El artículo 115 de la Constitución de la República le asigna a los municipios la función de la seguridad pública. Sólo pone la función en general, pero no menciona ningún modelo a través del cual debe realizar dicha tarea. Lo que sí queda claro es la remisión al artículo 21 del mismo texto constitucional, que prohíbe a las autoridades municipales conocer de delitos, y sólo le deja la posibilidad de conocer de faltas. La persecución de penas le corresponde al Ministerio Púbico. El caso de la policía municipal, por tanto, queda restringida a la prevención de la comisión de delitos. Con este marco, es suficiente para alejar a las policías municipales del enfrentamiento a los miembros del crimen organizado. La tarea de investigar y perseguir delincuentes corresponde a otros niveles de gobierno y otros cuerpos policiacos.
En este contexto es absolutamente absurdo dotar de formatos de acción y equipos militarizados a las policías municipales. Si su tarea es la prevención (no sólo disuasoria), pues su formato debe ser de proximidad y parecerse más al trabajador social que al militar. Además, la capacidad de fuego y el poder corruptor (ya medidos) de las bandas del crimen organizado es tan grande, que dedicar a las pequeñas policías municipales a tareas que las aproximen a las acciones con estos grupos, lo único que consiguen es entregar los cuerpos de seguridad al crimen organizado. Por ello, no es gratuito que las bases de operación y reclutamiento de los cárteles, para el control de sus territorios, sean las policías locales. El modelo actual es no sólo inefectivo o absurdo, sino que es el abierto cultivo de un peligro y el indirecto financiamiento a los criminales.
Por el contrario, las policías municipales deben desarmarse y deshacerse de su equipo militar, para reconvertirse en cuerpos civiles de seguridad preventiva. Lo cual significa que su trabajo, tarea, metas, formatos de acción y equipamientos deben ser otros. Conocer a los vecinos de un barrio, comunidad o colonia, ganarse su confianza (rapport), para operar con sus habitantes programas y proyectos para la prevención y monitoreo de su seguridad. Las estrategias de exámenes de confianza o los mandos únicos son un fracaso porque parten de falsos supuestos en los fundamentos de dichos planteamientos. Policías de proximidad pueden (o deben) ser contratados por los mismos habitantes a quien va dirigido el servicio, con lo que se asegura la confianza en su operación. Además, la capacitación debe centrarse en la observación y trato de población vulnerable, orientación, conducción de situaciones de riesgo, etcétera. Y no el lerdo rondín de personajes armados y cubiertos del rostro subidos en una camioneta portando armas de guerra. Infiltrados y peligrosos. Cuando se aproxima una camioneta de policías municipales la ciudadanía detecta peligro y no confianza. Los estudios son muchos sobre el tema y hay múltiples propuestas para enfrentar el problema, y sin embargo, los gobiernos no dejan de gastar enormes sumas de recursos públicos en repetir el esquema del fracaso. Gobierno mostrenco que mejor sería no actuara. Gobierno productor de males mayores.
