sobre todo en el tipo de Estado nacional que los mexicanos requieren para alcanzar sus aspiraciones fundamentales.
Otra vertiente del debate versará sobre la legitimidad del actual Poder Legislativo para reformar los artículos constitucionales 27 y 28 en materia energética, por ser estos emblemáticos del Pacto Social construido por los mexicanos como resultado de la Revolución Mexicana. Se han presentado dos propuestas en esta materia: la de celebrar un plebiscito o referéndum para que sea el pueblo directamente el que determine, y la de convocar a un Congreso Constituyente.
Parece inevitable que resurja el debate sobre el papel de los grandes medios de comunicación en un debate complejo y fundamental, en especial su capacidad para permitir la expresión de todas las voces. La tentación de reconstruir la parcialidad autoritaria del viejo régimen está ya presente en todo el sistema, y está por verse la capacidad de las expresiones ciudadanas en las redes sociales para abrirlos a la diversidad de actores y en la determinación de su agenda.
Por nuestra parte trabajaremos para ser útiles a nuestros lectores esclareciendo en la medida de nuestras posibilidades los temas del debate y sus posibles repercusiones locales, manteniéndonos siempre fieles a la línea editorial que caracteriza a La Jornada.
