La discusión de la iniciativa para la regulación de la deuda de estados y municipios busca atemperar el problema de endeudamiento irresponsable de los gobiernos subnacionales. Más allá de los protagonismos legislativos en los que senadores y diputados luchan por definir para sí la facultad de legislar en esta materia y ser el control político para la aprobación de créditos futuros en las entidades federativas, las reformas constitucionales planteadas son un parche legislativo para acotar el problema de la deuda estatal y municipal.
En el lado positivo de la propuesta destacan el registro único de toda la deuda pública de estados y municipios (hasta ahora sólo reportan la deuda garantizada con transferencias federales); la prohibición explícita del uso de estos recursos para financiar gasto corriente; la obligación para que la deuda de corto plazo se cubra a más tardar en los tres meses anteriores al término de la administración que la contrató; el requisito para la aprobación por parte de las dos terceras partes de los integrantes de las legislaturas locales y no sólo la mayoría simple como ocurre actualmente en casi todos los estados. Asimismo se contempla el fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar los recursos federalizados y aquellos provenientes de la deuda pública garantizada con transferencias federales.
Sin embargo, en el dictamen legislativo persiste la ausencia de una definición de lo que se entiende como “inversión productiva”, la cual, de acuerdo al artículo 117 es el fin al que se debe destinar la deuda pública de estados y municipios. Esta indefinición ha sido una rendija por la que los gobiernos estatales y municipales han logrado financiar diferentes rubros del gasto público. Algunos de ellos son prácticamente gasto corriente, el cual es lo que precisamente se busca prohibir en la iniciativa bajo discusión. No hay parámetros que sirvan de guía sobre los techos de endeudamiento, los cuales, necesariamente serán variables dependiendo de las circunstancias de las finanzas públicas de cada entidad y municipio. Hacienda proveerá la garantía de deuda condicionada a acuerdos de coordinación con gobiernos subnacionales y locales. Sin embargo, no se prevé hasta ahora un marco que dé transparencia con reglas claras y comunes que evite la tentación de una politización en el proceso de aprobación de esta garantía. En el pasado ya ha ocurrido que se trata bien a los aliados políticos y no a los contrincantes. Reglas claras, transparentes y públicas disminuirán la posibilidad de este comportamiento.
La discusión en el Congreso es además incompleta porque como se ha argumentado, el origen del problema de deuda pública subnacional está en la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos estatales y locales, la cual tiene a su vez su explicación en la excesiva dependencia en transferenciasfederales.
Además este comportamiento se explica gracias a deficientes mecanismos de transparencia fiscal y a un marco jurídico profundamente ineficaz para perseguir y castigar la corrupción en el servicio público de todos los niveles de gobierno. Además bajo el pretexto de la falta de información pública por no encontrarse en los archivos gubernamentales, autoridades estatales y locales han negado en varias ocasiones reportes detallados de sus haciendas públicas. Estas omisiones no han sido atendidas por las Legislaturas locales ni por un número importante de las auditorías e institutos de acceso a la información pública en los estados. Por ello sorprende la incapacidad del Congreso de la Unión para legislar analizando la problemática en su conjunto. Legislar por parches no permitirá una solución real al problema de irresponsabilidad, opacidad y corrupción recurrente en la administración de las haciendas públicas estatales y municipales. Es por ello que en México Evalúa hemos insistido en los últimos meses que el orden de los factores en la agenda legislativa sí altera el producto.
El Congreso lleva más de seis meses discutiendo un nuevo marco para fortalecer –o no- al IFAI para que sea en última instancia, el garante de la información pública de todos los niveles de gobierno y de todas las entidades como partidos y sindicatos, que se financian a partir de nuestros impuestos. No hay hoy una definición de las responsabilidades y sanciones contra todo aquel funcionario que haga mal uso de los recursos públicos –incluyendo la deuda pública. El nuevo gobierno tiene siete meses en funciones sin que defina puntualmente la institución que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública. Sabemos que probablemente se denominará el Organo Anticorrupción, pero no hay consenso sobre el alcance de sus facultades de investigación y sanción.
Garantías institucionales para la transparencia de la información pública de todos los órdenes de gobierno; mecanismos que obliguen al establecimiento y resguardo de dicha información en archivos municipales, estatales y federales que permita eventualmente la evaluación del uso de los recursos públicos; eficacia en el combate a la corrupción son todas precondiciones necesarias para la discusión de una reforma energética y hacendaria, la cual, se anticipa en los próximos meses. En esta discusión los legisladores deben establecer de una vez por todas las bases para que los estados y municipios se comporten como adultos y no como juniors fiscales con tarjetas de crédito financiadas a partir de las rentas petroleras. Para ello deberán recordar que sus jefes en primera y última instancia no son los gobernadores, los líderes de sus partidos o el presidente de la República, sino los ciudadanos. Son a ellos a quienes deben rendir cuentas, y por ello, a su vez que permitirá su profesionalización, deben discutir y aprobar la reelección legislativa. Esta le brindará a la ciudadanía de una correa institucional más sólida con la cual premiar o castigar su desempeño. Legislar por parches no nos llevará muy lejos. Dos rescates financieros a estados y municipios (1995 y 2008) son suficientes.
En los próximos días atestiguaremos si les cae el veinte a nuestros legisladores. Por el bien del país en su conjunto y no de unos cuantos, que así sea. ■
