“Jenny González Arenas afirmó que la reafiliación no se puede hacer de manera automática”, “Explicó que, a partir de la reforma laboral en 2019, se estableció que las personas deben manifestar de manera libre, voluntaria, personal y directa su voluntad de pertenecer o no pertenecer al sindicato y, en consecuencia, el SPAUAZ no puede ser omiso a esos procedimientos” (“Asevera Jenny González que demostrará ante Tribunal Laboral que no se incurre en violaciones” La Jornada Zacatecas, 15/nov/23). De manera enfática y grave lo reiteró en todos los medios de comunicación a su alcance, para lo que invirtió sustanciales recursos de todos los sindicalizados en esa labor. La secretaria general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), Dra. en Derecho Jenny González Arenas, creyó tener la lectura correcta tanto de la reforma laboral del año 2019 a la Ley Federal del Trabajo como de los Estatutos del SPAUAZ. Tanta era su seguridad que hizo caso omiso de las voces que argumentaron que, ni el estatuto exigía una reafiliación para integrar el padrón de votaciones, ni la interpretación que daba a la reforma laboral era correcta. No le importó. Aquellos que pensaban que sus derechos habían sido vulnerados, y estaban fuera del padrón porque la secretaria general los había excluido por no reafiliarse, realizaron tres tomas de la sede en la cual se citó a la Asamblea General del SPAUAZ para votar sin considerarlos. Esos actos políticos no lograron que la Dra. González, o sus asesores, reconsideraran la situación. Mediar, para ellos, implica rendirse. Aunque no hay lugar para esa acre actitud, pues los sindicalizados estamos comprometidos con el mismo objetivo: mejorar las condiciones laborales de todos. Un grupo, las Delegaciones Sindicales Democráticas, decidieron recurrir al Tribunal Laboral, producto de la reforma de 2019. Ahí se dirimiría el contenido de la controversia entre los agremiados al SPAUAZ. ¿Cuáles fueron los resultados? Varios, todos de alcance colectivo, aunque los asesores de la Dra. González creen prudente minimizar y callar. He aquí uno de los más relevantes, pues contiene el núcleo del debate: “ese requisito (la reafiliación) no encuentra sustento jurídico alguno, pues en los estatutos del sindicato que representa (la Dra. González), únicamente se habla de una solicitud de afiliación, y si los actores (quienes interpusieron la demanda), o cualquier otro trabajador, ya son trabajadores sindicalizados, no tiene porqué condicionar sus derechos sindicales a que presenten esa nueva solicitud de “reafiliación” que refiere.”. Como se argumentó en su momento, la “reafiliación” es para quien no está afiliado y el Tribunal Laboral está de acuerdo con esta idea. ¿Cuáles son las consecuencias de este “error” de la Dra. González y sus asesores? La primera y notoria es la nulidad del padrón confeccionado desde parámetros erróneos. Una segunda consecuencia, que es auténtico papel tornasol para aquellos que creyeron en el “Grupo Plural”, consiste en la violación del estatuto debido a que impuso un requisito no contemplado en aquellos. Integró un padrón bajo la premisa que se requería algo denominado “reafliación”. Acudió a la reforma laboral de 2019 para justificar esa imposición. Debido a que tal lectura resultó equivocada, el acto de la secretaria general equivale a arrogarse el derecho de modificar el estatuto, por ende, incurre en causal de responsabilidad de acuerdo al artículo 31 de los estatutos que transgredió Aquí cabe una deliciosa ironía: ese artículo es el que invocó el Grupo Plural para levantarse contra el Ing. José Juan Martínez Pardo por ¡violación de derechos de los agremiados! Tercera consecuencia, debido a que exigió, equivocadamente, una “reafiliación” para integrar el padrón, conculcó de manera generalizada los derechos de los agremiados. Así que violación de derechos y toma de atribuciones que no le corresponden. No supo interpretar la ley. ¿Un error? Se argumentó en su momento, por ejemplo, que el Ing, Martínez Pardo cometió un error por confusión en la interpretación de la reforma laboral. Desde los cuarteles del Grupo Plural se utilizó un apotegma: “No hay equívocos en la interpretación de la ley, sino definiciones políticas, y el Ing. Martínez Pardo definió violar los derechos de los sindicalizados”. ¿Piensan igual, todavía, los adherentes a la ideología del Grupo Plural? ¿la Dra. González no cometió un error en la lectura de la ley, pues es especialista en derecho, sino que tomó la definición política de excluir a más de 500 sindicalizados, así como de promover una propuesta represiva desde el SPAUAZ? En cualquier caso, error o definición política, es claro que la confianza que haya sido depositada en ella como dirigente de los destinos del sindicato está erosionada. Para mayor claridad: no se puede confiar en quien, sea por sus pocas luces o aviesos intereses, no sólo condiciona los derechos de los miembros del SPAUAZ, sino que dispendia recursos en cultivar ese sofisma en los medios con el dinero de todos. La política del comité ejecutivo 2023-2026 es un desastre. Y para colmo, la secretaria de actividades culturales, Dra. Sonia Viramontes Cabrera: “sí, reconoce que ha acudido con los demandantes a las asambleas delegacionales y se ha dirigido de forma denostativa hacia los actores; que es cierto que ha referido conductas de discriminación a….”. Debería presentar su renuncia por dignidad.
El SPAUAZ en su laberinto. El desastre
