■ En escala de 1 a 10, obtuvo 5 en procedimientos de auditorías y limpieza en fiscalización
■ La publicación de las cuentas públicas tiene que hacerse a través de Internet, informan
Zacatecas está reprobado en dos aspectos clave en materia de transparencia financiera: procedimientos de las auditorías y transparencia de la fiscalización, según informa el estudio Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia.
De acuerdo con este estudio realizado conjuntamente entre el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, 14 de las 32 entidades del país, dentro de las que se encuentra Zacatecas, obtuvieron calificaciones reprobatorias en transparencia de la fiscalización.
En dicha investigación se diseñaron 35 indicadores que a su vez fueron agrupados en 10 núcleos normativos estratégicos, divididos en tres grandes rubros que son la fiscalización superior, la auditoría gubernamental y su transparencia.
Siendo la puntuación máxima de 10, Zacatecas reprobó tanto en procedimientos de las auditorías como en transparencia de la fiscalización al haber alcanzado una calificación de 5 en ambos núcleos normativos.
En ese tenor, el estado presentó notables fallas al garantizar el carácter público de las labores de la Entidad de Fiscalización Superior Local (EFSL), que en este caso se refiere a la Auditoría Superior del Estado (ASE), la cual tiene la obligación, de acuerdo al informe, “de publicar los criterios para la planeación y ejecución de sus auditorías así como los resultados de las mismas”.
Asimismo, la publicación de las cuentas públicas tiene que hacerse a través de Internet y sin la necesidad del dictamen o aprobación del Poder Legislativo.
Por otra parte, en cuanto al procedimiento de las auditorías, fue éste el otro núcleo normativo donde Zacatecas obtuvo calificación reprobatoria, ya que el estudio señala que en las normas que regulan el proceso para realizar auditorías gubernamentales hay ordenamientos que no contemplan de manera completa y precisa las diferentes etapas del procedimiento.
Ello provoca, apunta el informe, que la “inseguridad jurídica tanto para el sujeto fiscalizado, como para los auditores designados para las revisiones y propicia impugnaciones procedimentales, ralentizando y opacando el objeto sustancial de las auditorías”.
