No es el espacio desde donde le gustaría injerir en el proceso electoral actual, pero después de sus infructuosas gestiones para lograr subir a la lista de candidatas del Revolucionario Institucional a la próxima Legislatura, Leticia Soto debe de cerrar ese capítulo de aspiraciones políticas y enfocar sus baterías en la crisis de seguridad innegable que se vive en Zacatecas.
Tiene encima varias averiguaciones que confirman que en el último tramo de la administración de Miguel Alonso la violencia no se ha contenido efectivamente sino que incluso se ha disparado.
Apenas en una semana se han juntado el asesinato de un joven estudiante en el municipio de Guadalupe, otro más –un lavacoches- en Fresnillo, la masacre de una veintena de personas -o más- en un centro nocturno de la zona conurbada, la desaparición de un aspirante a una candidatura independiente también en Fresnillo, y el hallazgo de un cadáver con varios impactos de bala cerca del “Tec Regional”, entre los casos que sí se han documentado en medios locales y nacionales.
En el inter, el secretario de Gobierno, Jaime Santoyo ha caído en la misma confusión comunicacional en que hace poco se encontró su buena amiga la procuradora Soto. En Twitter informaba, cual vocero de la Policía Estatal Preventiva, que se había atendido un reporte de detonación de arma, en la avenida Pedro Coronel, el cual resultó ser falso.
Persiste en el Grupo de Coordinación Local (donde distintas autoridades coadyuvan en la atención al fenómeno delictivo y de inseguridad) todo menos coordinación. No saben cuándo delegar tareas operativas a quienes les corresponden. Quieren acaparar la atención de la opinión pública con partes policiacos, lo que provoca que a la hora de hablar como funcionarios de estado su institucionalidad no sea mayor que la de ocasionales portavoces.
Quien debiera mostrar respeto e interés por la información de inteligencia que el gobierno de Estados Unidos advirtió el pasado 19 de enero -un comunicado donde emitió una Alerta de Viaje para su ciudadanía que tuviera como destino distintas ciudades del país- es el primero en descalificar las condiciones que describe el gobierno vecino sobre inseguridad generalizada en México: el secretario del interior.
No sólo reedita el vergonzoso papel de Francisco Escobedo en la misma encomienda, sino que además queda expuesto sobre su capacidad de prever la formación de mareas de violencia que impactan profunda y negativamente en la imagen de –un de por sí ya desgastado- Miguel Alonso. De nadie más.
En la Alerta de Viaje el gobierno norteamericano es muy claro sobre el panorama de conflicto entre grupos de la delincuencia organizada, y previene “de particular atención por inseguridad son los casinos y establecimientos de apuestas o de entretenimiento para adultos”. Ocho días después las terribles imágenes del incendio en un centro nocturno de Guadalupe forraron las portadas de los diarios.
Ante la tragedia, la procuradora estatal también debiera de salir del punto ciego. Aunque lo niegue, el hecho de que una cantidad mínima de delitos no terminen en averiguaciones previas no se traduce en una menor incidencia en la tasa delictiva.
El fenómeno es proporcional respecto al índice de percepción pública de la inseguridad. Desde 2012 el Instituto Nacional de Geografía y Estadística reportaba en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), capítulo Zacatecas, constantes incrementos anuales en comisión de delitos y víctimas, al mismo tiempo que la cifra negra (ilícitos sin denuncia y sin averiguación iniciada) se disparaba.
Empero, fiel a su capacidad de transformar el discurso de acuerdo a su entorno y sus circunstancias, la procuradora estatal ha preferido desacreditar el trabajo de otra institución de Estado, como lo es el Inegi, ya que desde su perspectiva del formato de la encuesta “no es muy confiable”.
En ese entendido, no resulta extraño que la jefa de los ministerios públicos, y el encargado de la política interna ni siquiera puedan reconstruir su narrativa (ficticia) frente a la opinión pública. Para ellos los datos e indicadores que marcan la tendencia y retratan de manera concisa la innegable violencia, no son sino una especie de propaganda negativa en contra del gobernador.
Es decir, no hay un “esfuerzo” (actitud favorita del mandatario estatal) sensato en el gabinete de seguridad por empezar a reconocer que el estado sigue desprovisto de seguridad, que el proceso electoral ya ha sido afectado por el fenómeno, y que Miguel Alonso hereda un cierre de sexenio parecido al que encontró en 2010 con violencia generalizada.
Si modificaran la tónica de su discurso al menos podrían salvar una parte de la percepción negativa del partido al que dicen apoyar. Las encuestas de consumo interno en las casas de campaña de diversos aspirantes manifiestan que la inseguridad será un tema tan vivo en los debates, que los millones invertidos en ese rubro parecerán haberse evaporado. ■
