Desde que Carlos Salinas de Gortari convenció a Miguel de la Madrid de heredarle a como diera lugar la Presidencia de la República, el equipo neoliberal salinista se apoderó de las lineas editoriales de los grandes medios de comunicación electrónicos y de los impresos de mayor tradición. Ahí iniciaron sus carreras la mayoría de los conductores, comentaristas, columnistas y/o periodistas que se encargaron de popularizar el décalogo del Consenso de Washington y construir una hegemonía ideológica que justificó las mayores atrocidades contra el pueblo de México, como el Fobaproa, la entrega del patrimonio nacional y el abandono de los sistemas de salud y educación públicos. Ante la derrota de los partidos neoliberales en 2018, muchos de esos operadores mediáticos se atrincheraron en el sistema de medios de comunicación y desde ahí critican, un día si y otro también, las decisiones y políticas del gobierno que encabeza el presidente López Obrador.
Desde antes del inicio de la emergencia sanitaria en México, la sociedad se ha visto expuesta a una guerra de opiniones descalificadoras que diariamente emite ese ejército desde los medios formales que se reproducen en las redes sociales mediante legiones de boots’a los cuales se han sumado los dirigentes de los partidos de oposición, que han pasado a jugar el papel de comparsas de los ideologos neoliberales, generando entre todos un fenómeno de desinformación con noticias falsas o distorcionadas que tienden a desacreditar a AMLO y colaboradores, sin consideración alguna con la magnitud de los problemas heredados, y ni siquiera con la magnitud y la seriedad de la pandemia por coronavirus que circula por el mundo. El ejemplo mayor de esa conducta ocurrió la noche del viernes 17 de abril durante el principal noticiero de TV Azteca, cuando el conductor Javier Alatorre dijo lo siguiente: “Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el Covid-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell.”
El comentario del conductor de la empresa televisiva fue irresponsable porque hoy más que nunca se requiere mucha seriedad de los medios para asumir su responsabilidad ética de garantizar la calidad de la información que difunden, porque de lo contrario puede ocasionar daños a la salud o, peor, pérdida de vidas. Todos los medios deben asumir que nos encontramos bajo las directrices temporales del Consejo de Salubridad General ante la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y que Hugo López-Gatell ha sido designado vocero oficial.
El contenido de la nota y la editorialización del conductor violaron de forma pública y notoria el artículo sexto constitucional, que advierte que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que ataque la vida privada, los derechos de terceros (como es la propia vida y la salud) o perturbe el orden público. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el noticiario principal de TV Azteca, utilizando el espectro radioeléctrico, que como sabemos es un recurso de la nación concesionado.
Nadie debe olvidar que en situaciones de emergencia los medios de comunicación son estratégicos para la difusión de las medidas tomadas por la autoridad competente para salvaguardad la vida de las personas, y tampoco que desde una perspectiva profesional tienen la obligación de hacer sus propias investigaciones con profesionalismo. Sin embargo, la pieza informativa de Alatorre careció de rigor periodístico al limitarse a reproducir dichos sin verificar, en este caso, la versión del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que sirvió para confrontar el trabajo del subsecretario López-Gatell. En dicho reporte informativo no hubo indagación periodística ni se desmintieron fehacientemente las cifras federales.
Por encontrarnos en una situación de emergencia, el Instituto Federal de Telecomunicacionas (IFT) debe emitir una resolución extraordinaria sobre las graves implicaciones del llamado de Javier Alatorre a no hacer caso de las recomendaciones del vocero oficial Hugo López-Gatell. Al IFT le corresponde ejercer las facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias previstos en los artículos 256-261 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las sanciones en esa materia están contempladas en el artículo 311 de la misma legislación. Así mismo, el órgano regulador debe revisar la pertinencia de revocar la concesión según el artículo 303.
Además de que la Secretaría de Gobernación debe cumplir sus funciones en esta materia sin contemplación alguna, el cuestionable trabajo informativo de TV Azteca debe ser combatido con periodismo profesional. Corresponde a la sociedad y a los demás medios exhibir el execrable manejo informativo de TV Azteca en momentos de tanta incertidumbre y -como audiencias- retirarle la confianza como fuente de información fiable.
Por último, para que los mensajes y la comunicación gubernamental contribuyan a enfrentar la pandemia en un marco de derechos fundamentales, la Asociación Mexicana para el derecho a la información (Amedi) elaboró un documento muy pertinente, denominado “Emergencia sanitaria: principios para preservar el derecho a la información y enfrentar el coronavirus”, el cual reúne principios y aspectos fundamentales de la comunicación entre la autoridad, los medios y la sociedad, así como entre gobernantes y gobernados en los niveles federal, estatal y municipal. Sería muy útil que lo consideren. ■
