Este año ya está marcado como el de los grandes cambios en la vida humana y planetaria. Quien no lo considere así podría estar percibiendo la realidad de modo equivocado, y quienes se opongan al advenimiento de esos cambios, además de estar del lado equivocado, estarían dejándose llevar por la contracorriente de la historia.
No solo es que los modelos económicos vigentes estén excesivamente gastados y su eficiencia haya descendido a niveles insostenibles, sino que la evolución exige salir de rutas probadamente intransitables para empujarnos hacia caminos menos riesgosos y con mayores posibilidades de mejorar la vida de las personas, los animales, las cosas y la vida misma del planeta. Necesariamente hacia allá vamos.
Acorralada la humanidad por el Sars-CoV2 o Covid-19, lentamente avanzamos hacia una etapa en la que todo deberá ser diferente a lo prevaleciente antes de que la pandemia empezara a hacer estragos en la mayoría de los países. Los mejores pensadores de nuestra época coinciden en la necesidad de transformar todo lo que ha funcionado mal o simplemente ha dejado de funcionar. A esa transformación es a la que apuestan ciudadanos y gobernantes. No hay opciones.
Esta necesidad de cambio abarca primeramente a las personas y después, principalmente, a las instituciones que rigen nuestra sociedad. Habrá quienes todavía se nieguen a aceptarlo, pero si realmente queremos superar la actual situación de confinamiento, desconfianza e inseguridad, finalmente deberemos aceptar que la transformación debe darse en todos los ámbitos.
Por esta circunstancia creemos que los cambios deberán aceptarse, aunque en principio nos cueste trabajo. Gran parte de lo que en decenios se construyó fue hecho sobre cimientos débiles que tarde o temprano se reblandecerían y después se derrumbarían, tal como ocurrió al sistema de pensiones en la mayoría de los países, fueran de economías emergentes o bastante sólidas y prósperas. Estas últimas tuvieron y tienen capacidad para reconstruirse, más o menos sin afectar a los pensionados. No así las naciones de economías frágiles, donde los reajustes han sido verdaderamente traumáticos para los beneficiarios. Esto es, precisamente, lo que sucede en México y por extensión, en Zacatecas.
Hace casi cuatro meses el gobernador Alejandro Tello Cristerna me honró al designarme director general del ISSSTEZAC, para lo cual debí renunciar a la titularidad de la Coordinación Estatal de Planeación, COEPLA. Era febrero y el Instituto atravesaba una situación tan difícil que su existencia estaba amenazada. Sabía desde entonces que no me esperaba una alfombra roja, sino una vereda difícil, cuesta arriba y con grandes escollos. Gustoso, con el ánimo de servir mejor al Gobierno del estado y a la ciudadanía zacatecana, asumí con responsabilidad, compromiso y entusiasmo la nueva encomienda.
Y aquí estamos, tratando de convencer, de consensuar voluntades entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, entre los niveles de gobierno, las instituciones públicas, los actores políticos, dirigentes sindicales, empleados de los gobiernos estatal y municipales, trabajadores y beneficiarios del ISSSTEZAC y pensionados.
Convencer y consensuar son las palabras clave, porque la reestructuración que requiere el instituto de los trabajadores del estado no es sencilla y hasta podría decirse que dolorosa. Hace unas semanas la Auditoría Superior del Estado (ASE) entregó a la 63 Legislatura los resultados de una auditoría solicitada por los mismos diputados, la cual abarcó el desempeño del Instituto durante el sexenio de Miguel Alonso Reyes y lo que va del quinquenio de Alejandro Tello Cristerna.
Emitieron los auditores 32 observaciones y propuestas de acciones por emprender. En general, exhortan a hacer una urgente reestructuración, reformar el marco legal y sanear la gestión financiera.
Lo anterior incluye cesar el pago de prestaciones a los pensionados como aguinaldo, bonos del día del maestro, del servidor público, de despensa bimestral, de despensa de estímulo por el día del pensionado, de despensa adicional a la gratificación anual y bono solidario, por ser prestaciones no establecidas en la Ley de 1986.
Otra recomendación es la de desincorporar las áreas empresariales que no beneficien al Instituto y la disminución de la plantilla de personal, para evitar la duplicidad de funciones.
Hay otras muchas recomendaciones que el ISSSTEZAC debe cumplimentar de inmediato y todas serán afrontadas con el objetivo de que la 63 Legislatura apruebe las reformas legales requeridas con urgencia para rescatar al Instituto y darle estabilidad.
Por nuestra parte, actuaremos con imparcialidad, honestidad, responsabilidad, profesionalismo, transparencia y rendición de cuentas, a fin de ser respaldados comprometidamente por los trabajadores del estado, del Instituto, de los beneficiarios y pensionados y jubilados.
*Director general del ISSSTEZAC.
