Con la emergencia de la pandemia se llegó a pensar que los delitos irían a la baja, suponiendo que los grupos delictivos estarían inactivos porque la ralentización de la economía disminuiría sus expectativas de obtener dinero; y además porque el ocultamiento de la población en sus hogares desaparecería el objeto de atraco o agresión. Pues nada: los supuestos resultaron falsos. Los indicadores de criminalidad continúan en aumento.
Los cárteles sostienen el control de los territorios apoyados con los pequeños grupos delincuenciales del fuero común, que conocen bien las localidades y son fuentes invaluables de información menuda para aquellos. También lo hacen a través del control de las autoridades municipales y sus policías. Al contrario de los supuestos que arriba mencionamos, la pandemia ha venido a reforzar el poder de los cárteles sobre los territorios que pretenden dominar: se les ve repartiendo despensas y haciendo préstamos a pequeños negocios. Aquel que admite su paquete de alimentos o, peor aún, el que acepta sus préstamos, en automático se ha convertido en parte de sus redes: le pedirán obediencia o ‘lealtad’ al grupo delictivo que lo ayudó. Son formas de ampliar su poder y sustituir al Estado. Igualmente, su ejército (delincuencial) de reserva aumenta y, con ello, la posibilidad de desechar ‘personal’ también crece. Por tanto, pueden tomar riesgos que implican perder sicarios, porque los pueden sustituir con facilidad. Su tasa de remplazo se hace como la espuma. En suma, los equipos delictivos están poco confinados y activos como bobina. ¿Y el gobierno?
El gobierno tiene actitudes sin compromiso: los gobernantes nadan de muertito. Mantienen algunas acciones para no ser acusados de no hacer nada, pero al mismo tiempo lo hacen sin ‘meterse en problemas’ con los grupos delictivos. Cuando no están vinculados con ellos. El poder intimidatorio y corruptor de los cárteles ha sido imparable. Los centros penitenciarios son una muestra de lo que afirmamos: ni dentro tienen control, menos lo tendrán afuera. Después de los eventos aciagos de hace unos días en Cienegillas, esperábamos que los legisladores mandaran llamar a los secretarios de Seguridad y General de Gobierno para pedirles cuentas y exigir alguna evaluación del desempeño de las áreas penitenciarias, y nada. Ni los diputados quieren incomodar a los cárteles. El Estado está doblado. El propio Gobierno Federal había prometido emprender la despenalización de las drogas como medida efectiva contra ese mal, y tampoco nada, ya se olvidó el tema. ¿Entonces estamos ante una fatalidad donde nada se puede hacer?
Los gobiernos locales e intermedios pueden concentrarse en lograr el control de los territorios por el Estado y la sociedad civil. Pero se requiere de funcionarios que sepan de esto y tengan capacidades relacionales. Pero con los perfiles actuales de los titulares de la Secretaría de General de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad, poco se puede hacer. El foco de la estrategia de seguridad no es la simulada capacitación de estados de fuerza (policía o ejército), sino el control socio-estatal de los territorios. Mientras eso no se entienda, la misión primaria del Estado será una utopía.
