México, DF. El Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) podría firmarse a partir de la segunda semana de febrero de 2016 por parte de los presidentes de los 12 países que lo negociaron y entrar en vigor hasta 2017, previó el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, al detallar «la ruta crítica» que debe seguirse después de que la semana pasada se hicieron públicos los documentos preliminares.
Guajardo y Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, detallaron el objetivo de los viajes oficiales que el presidente Enrique Peña Nieto, con una comitiva de 29 funcionarios, realizará este mes a Turquía y Filipinas, para asistir a Cumbre de Líderes del G-20 y la 23 Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC), respectivamente.
El secretario de Economía abundó que en este último foro habrá una reunión paralela el 18 de noviembre de los 12 países del ATP para definir la fecha en que los mandatarios deben firmar el acuerdo y calculó que ello podría ocurrir en el segundo mes del año próximo.
Cuestionado sobre los cambios legales que tendrá que llevar a cabo México con el ATP, el funcionario respondió que las adecuaciones que implica cualquier acuerdo o tratado internacional pueden llevarse a cabo con decretos y regulaciones administrativas, y no necesariamente en leyes.
Como ejemplo de «una remediación» acordada en el ATP que, dijo, «podría implicar o no el cambio específico de una ley», el funcionario destacó que en el capítulo de propiedad intelectual se estableció el acuerdo irrestricto a la libertad de expresión y al uso libre de las redes pero al mismo tiempo se obliga a los gobiernos a respetar los derechos de autores y compositores de video, películas música y canciones.
Los países del ATP adoptaron un punto intermedio entre los dos sistemas de protección que actualmente prevalecen en el mundo: el primero convierte a los administradores de las redes en policías del sistema, el cual no era aceptable para México, y el segundo «era tan libre que no era práctico».
Así que lo acordado al final fue que cuando un autor o compositor detecte que alguna de sus obras se difunde ilegalmente sin que se le retribuya ningún beneficio, lo denuncie al administrador de la red, quien a su vez debe notificarlo a la autoridad. Transitoriamente se congela la difusión de ese material hasta que la autoridad declare definitivamente la procedencia o improcedencia del caso.
Es un sistema que actualmente no existe y que, en el caso de México, dará un nuevo rol al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) para que determinen la protección de los derechos de autores y compositores, sostuvo.
Revisión legal de los textos del ATP llevará 3 meses
El secretario reiteró que los textos negociados del ATP fueron traducidos de manera unilateral por cada país asociados para poder difundirlos públicamente a sus ciudadanos, pero acotó que para que el tratado esté listo para ser firmado por los presidentes está siendo revisado y sometido a un proceso de «limpieza legal, que es ordenar lo negociado en una forma congruente, capitular relaciones específicas, homologar términos, poner referencias concretas, apéndices, etcétera. Es un proceso de validación que involucra a los 12 países y conjuntamente se estará llevando en los próximos tres meses para que a partir de febrero lo puedan firmar los presidentes. Con la limpieza legal los textos lucirán en forma diferente pero no en sustancia porque será la misma».
Una vez que el acuerdo sea firmado de manera automática comenzarán los procesos de ratificación por los congresos legislativo o las cortes, según sea el caso para cada país, pues en México sólo corresponde al Senado y en Estados Unidos deben hacerlo la Cámara de Representantes y el Senado.
Guajardo calculó que el acuerdo podría entrar a discusión en el primer periodo legislativo de 2016, con foros de discusión y análisis «que nos llevaría, probablemente, a un periodo de aprobación que seguramente iniciará el primero de septiembre. El Senado tendrá la libertad de poder una decisión en cualquier sentido, incluyendo que consideren un periodo de aprobación distinto al periodo ordinario. En resumen, yo creo que en 2016 el ATP quedará aprobado y dependerá de qué tantos países hicieron el proceso para que pudiera entrar en operación desde la primera parte de 2017», indicó.
Incluso mencionó que el ATP puede entrar en vigor sin que México lo haya aprobado, siempre y cuando se cumpla una condición: «Una vez que sea esto discutido y ratificado por el Senado, en automático estaremos listos para incorporarnos al acuerdo. Hay una cláusula que dice que el ATP entrará en vigor una vez que las 12 economías terminen sus procesos internos de ratificación o, si a los 24 meses esto no ha ocurrido, entonces entrará en vigor si y sólo si hay al menos 6 economías que los hayan hecho y que en su conjunto representen el 85 por ciento del producto interno de la región (PIB)», puntualizó Guajardo.
