La información del propio gobierno federal muestra que naufragó el programa de créditos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes), traspiés que se agudizó en la vertiente de Crédito Solidario a la Palabra a cargo del IMSS. Esta dependencia dispuso de 1 millón de créditos de 25 mil pesos y solo colocó 191 mil, lo que representa una cobertura de apenas el 19% de la meta planeada.
Dado que fue el mismo presidente de la República quien decretó esta política, como parte de su programa para reactivar la economía, la responsabilidad del fracaso recae en él. Efectivamente, el 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto presidencial de política de austeridad en el que, en su Punto IX, anuncia que su gobierno otorgará tres millones de créditos a personas y a pequeñas empresas familiares.
En la conferencia de prensa que impartió un día después el Presidente, acompañado de la secretaria de Economía, del Director del IMSS y del Coordinador General de los Servidores de la Nación, precisó que dos de esos 3 millones de créditos se otorgarían como parte del “Programa de Apoyo Financiero para Empresas Familiares” que operó con dos modalidades: 1) la de las empresas formales que dan de alta a sus trabajadores en el IMSS, y 2) la de las empresas informales, cuyo requisito fue el estar inscritas previamente en el llamado “Censo del Bienestar” que levantaron los Servidores de la Nación. Cada una de esas modalidades otorgaría un millón de créditos de 25 mil pesos.
En su modalidad para empresas formales, el programa quedó inmediatamente marcado por el clientelismo electoral, pues el IMSS incluyó, como aviso de aprobación de los créditos, una carta dirigida a los beneficiarios con el nombre y cargo del Presidente. Ello provocó la inmediata queja del PRD y de otros partidos, así como la crítica de buena parte de la opinión pública, por lo que el INE debió ordenar al gobierno el retiro de dicha misiva mediante un acuerdo de medidas cautelares.
El día 15 de mayo, el IMSS anunció que el programa se cerró con 191 mil créditos colocados en la modalidad a su cargo, lo que representa apenas el 19% del millón de créditos previsto. Seguro que el escaso interés se debió a que era mínimo el monto del crédito brindado, a que las empresas formales, al estar plenamente identificadas, no podrían eludir el pago del mismo más los intereses devengados y, quizás en menor medida, al rechazo de los empresarios hacia el clientelismo electoral descarado.
La otra modalidad, dirigida a empresas del sector informal, quedó a cargo de la Secretaría de Economía y de los Servidores de la Nación. En este caso, el avance fue sustancialmente mayor pues se alcanzaron los 964 mil créditos colocados. Habría de conocerse y auditarse el padrón de beneficiarios para hacer la evaluación de esta parte del programa, pero al parecer fue más apreciada porque, a pesar de que igual se estableció la obligación de las empresas de pagar el préstamo más los intereses, los beneficiarios en este caso, siendo informales, no están tan atados a ese deber como las empresas que le responderán al IMSS y a Hacienda.
La modalidad a cargo del IMSS apenas dispuso de 4 mil 775 millones de pesos de los 25 mil millones disponibles, lo que implica un subejercicio del 81%. Si se suman los alcances de ambas modalidades, el subejercicio es superior al 40%, lo que en el contexto de la emergencia económica sigue siendo un rotundo fracaso.
Por otra parte, no parece ser el principal objetivo gubernamental el mitigar los efectos catastróficos de la crisis económica del covid-19 pues, en ambas vertientes del Programa, quedó al descubierto el clientelismo electoral que lo inspira: en el primer caso, con la carta presidencial; en el segundo, con la utilización del “Censo del Bienestar” y la participación de los Servidores de la Nación, sesgadas en favor de la base de apoyo de Morena.
