Coopera para donarle unos lentes al Gobierno federal (y al Legislativo también)

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En los últimos días causó gran polémica que Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, dijera que entre las innovaciones del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia está la entrega de lentes para que los niños permanezcan en la escuela.

Es posible que sea un detalle menor, en medio de una estrategia que está “conceptualizada” como “el instrumento rector que articula las políticas públicas, estrategias y acciones de prevención de las violencias y la delincuencia para incidir desde una perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana y en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria.”

Sin embargo este “detalle” nos trae a la mente la vocación de nuestros políticos por hacer simplificaciones excesivas de una realidad compleja. No es la reducción de la complejidad para atrapar la realidad y ubicarse mejor, para actuar y tomar decisiones relevantes, sino más bien una inclinación por ocurrencia, independientemente de la pertinencia. Decir, por ejemplo, que ponerle lentes a los niños es la mejor forma de abatir la deserción escolar parece a todas luces un exceso.

En este sentido me parece relevante señalar, junto a lo anterior, que en los reflejos de la clase política están normalmente “soluciones” de tipo asistencial, a problemas de tipo estructural. Evidentemente es importante que todos los niños que asisten a la escuela vean bien. Pero quizá, como señala Ana Laura Magaloni en su texto en “Reforma”, “el hambre, la necesidad de ganar dinero y la violencia intrafamiliar, entre otros, son causas centrales de la deserción escolar, y quizá sean mucho más importantes que la discapacidad visual.”

En todo caso preocupa que este “detalle” anuncie la ausencia de un planteamiento bien pensado, desarticulación de las políticas y dinero tirado a la basura. El funcionamiento de las “comisiones intersecretariales” en México deja mucho lugar a las dudas. Para empezar hay que decir que se desconoce el diagnóstico. De otra forma quizá no se pondría en el centro de las innovaciones la entrega de lentes, sino más bien políticas y metodologías adecuadas para tratar factores de riesgo.

El “Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia” www.odisea.org.mx ofrece información relevante sobre la población de 0 a 17 años, que tendría que ser considerada por Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para generar política pública dirigida hacia esas 251 demarcaciones. Algunos de los 27 indicadores que mostramos a continuación pueden dar idea de la problemática y de las acciones que se requieren, como dice Mauricio Meschoulam y otros, para combatir la violencia estructural y fomentar la paz estructural, independientemente de otras acciones precisas para combatir el crimen. “La paz es algo que se promueve, se construye, a partir de condiciones de raíz.”

En los municipios del SUBSEMUN, uno de los ámbitos de intervención del programa mencionado, la población de 0 a 17 años representa el 33.06% de la población total. Esto es un mundo: son 24 millones 719 mil 851 niños, niñas y adolescentes, de los 74 millones 759 ml 880 de personas que habitan esos 251 municipios.

El semáforo indica que, en términos de la garantía de derechos, las 251 demarcaciones SUBSEMUN no representan el peor de los casos. Estos municipios en general, a excepción de algunos como Ocosingo, Chiapas, ubicado en el lugar 2,305, están relativamente bien ubicados en el ranking. El semáforo indica que de este conjunto, 39 se ubican del lugar 1,000 en adelante (sólo tres están por encima del lugar 2,000) y 153 están entre los 500 mejor posicionados de México. La muestra de municipios del SUBSEMUN tiene un sesgo señaladamente urbano, lo que no impide apreciar enormes desigualdades entre municipios y, sobre todo, una magnitud tal de problemas, expresada tanto en términos absolutos como relativos, que exige atención inmediata.

La exclusión educativa, aunque cobra distintas dimensiones, está presente claramente en todos los municipios. Tres de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años, 1 millón 208 mil 920, está fuera de la escuela (30.27%), en las demarcaciones SUBSEMUN. 542 mil 100, cerca de la mitad de esos adolescentes (45.41%), no tienen educación básica. 80 municipios señalan “rojo”. En San Nicolás de los Garza, Nuevo León, cerca de una cuarta parte de los adolescentes que no asisten a la escuela se encuentra en rezago educativo (23.04%), mientras que en esta condición están las tres cuartas partes (75.39%) en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Estamos hablando de 121 mil716 mujeres adolescentes con hijos (15 a 17 años) en los municipios SUBSEMUN y de 254 mil 811 adolescentes de 12 a 17 años unidos en pareja (en este último caso, en 106 municipios el semáforo marca “rojo”. En la delegación Benito Juárez el porcentaje es de 0.36%, mientras que en San Andrés Tuxtla es de 7.26%, veinte veces más).

La tasa de defunciones por lesiones de causa externa entre adolescentes de 15 a 17 años (accidentes, homicidios o suicidios por 10 mil habitantes) en los municipios SUBSEMUN es de 4.44, inferior a la nacional de 4.60. Son 1,913 los fallecidos por este tipo de lesiones. Son 99 municipios los que están en “rojo”. Llama la atención que, en un conjunto de municipios definidos por su importancia para la seguridad pública, en 18 de ellos la tasa sea de 0.0%. Sin embargo en Acapulco, Guerrero, la tasa es de 17.28.

903 mil 598 adolescentes trabajan en los municipios SUBSEMUN. 83 municipios están en “rojo”. En la delegación Benito Juárez el porcentaje de trabajo infantil es de 1.66%, mientras que en San Francisco del Rincón, Guanajuato, es de 28.2%, es decir, que tres de cada diez niños trabajan. La diferencia entre ambos municipios es de casi 17 veces.

En los municipios SUBSEMUN el 8.12% de las personas vive pobreza extrema (en la delegación Benito Juárez el porcentaje es de 0.36%, mientras que en Ocosingo, Chiapas, es de 59.66%, es decir, 166 veces más) y la población vulnerable por carencia de acceso a la alimentación alcanza 24.43% (en la delegación Benito Juárez el porcentaje es de 6.47%, mientras que en Tamazunchale, San Luis Potosí, es de 46.55%, siete veces más).

Todo esto es relevante en sí mismo por las dimensiones de violaciones de derechos de que se trata, pero también en tanto factores de riesgo que favorecen la participación en actividades delictivas. De acuerdo con los “Resultados de la Primera Encuesta realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social”, coordinada por Catalina Pérez Correa y Elena Azaola (CIDE, 2012), que recuerda Magaloni es su texto, los internos sentenciados en el sistema penitenciario federal son principalmente hombres y mujeres jóvenes “con fuertes desventajas sociales”. Provienen de contextos violentos y fueron víctimas de maltrato, sufrieron abandono por parte de sus familias, tuvieron a su primer hijo o se unieron en pareja a temprana edad y estuvieron expuestos a las drogas y el alcohol desde pequeños. La mayoría no terminó la educación básica y comenzó a trabajar desde muy chicos.

Ese es el perfil de los jóvenes que delinquen, víctimas a la vez de entornos terribles y de la falta o insuficiencia de políticas, de un Sistema Integral de Garantía de Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes.

Nuestro semáforo y el estudio del CIDE, siguiendo a Meschoulam, estarían mostrando no las causas de la violencia, sino la violencia misma. Urge atención especial para los más vulnerables, lo que significa garantizar su protección, su salud y asegurar su asistencia a la escuela y, como señala Magaloni, impulsar programas concretos para atacar violencia intrafamiliar, abuso infantil y alcoholismo en el hogar, que en este momento no existen. Sobra decir que se requieren políticas diferenciadas para este espectro de municipios.

¿Qué se va a hacer realmente ante las evidencias mostradas?

Propongo que le donemos unos lentes al gobierno federal, a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (y aprovechamos para comprarle también unos al legislativo, porque sin una ley general de calidad, seguirá aplazándose la creación de ese Sistema de garantías que requerimos): No están viendo que hablamos de millones de niños, niñas y adolescentes, de una masiva violación de derechos, sólo en estos 251 municipios de México. No ven, o no quieren ver, que se requiere un Sistema Integral de Garantía de Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes que haga funcionar la Comisión Intersecretarial que se propone.

Coopera para donarle unos lentes al gobierno federal (y al legislativo también).

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