En la reciente reunión, en Monterrey N.L., este jueves y viernes próximos pasados, hemos estado (una vez) más reunidos, para continuar trabajando en torno a la Ley de Víctimas. Compañeros y compañeras de distinta procedencia, Guadalajara, Durango, Coahuila, Monterrey, Zacatecas, Cd. de México, defensores de derechos humanos, abogados, especialista en derecho victimal.
Agradecemos la significativa presencia del Dr. Silvano Cantú, son deudoras de su participación, las observaciones e ideas aquí vertidas.
La etapa actual del proceso, estaría centrada en tres temas fundamentales: 1) La elaboración del reglamento que requiere la ley para poder implementarse de una manera expedita y operativa; 2) la designación de los integrantes a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y, 3) El conjunto de leyes estatales de víctimas que se están impulsando en diversas entidades federativas. Así tenemos iniciativas de ley en los Congresos de Baja California, Morelos, y Nuevo León. En Morelos, con la asesoría de la Fundación Garzón, y el MPJD, el gobierno y el Congreso estatal. En los otros dos casos, asesorados y promovidas por otras organizaciones, legisladores y gobiernos estatales. Estas tres tienen entre sí diferencias importantes, entre ellas; sólo para señalar algunas notables, tenemos que por ejemplo, se quiere eliminar en ellas la figura de la subsidiariedad, que, en el espíritu de la ley general, apuntaría a prorratear de una manera equilibrada y de acuerdo a cierta proporcionalidad, las responsabilidades –especialmente financieras- entre Gobierno federal y los gobiernos estatales. Para mencionar otras características de estas dos últimas iniciativas, es que son totalmente dependientes del gobernador, lo que parece ya un mecanismo habitual en las entidades federativas para inhibir la participación de las víctimas, y más ampliamente la participación ciudadana, (o social) en el diseño, seguimiento, control, y la evaluación, tanto de los procesos, como de los resultados de las políticas públicas. Un tercer elemento es su marcado carácter asistencialista. Lo anterior hace pensar que se trata de legislaciones que tienen -desde nuestro particular punto de vista limitaciones- mismas que -una parte de los ahí reunidos – esperamos mejorar de manera sustancial, en las propuestas que estaríamos presentando a los congresos locales respectivos, y cuya elaboración, ha sido motivo de diversos encuentros, por lo que atañe a la red en el norte, primero en Torreón Coahuila, en Monterrey, después en Zacatecas (de las que hemos dado cuenta en otros artículos en este mismo espacio, y que han sido oportunamente dados a conocer por este periódico).
La estrategia definida en Monterrey, consta de dos ejes. En el primero, el objetivo es concluir –ya- la redacción de un modelo de Ley de Víctimas, en donde para cada una de las entidades federativas, incluiremos nuestro respectivo articulado recogiendo la problemática de las víctimas, propia de la situación local, mediante un “conocimiento situado”. El segundo eje, realizar una Asamblea Nacional de Víctimas, en la Cd. de Guadalajara, a mediados del mes de agosto próximo (la fecha definitiva será definida en breve), cuyo propósito central es que sean las propias víctimas, las que validen el modelo de ley, con las variaciones jurídicas correspondientes para cada entidad federativa.
Además, queremos compensar de este modo, operando como redes – a nivel nacional-, las dificultades relacionadas con la escasa participación de la sociedad civil, o donde está es aún débil, en un tema tan importante, como es el de apoyar la realización efectiva de los contenidos sustantivos y adjetivos: verdad, justicia y reparación integral, así como la implementación del sistema nacional (y/o estatal), para responder a las exigencias de justicia de ese sector de la sociedad que somos, que ha padecido especialmente las injusticias vinculadas a la violencia provocada por el delito o por violaciones a los derechos humanos. Recordemos de paso, que en el articulado de los transitorios de la ley general, se señala explícitamente, la necesidad que tienen… “todas las autoridades, de los distintos ordenes de gobierno, para adecuar su normatividad interna” relacionadas con el cumplimiento de esta ley.
Con esta información mínima, buscamos informar a la sociedad zacatecana, sobre nuestra hoja de ruta. Apenas tuvimos tiempo para rápidamente trazar estos apuntes. No podemos hacerle justicia ni a la riqueza extraordinaria de las reuniones de trabajo, donde desagregamos títulos, capítulos y el articulado, para formarnos un mapa más amplio sobre esta ley, y sobre el dolor/país al que ella apunta, buscando con todo esto, aportar así sea parcialmente elementos para que juntos logremos construir una paz justa y digna.
Gracias a CADHAC, y a la Agrupación de mujeres organizadas por los ejecutados secuestrados y desparecidos de Nuevo León, AMORES De N.L., con su pregunta ¿Dónde están? y su exigencia de Justicia, que son -también- nuestras, y que se manifestaron el jueves, en apoyo a los familiares de un joven de Colima, desparecido en Monterrey, en plena vía pública. ■
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