El corazón de tal reforma está dividido en cuatro partes: la creación por mandato constitucional del Servicio Profesional Docente para maestros de educación básica y media superior, la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (otro, que sustituya al anteriormente en funciones), la generación de autonomía de las escuelas y la realización de un censo por parte del INEGI.
La creación del Servicio Profesional Docente (argumenta la parte oficial) tiene la finalidad de establecer los mecanismos y criterios para garantizar que los maestros estén constantemente capacitados. Se trata de establecer evaluaciones constantes en función de las cuales los maestros puedan ingresar, promoverse y permanecer en la función.
Aunque las leyes secundarias que definirán en detalle lo que estos pronunciamientos significarán en la realidad concreta, las disposiciones de la reforma ya han estado operando. Por ejemplo. Para el caso del ingreso a la función docente, hace ya varios años que éste se define por un examen de oposición que se aplica a los egresados de las escuelas Normales. ¿Qué mente infalible tiene la capacidad de diseñar un instrumento tan certero que con cien o doscientas preguntas cerradas pueda definir si la formación del docente durante cuatro años fue la adecuada o no? Incluso en términos de eficiencia y de calidad en la administración del servicio educativo, es aberrante que el Estado destine recursos humanos y económicos durante cuatro años en la formación de los docentes y al final, con un examen, dictamine que esa formación no sirvió.
En relación a la promoción al interior de la carrera docente, ésta se ha regido por un escalafón legalmente respaldado, en función del cual se obtienen los ascensos a los puestos de director, supervisor o jefe de sector. El puntaje escalafonario se otorga en función de la antigüedad, desempeño y preparación continua del docente. Con la reforma, el mecanismo de promoción será, también, un examen de oposición. Y entonces los docentes se preguntan ¿Cuál mente brillante y superdotada diseñará tal examen, para que a través de él se pueda decidir cuál maestro está en condiciones de desempeñarse adecuadamente en un puesto de dirección? ¿Cómo medir a través de un examen estandarizado y de opción múltiple la sensatez, la ecuanimidad, la empatía o la capacidad de dirección y planificación que requiere un directivo para realizar adecuadamente su función?
Para el caso de la permanencia en la función docente, las cosas se complican aún más, en tanto que los ya aparentemente consagrados exámenes estandarizados definirán quien permanece en su empleo o quien (independientemente de su edad o tiempo de servicio) ingresa a las filas del desempleo.
Las evaluaciones para los docentes en servicio actualmente son voluntarias y se realizan en el marco de un sistema de estímulos denominado Carrera Magisterial. Si la reforma se aplica en los términos expresados por el Secretario de Educación, Emilio Chuayfet, la evaluación se tornará universal y obligatoria para efectos de permanecer o no en el servicio docente.
La evaluación, en general, no es motivo de oposición o protesta para cualquier profesionista que desempeña dignamente su función. El problema surge cuando, acercando la mirada, se percibe la tendencia sobre la manera en que se efectuará tal evaluación. A la fecha, el docente que se evalúa, obtiene el 50 por ciento de su puntaje en función de la calificación de sus alumnos en el examen de Enlace (Evaluación Nacional del Logro Educativo por Centro Escolar).
Ese procedimiento tiene varios supuestos que son equívocos. Primero, confunde evaluar con aplicar un examen; no se necesita ser un experto para entender que un proceso de evaluación puede incluir la aplicación de un examen, pero no puede limitarse a eso; especialmente la educación debe evaluarse como proceso, no únicamente como resultado. Segundo, implícitamente se afirma que un examen es la manera única, contundente e infalible en la que un alumno puede demostrar lo que aprendió o lo que no: ¿cómo puede el alumno mostrar en el examen Enlace si logró desarrollar armónicamente todas sus facultades, o el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, la conciencia de solidaridad internacional (que son los fines de la educación según nuestra Constitución)?
Finalmente, si la calificación del maestro depende de la calificación del alumno, es porque se supone que del maestro –y sólo de él- depende el aprendizaje del alumno (si es un buen maestro, el alumno aprende, si el alumno no aprende es porque tiene un mal maestro). Y en este caso, uno siempre se queda esperando que se mencione cuáles investigaciones han arrojado tremendas conclusiones. A saber, es no sólo resultado de investigación, sino asunto de sentido común entender que en el logro de los aprendizajes intervienen innumerables factores: expectativas que alumnos y padres de familia tengan sobre la escuela, hábitos de estudio del alumno, dinámica y ambiente familiar, ambiente social, infraestructura y equipamiento escolar, estado de salud del alumno, y por supuesto, desempeño docente.
Y otra vez la pregunta ¿qué mente osada, temeraria e intrépida elaborará la prueba que disgregue todos estos factores y examine única y exclusivamente la contribución –o no contribución- del maestro para el aprendizaje del alumno? Sólo en ese caso la calificación para el maestro sería la justa.
Así es que la desobediencia magisterial no se basa en el rechazo a la evaluación per se, sino a la evaluación injusta y de carácter punitivo que ha venido padeciendo y que amenaza recrudecerse con la mal llamada reforma educativa. n
