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jueves, 28 marzo, 2024
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“Los derechos de la infancia y adolescencia en Zacatecas”: la agenda pendiente

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Por: LUIS ALBERTO BARQUERA •

El pasado 18 de julio presentamos, en presencia del gobernador Miguel Alonso, Lucía Alonso, presidenta honorífica del SEDIF, e Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, el estudio “Los derechos de la infancia y adolescencia en Zacatecas”. Este documento, en resumen, arroja lo siguiente:
La población infantil en Zacatecas se distingue por la importante proporción que representa respecto a la población total del estado (36.7%), así como por su ruralidad (41.5%), lo que marca la prestación y el acceso a los servicios, en un marco de limitado desarrollo económico del estado.

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Derecho a la supervivencia. Para bajar la mortalidad infantil hacen falta medidas para evitar accidentes, principalmente de vehículos de motor, primera causa de muerte en todos los grupos de edad, y mejorar el acceso a la atención médica porque todavía uno de cada cuatro niños no tiene acceso a servicios de salud. La prevención de enfermedades es uno de los temas de mayor relevancia, sin embargo en Zacatecas sólo 70.3% de los niños de un año de edad cuentan con esquema completo de vacunas. En el caso de los adolescentes hay que mejorar el acceso a la atención médica, pero además enfrentar los incrementos en las tasas de homicidios y suicidios, previniendo los factores de riesgo que los lleva a ser víctimas de la violencia.

Es necesario atacar la llamada “doble carga nutricional”. Casi 20 mil niñas y niños menores de cinco años padecen desnutrición y a más de 21 mil padecen anemia, sobre todo de zonas rurales. En contraste, casi 83 mil adolescentes zacatecanos se ven afectados por el sobrepeso y la obesidad. Se requieren acciones decididas y urgentes tanto por parte de las familias como de las escuelas, los gobiernos, la industria alimentaria y los medios de comunicación.

En Zacatecas la razón de mortalidad materna era en 2010 de 43.5, lo que ubica a la entidad todavía a 21.2 puntos de esa meta nacional de llegar a 22.3 en 2015. Para por lo menos acercarnos al cumplimiento de esa meta se requiere aumentar la efectividad de las acciones orientadas a garantizar higiene y atención médica oportuna, sobre todo en las localidades más aisladas y pobres.
Derecho al desarrollo. Hay que señalar que en Zacatecas el acceso y permanencia a los servicios educativos, en los distintos niveles y modalidades, así como la calidad del mismo, están condicionados por un contexto de ruralidad y dispersión poblacional.

Es urgente garantizar inclusión educativa para más de 86 mil niños fuera de la escuela. Urge ampliar la cobertura de preescolar y media superior. Es necesario impulsar una política de inclusión educativa, como la Segunda Oportunidad, orientada especialmente a garantizar aprendizaje y correcta trayectoria educativa entre los niños que presentan extraedad grave para impedir la deserción, así como reincorporar a la escuela a los niños en edad normativa y garantizar que utilicen los servicios educativos del IZEA los que ya se encuentran en rezago educativo.

64.7% de la población infantil vive en situación de pobreza, proporción que creció más de 8 puntos porcentuales entre 2008 y 2010, debido principalmente al crecimiento de la población vulnerable por carencia de ingresos que pasó de 6.4% a 12.6% en el periodo.

Derecho a la protección. En este grupo de derechos el gobierno gasta sólo 0.23% de lo que se invierte en infancia y adolescencia. Zacatecas requiere una política hacia los más de 60 mil niños, niñas y adolescentes trabajadores, especialmente lo que permanecen fuera de la escuela y los menores de 14 años que realizan actividades económicas al margen de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, que garantice su inclusión educativay protección integral.

El INM reporta que sólo una quinta parte de los niños repatriados lo hacen acompañados. Se requiere fortalecer las políticas y prácticas que aseguren la repatriación segura de niños y niñas desde los DIF en la frontera hasta sus hogares, lo que implica por lo menos una base datos unificada y mecanismos de verificación y seguimiento de los hogares a los que llegan en territorio del estado.

En cuanto a los niños con discapacidad, como señala el Comité del Niño en sus Recomendaciones a México, se requiere fortalecer el acopio de información sobre su situación y evaluar las medidas adoptadas. Además se requiere combatir la discriminación que aún persiste para proporcionar iguales oportunidades educativas, sobre todo en zonas rurales.

En cuanto a la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes hay que señalar, en primer lugar, que un entorno de violencia, condiciones de pobreza y trabajo infantil, uniones tempranas, consumo de drogas y alcohol, exclusión escolar y un ambiente hostil en la escuela, así como la violencia en la propia familia, son factores de riesgo que están impactando negativamente en la vida de miles de niños y jóvenes zacatecanos.Para atacar este problema lo primero que hay que hacer es reconocer que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. En este sentido, se requiere eliminar las leyes que todavía permiten el maltrato y violencia hacia los niños. No existen sistemas de información que permitan un registro profesional de los casos, adecuado para la prevención y el seguimiento. La opacidad es terreno fértil para la injusticia y para continuar ocultando la enorme realidad de la violencia y el abuso hacia los niños. En resumen, existe una enorme debilidad institucional que está impidiendo proporcionar justicia a las víctimas.

En lo referente a la justicia para adolescentes, pese al avance de los últimos años en términos de la legislación estatal y el establecimiento de un sistema de justicia especializado, todavía es evidente la necesidad de fortalecer la instrumentación de medidas alternativas, la creación de programas específicos para su aplicación y supervisión adecuada, y el fortalecimiento y financiamiento suficiente para la atención y rehabilitación de adolescentes sujetos a internamiento, atendiendo a los estándares internacionales y a un enfoque de derechos. En especial destaca la necesidad de fortalecer las medidas de prevención del delito y la rehabilitación y reinserción educativa y laboral de los adolescentes en conflicto con la ley.

Ante la violencia criminal urge que las instituciones respondan con prevención y protección. Urge fortalecer al sistema de justicia para que su actuación se ajuste a las reglas del debido proceso y procure protección a los adolescentes implicados, también víctimas de delito de acuerdo con las normas estatales, nacionales e instrumentos internacionales.

La legislación de infancia y adolescencia en Zacatecas es de las mejores de México, pero falta pasar del papel a la práctica: coordinación efectiva entre instituciones y niveles de gobierno, y un cambio institucional a la altura de nuestros desafíos. Para nosotros esto significa desarrollar un Sistema Integral de Garantía de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes.

Durante el evento el gobernador Miguel Alonso instruyó a sus colaboradores a “revisar”, con base en los resultados del estudio, “las estrategias y acciones emprendidas en torno a la niñez y, de ser necesario, las reorienten para mejorar los resultados obtenidos (…) La anterior no es una sugerencia… es una instrucción precisa de acatamiento obligatorio.”
Nos parece un pronunciamiento muy importante. Nuestro compromiso es estar atentos y contribuir para que eso ocurra. Se trata de darle efectividad a la ley. ■

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