¿Un nuevo modelo de medición de la calidad educativa?

¿Un nuevo modelo de medición de la calidad educativa?

En el ámbito educativo la evaluación ha adquirido diferentes connotaciones, se ha llegado incluso a usarse como símil de medición, calificación y valoración; creo esto no genera problema dado que las palabras son como los cheques, tenemos que darles un valor para cambiarlos justo por el precio que debe ser. Para el caso particular de la medición de la calidad educativa, me llama poderosamente la atención la declaración de la Dra. Silvia Schmmelkes, presidenta de la junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), del 24 de julio de 2013 de la sección de Sociedad y Justicia del Periódico La Jornada Nacional; a la letra dice “se abrirá un ciclo de evaluación distinto al que se dio a Enlace”. Implícitamente da a entender la citada doctora que Enlace no cumplió con los “estándares” de calidad requeridos. Me pregunto ¿qué pasó con los maestros que fueron cesados de su cargo por negarse a aplicar la citada prueba? Argumentando éstos que la prueba no funcionaba y que lejos de verse como un instrumento de aprendizaje, la consideraban como punitivo.
El INEE tiene, entre otras funciones, la de participar en el proceso de selección de docentes para ingreso al servicio magisterial; esto significa que ni la prueba Enlace ni las evaluaciones para seleccionar a los docentes, han funcionado de manera adecuada; tan es así que el instituto en estos momentos se encuentra realizando un diagnóstico a la prueba que durante ocho años consecutivos se aplicó y a la cual se le atribuyó poca funcionalidad, esto por supuesto según declaración de la parte oficial actual. Creo no existe resistencia para que se evalúe el aprendizaje de los alumnos, lo que se cuestiona es la manera de cómo con una prueba estandarizada se emiten juicios que dañan a centros educativos y a profesionales de la docencia, una manera de solventar esta situación, de suyo problemática y que ha generado mucha polémica y conflicto laboral, es que den a conocer a la brevedad dicho diagnóstico para que a su vez hagan las primeras recomendaciones el grupo de especialistas nacionales y extranjeros que realizan tal actividad.
Otro problema que generaba conflicto laboral –creo en adelante no será así-, es el hecho de que se estimulaba económicamente a los docentes de los alumnos que obtenían buenos resultados en la prueba Enlace, mecanismo por demás discriminativo dado que no todos los centros educativos viven las mismas condiciones; es por ello que se requiere implementar un nuevo modelo de evaluación, que sea éste consecuencia del diagnóstico que se le haga al modelo anterior –Enlace-. Hasta ahora no se ha aprobado la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, misma que debe estar aprobada por el Senado antes del 26 de agosto de 2013, tampoco se han aprobado las leyes secundarias del propio instituto, las del Servicio Profesional Docente y de la Ley General de Educación. Esto hace suponer que todavía no se ha derogado lo que institucionalmente está siendo cuestionado.
Por lo antes expuesto cabría preguntarse, ¿cómo se podría aseverar que la reforma educativa en cuestión es una medida prioritariamente pedagógica y no solamente política?; a la prueba Enlace, la profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional Lucia Rivera la considera como un “modelo perverso” que ni siquiera sirvió para medir la calidad de la educación que se imparte en las aulas dado que sólo justificaba la aplicación de otros programas y no tanto fortalecía a la prueba misma, asegura la mentora que actualmente no existe una propuesta clara acerca del método que se utilizará para evaluar a alumnos y maestros de forma integral –ésta debe surgir una vez que se aprueben las leyes correspondientes-.
Lo cierto de todo esto es que la reforma educativa ha generado controversia entre los diferentes sectores de la sociedad, el colmo se presenta con los senadores, quienes de una manera un tanto habilidosa aseguran que no es una reforma educativa sino una reforma constitucional en materia educativa, donde lo que se pretende es el promover la implementación de dos tipos de derecho: el superior que tiene que ver directamente con la obligación de que se debe brindar una educación de calidad y el derecho secundario, cuya finalidad es la de generar alternativas para combatir el mal desempeño de los maestros, sin que se dañen sus derechos laborales.

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