El 22 de febrero de 1913 fueron asesinados Francisco I Madero y José M. Pino Suárez, presidente y vicepresidente de México. Sus muertes, su destitución, la decena trágica y el asalto al poder han sido atribuidos a Victoriano Huerta y otros, a lo más se señala al “Pacto de la Embajada” de Estados Unidos (EU) por la intervención del embajador, incluso se ha definido como Golpe de Estado, pero no se atribuye al gobierno de EU, solo señalan la intromisión del embajador, como si fuera autónomo. Cuando en realidad fue un Golpe de Estado del gobierno de EU y la oligarquía, pues ninguna embajada actúa independiente de su gobierno, menos tanto tiempo: del 9 al 19 de febrero de 1913 fue la decena, el 17 firman el Pacto y hasta el 22 el magnicidio.
La dictadura de Porfirio Díaz de 36 años garantizaba los privilegios de los empresarios yanquis, igual que los abusos de la oligarquía nacional. El gobierno yanqui y los oligarcas mexicanos fueron los verdaderos autores del Golpe de Estado; Huerta, el embajador y los demás solo fueron los mercenarios al servicio de los poderosos: querían perpetuar la dictadura a través de Huerta, el usurpador visible.
Madero creyó que el solo cambio de presidente y gobierno permitiría el cambio profundo del país, cuando el ejército era la columna vertebral de la dictadura que negaba cualquier libertad, solo permitía la simulación y una estructura socioeconómica polarizada en la desigualdad entre la minoría dueña de todo y la mayoría en la miseria.
Madero tuvo la virtud de aglutinar el descontento popular contra Díaz, de ganar la elección de 1911 e iniciar la guerra hasta lograr la huida del dictador. Estableció un gobierno democrático y honesto, pero dejó intacta la estructura del poder socioeconómico y militar. Previo al Golpe de Estado, de fines de 2011 al inicio de 1913 la prensa, hoy los medios, atacó sistemáticamente a Madero y su gobierno; ya desprestigiado, la reacción se reagrupó en la Decena Trágica y Plan de la Embajada.
Hoy, en la ONU, es de explorado derecho el papel de los mercenarios -sea periodistas o militares- que dan la cara, y los enmascarados que son realmente los que impulsan, primero a desestabilizar un gobierno y después se convierten en golpistas, hasta lograr su objetivo: dar un Golpe de Estado al gobierno. Surgido del voto popular y la legalidad.
Desde la actuación de los mercenarios en los medios de información se prepara el terreno, conforme avancen el desprestigio y desestabilización del presidente y su gobierno. Atentan contra la libre determinación de los pueblos, el Estado de Derecho y la soberanía nacional y popular.
La libre determinación de los pueblos es la base de la soberanía, para gobernar y elegir libremente a los gobiernos, sin intromisión de terceros, sean particulares, empresas o estados los que se mueven con fuerza y poder detrás de los mercenarios. Así lo señala la Resolución 1987/16 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que “condena a los mercenarios y a los que se de ellos”.
En el Código Penal Federal se tífica como delito de sedición la o las actividades de los mercenarios y a las de los que se sirven de ellos, ver artículos 130 en sus dos párrafos, el 132 fracción III, 141, 142 y 164 bis ya señalados por el abogado José Lavanderos, con castigos de cárcel y multas, según la gravedad del caso, con el que “ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones”. Como es invitar a desconocer al presidente, electo por más de 30 millones de ciudadanos, como lo hizo el millonario Martín Bringas.
Las actividades de los mercenarios y las de los que se sirven de ellos, son un asunto de claro corte político contra la ciudadanía, no sólo la que eligió al gobierno, sino contra los que estamos por vivir bajo el Estado de Derecho y en la paz de la nación y el mundo.
Sobre todo en tiempos de emergencia sanitaria para la humanidad, nos parecen doblemente despreciables quienes protegiendo sus mezquinos intereses millonarios, los anteponen a los de la población mayoritaria, con actividades ocultas y cobardes. “De mala fe”, dice el canal 11.
Por lo cual, la respuesta a los mercenarios públicos y agazapados corresponde al gobierno, pero más al ciudadano “que tiene conciencia de sí mismo y que por ello sabe reconocerse en sus semejantes”, dijo José Revueltas. Los que se sienten iguales a los demás seres humanos y hoy llaman a la solidaridad ante la pandemia del Covid-19.
El conflicto actual de los empresarios con el gobierno es porque en la política económica oficial coyuntural, ellos no son los privilegiados, el Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos patronales están desesperados por no ser los primeros beneficiados, como antes era con los gobiernos del PRI y el PAN al servicio de ellos. Ese es el meollo de la lucha política. A la que obedecen muchos medios (des)informativos retardatarios, capaces de mentir con tal de desprestigiar al gobierno.
Este momento político reclama la mayor participación ciudadana, como bien señala lo señala el senador Napoleón Gómez Urrutia: es la hora de que el pueblo hable y haga valer su libre voluntad: ¡En hora buena! ■
