Hace alrededor de una década se encendieron en el mundo las máximas alertas: Los sistemas pensionarios habían pasado de la etapa crítica, a la etapa terminal. En México, la situación comenzó a cimbrar a los institutos de pensiones allá por 2010, sin que sus responsables tomaran precauciones.
El país se debatía entonces entre dos México: el que pujaba fuerte en la macroeconomía y el de la microeconomía, sostenida por la fuerza y creatividad de casi la mitad de la población, el México de la informalidad. Se pregonaba que si a la macroeconomía le iba bien, la micro sería beneficiada en la misma medida. No fue así: la macro se convirtió en mega, hasta codearse con las economías más ricas del mundo y por eso aquí florecieron algunas de las empresas globales más prósperas y adineradas y algunos de los hombres más acaudalados. En cambio, la microeconomía empequeñeció, se empobreció gradualmente. Todavía en 2010 se esperaba que, en algún momento incierto, la situación se revirtiera y la riqueza de la cúpula empezara a derramarse para aligerar la carga de los de abajo, milagro que nunca llegó porque el buque del mercado libre comenzó a hacer agua.
Se creía que era posible rescatar los sistemas pensionarios que desde mediados y hasta fines del siglo pasado fueron motivo de legítimo orgullo para los mexicanos. Quienes los administraban y los gobernantes se ufanaban de un Estado capaz de recompensar satisfactoriamente y de por vida a quienes habían dado, bien o mal, una parte de su vida productiva a la administración pública.
Los cálculos fallaron. En la planeación del financiamiento del sistema pensionario nacional hubo marcados errores de cálculo y también omisiones: el desmedido e irracional crecimiento de la burocracia; proliferaron en todo el sector público subsecretarías, comisiones, institutos, consejos, fideicomisos y fundaciones, todo para favorecer con empleos a amigos o para pagar favores y votos políticos. Todo esto, permeado por la corrupción, signo distintivo de anteriores sexenios gubernamentales.
Se ensanchó la franja de la alta burocracia, la de excesivas prebendas que permitían a funcionarios de alto rango vivir como potentados árabes. Comían, vestían, paseaban, se divertían y llenaban su vida y la de sus familias y amigos de lujos y excentricidades no a costa de sus generosos salarios, sino con cargo al erario.
Este trajín, prolongado durante sucesivos sexenios, debilitó primero las finanzas públicas y luego las colapsó, hasta llegar al punto en el que al Estado le es difícil sostener los beneficios que durante más de medio siglo han recibido quienes se desempeñaron en las administraciones públicas federales y estatales.
Otro elemento tampoco considerado en las proyecciones fue el cambio en la esperanza de vida. La modificación de los patrones demográficos resultó inusitado, porque desde hace más o menos dos decenios la gente vive más tiempo, precisamente gracias a los mejores niveles de vida alcanzados durante los años 50 y 60, cuando los servicios de salud vivieron su esplendor y la alimentación de los mexicanos enriqueció sustancialmente. Las generaciones nacidas en aquella época hoy tienen expectativas de vida muy superiores a 75 años.
A grandes rasgos, este es el escenario en el que, desde hace algunos años y hasta la actualidad, transita el ISSSTEZAC. En 2015 hubo una importante reforma legal para rescatar el sistema de pensiones, pero fue insuficiente porque sentó las bases para resolver problemas inmediatos pero le faltó visión a largo plazo.
Ahora urge una nueva arquitectura en el andamiaje nacional de seguridad que incluya coberturas para invalidez y vida, riesgos de trabajo, salud, ayuda social, desempleo y pensiones, hecha con visiones multifactoriales y decisiones políticas que abran vías financieras seguras, bien cimentadas, perdurables, y sobre todo, transexenales y comprometidas totalmente con la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas.
El ISSSTEZAC, que representa 24 mil derechohabientes y 920 familias de trabajadores, está en un peligroso punto crítico, pero es compromiso y convicción de Alejandro Tello Cristerna sacarlo del atolladero. Pago de salarios, pensiones, prestaciones y mantener la planta laboral y el patrimonio de los trabajadores constituyen la máxima prioridad del Gobierno de Zacatecas y de la Junta Directiva.
El logro de los objetivos obliga a imponer una reforma absoluta, totalmente renovadora y con visión de Estado; un replanteamiento integral del sustento financiero y la unión de todas las fuerzas sociales, políticas y sindicales. Solo así, mediante un nuevo pacto, podremos conservar un Instituto capaz de cumplir cabalmente su misión de bienestar para zacatecanas y zacatecanos. ■
*Director general del ISSSTEZAC.
