Hasta el 75 por ciento de personas privadas de su liberad (PPL) tienen entre 18 y 39 años, y el 70.2 por ciento solo cuenta con educación básica, esto según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL, 2021), Zacatecas albergaba hace cinco años a 2 mil PPL de las cuales el 90.8% son hombres y el 9.2% son mujeres.
La reinserción social de las personas privadas de la libertad se complica con la grave escasez de oportunidades laborales y educativas en un estado como Zacatecas, ya que según especialistas, requieren programas con herramientas reales y útiles para la vida post reclusión, en lugar de actividades sin impacto a largo plazo.
Además, un factor que también influye y obstaculiza el proceso es la razón de género, ya que a pesar de que el número de mujeres reclusas es menor al de los hombres, muchas de ellas no reciben visitas y permanecen solas, por lo que quedan abandonada por sus familiares.
Amada Hernández, egresada de la maestría en Estudio y Solución de Problemas Públicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), explica que uno de los principales problemas en la reinserción es que las instituciones penitenciarias, en su mayoría, priorizan la seguridad sobre la rehabilitación de las personas internas.
Lo anterior obedece en buena parte a la compleja realidad nacional de prisiones que se ven obligadas a segregar y mantener una estricta vigilancia de los diferentes grupos criminales, para evitar riesgos a la vida.
En una sociedad con niveles cada vez más altos de exigencia y formación académica, las personas que salen de los Centros de Readaptación Social (Ceresos) tienen dificultades para competir por empleos dignos al provenir de contextos en los que es común que no les dieran oportunidades para desarrollar una trayectoria escolar o laboral convencional.
“La falta de habilidades para llenar una solicitud de empleo, por ejemplo, genera inseguridad y miedo al fracaso”, detalló, y añadió que sin un apoyo adecuado, muchos optan por regresar a actividades delictivas, lo que perpetúa el ciclo de reincidencia.
Incluso a pesar de contar con habilidades y deseos de cambiar, las personas ex internas son señaladas y limitadas en sus oportunidades laborales, describe Hernández.
Puntualiza que la solicitud de cartas de no antecedentes penales son un obstáculo importante para las personas que salen de prisión y buscan empleo.
Indicó que, aunque hay personas que tienen habilidades y capacidades intelectuales para acceder a trabajos mejor remunerados, el hecho de que muchos empleadores pidan esta carta limita severamente sus oportunidades laborales, lo que las obliga a recurrir a empleos precarizados en fábricas o como albañiles.
A pesar de que se han hecho esfuerzos para revertir este requisito, las empresas siguen priorizando su libertad para establecer sus lineamientos en las contrataciones, sin atender al hecho de que pedir una carta de no antecedentes penales contribuye a la discriminación de las personas ex internas.
Respecto a la cuestión de género, la investigadora alude a la feminización del abandono, describiendo como a diferencia de los hombres, que reciben visitas constantes, muchas mujeres en prisión quedan completamente solas, lo que agrava su aislamiento y dificulta aún más su reintegración.
«Para la familia es como si ya estuvieran desterradas, como si ya no existieran, solo por haber cometido un delito», comenta. De las más de 200 mujeres reclusas, apenas una decena recibe visitas íntimas de sus parejas, describe.
En contraste, la situación de los hombres es completamente diferente. Fuera de los centros penitenciarios varoniles se forman largas filas de esposas, hijos y familiares que los visitan diariamente. «Hay filas enormes de mujeres y niños que vienen a verlos todos los días, les traen comida, ropa, artículos de higiene».
La sociedad parece justificar los actos delictivos de los hombres con un velo de comprensión. «Es que no le quedó de otra, tuvo que salir a buscar dinero”, mientras a las mujeres se les reprocha duramente haber “elegido las actividades delincuenciales a sus deberes como madres o cuidadoras”, refiere la investigadora.
Para mejorar la reinserción social en Zacatecas, la entrevistada propone una reforma integral que aborde tanto la empatía social como la creación de oportunidades reales para quienes recuperan su libertad.
Sugiere incentivar a las empresas con beneficios fiscales para que contraten personas ex internas, mientras llama a la sociedad a derribar los estigmas que los marginan. Además, resalta la importancia de ofrecer programas educativos y laborales más efectivos dentro de los centros penitenciarios.
Todo esto debe partir de una colaboración más estrecha entre el sistema penitenciario, la sociedad y las empresas para que las personas privadas de la libertad puedan integrarse plenamente, en beneficio de la sociedad entera, refiere Amada Hernández.
